Con total cinismo, el gobierno de los Estados Unidos y su embajada en La Habana intentaron desmarcarse de las causas reales y profundas que llevaron a las protestas populares del pasado domingo en algunos barrios cubanos. «Estados Unidos no está detrás de las protestas y esas acusaciones son absurdas», saldría a decir el vocero del Departamento de Estado, mientras la legación diplomática instaba al gobierno cubano a atender «las necesidades legítimas del pueblo cubano».
Para poco entendidos o cínicos profesionales tal evasiva imperial pudiera sonar bien a sus oídos. El pobrecito imperio no tiene culpa ni de los apagones ni de la falta de alimentos que sufrimos los cubanos.
Pero la realidad siempre es testaruda y los propios hechos se encargan de mostrar la naturaleza perversa de la política imperial. Noticias de esta misma semana dan fe de esa combinación de guerra económica total y subversión bien financiada que practica, sin descanso ni remilgos, Washington contra Cuba.
Como si no fuera suficientemente asfixiante la persecución de las finanzas cubanas, y en clara muestra del carácter global de esa guerra, el gobierno de Estados Unidos impuso hace unos días una multa de 3,7 millones de dólares al banco suizo EFG tras acusarlo de que violó las implacables medidas de Estados Unidos contra Cuba y contra individuos de otras naciones incluidas en la lista negra, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
EFG es un banco privado con alrededor de 165.700 millones de dólares en activos bajo gestión y ofrece una gama de servicios financieros a clientes institucionales e individuos en todo el mundo.
Hace unos meses también se habían impuesto sanciones a la empresa financiera daVinci, con sede en territorio estadounidense, por no cumplir con las sanciones del bloqueo.
Por esos antecentes y otros, y debido a la calificación como Estado que supuestamente patrocina el terrorismo, numerosas compañías y entidades financieras del mundo se rehusaron a operar con Cuba por temor a represalias del gobierno de los Estados Unidos, específicamente del Departamento del Tesoro, denunció el informe que Cuba presentó a la ONU en octubre de 2023 sobre los efectos del bloqueo.
Decenas de bancos suspendieron sus operaciones con el país, incluyendo transferencias para la compra de alimentos, medicamentos, combustibles, materiales, piezas y otros bienes.
Entre marzo de 2022 y febrero de 2023, el número de bancos extranjeros que por diferentes motivos se negó a realizar operaciones con bancos cubanos ascendió a 130 (75 de Europa, 21 de América y 34 del resto del mundo), con 267 operaciones involucradas.
Más plata para planes subversivos, mercenarios y agitadores de redes
El viernes 22 de marzo, la mafia anticubana en la Cámara de Representantes logró introducir en la Resolución que autoriza el financiamiento de 1 200 millones de dólares para sostener las operaciones de algunas áreas del Gobierno estadounidense (los departamentos de Defensa, Seguridad Nacional, Trabajo, Salud y Servicios Humanos, Educación, Estado y el poder legislativo), un monto de más de 50 millones de dólares para las acciones subversivas en Cuba, con énfasis en las campañas de manipulación mediática.
Según una nota de prensa que publicó la oficina del congresista anticubano Mario Díaz-Balart, la normativa contempla 25 millones de dólares para los programas de «promoción de la democracia en Cuba». La suma representa un incremento del 25 % en relación con 2023.
Estos programas van destinados fundamentalmente a desarrollar acciones subversivas contra Cuba y campañas manipuladoras dentro de Estados Unidos y en el resto del mundo. A través del Departamento de Estado, la NED y la USAID, financian generosamente a las organizaciones del lobby anticubano en Florida y otras partes y pagan su mesada a los mercenarios que tienen en Cuba.
Una parte de ese financiamiento se utiliza para mantener la maquinaria mediática anticubana y los agitadores de redes sociales que han ido fomentado en los últimos diez años con el objetivo expreso de impactar, generar narrativas manipuladas y confundir a la opinión pública cubana.
Con ese mismo propósito, la propuesta legislativa aprobada por la Cámara asigna 25 millones para el trabajo de 2024 de la Oficina de Transmisiones a Cuba, encargada de las invisibles Radio y TV Martí. Un incremento notable respecto a los 13 millones que le fueron aprobados en el anterior año fiscal.
Se reserva, además, un monto adicional no especificado al Fondo de Tecnología Abierta para promover tecnologías que fomenten «la libertad en Internet» en Cuba, un país que tiene hoy un por ciento de conectividad superior al de la media mundial, pese a los obstáculos que el propio bloqueo impone a la adquisición de tecnologías que tengan un 10% de componentes estadounidense y al acceso de los informáticos y telecomunicadores cubanos a numerosos programas y aplicaciones .
En ese sentido, la normativa establece que 90 días después de la aprobación definitiva de la ley, el secretario de Estado y el director ejecutivo de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (en consulta con el presidente del Fondo de Tecnología Abierta) deberán presentar a los Comités de Asignaciones los fondos y planes para implementar lo dispuesto con respecto a los programas de desarrollo de tecnologías de Internet.
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