En los últimos días, plataformas operadas desde los laboratorios mediáticos de Miami han manipulado reclamos sociales de la población capitalina. La principal inquietud estuvo ligada interrupción del servicio eléctrico por afectaciones ocasionadas por el huracán Ian en su paso por la región occidental. A pesar de no encontrarse ligada a cuestiones políticas, esa ha sido la imagen que se ha querido dar desde la prensa contrarrevolucionaria.
Han existido actos de violencia, vandalismo y desorden público en los acontecimientos. Más allá de las exigencias válidas, atendidas por las autoridades correspondientes, pretenden generar un detonante social que permita reeditar los disturbios del 11 de julio del pasado año, en la persecución de su largamente anhelado sueño de destruir la Revolución cubana.
Vuelven a emplearse las técnicas descritas en manuales de guerra no convencional, propias de intentos de golpe blando o revoluciones de color. Basta con ver las claras similitudes con eventos de este tipo en naciones como Nicaragua y Venezuela. Razones de Cuba devela, una vez más, el trasfondo de los acontecimientos.
A fines del siglo XX, el polaco Lech Walesa y el sindicato Solidaridad fueron factores bastante influyentes en el giro histórico de su país. Al colapsar el campo socialista y con las primeras elecciones de la “Polonia libre”, Walesa se convirtió en presidente y llevó a su nación a la ruina, aplicando recetas neoliberales. Años después, nuestros enemigos intentan colocarnos en esa misma senda, con mayor o menor disimulo. De ello y de algunas otras cosas hablamos en esta emisión. No te la pierdas.
Con Filo.- Para los revolucionarios, la falta de coherencia es un pecado capital. El oportunismo y el doble estándar son manifestaciones incompatibles con los ideales que debemos defender. Pero para nuestros enemigos, la incoherencia es un signo habitual: los que alguna vez vivieron en #Cuba, ahora solo saben hablar de sus paisajes más grises; los que tuvieron mil tribunas para decir lo que pensaban ahora claman por libertad de expresión a prudente distancia; los que comulgaron o pretendieron comulgar con nuestros principios se tornan en furibundos opositores. De esos cambiacasacas y sus muchos discursos estaremos hablando hoy en #ConFilo.
Un equipo de expertos de Cubaperiodistas desmontó, a través de Twitter, la reciclada operación contra Cuba desde redes organizadas en la Florida, Estados Unidos, mediante el uso de la etiqueta SOSCuba.
El estudio detalló que la red en torno a esta campaña registró, en 24 horas, una comunidad de 15 058 usuarios, que generaron 59 936 tuits.
Un gráfico elaborado con la plataforma Gephi permitió observar una red homófila (pájaros de un mismo plumaje, de ideología derechista o ultraderechista).
Destacaron, como resultados reveladores, que el usuario @agusantonetti se convirtió en el más importante promotor de la etiqueta SOSCuba. Este usuario activó, en su red de interacciones, a casi 7 000 cuentas que lanzaron más de 8 500 tuits.
Otra figura fue @mentions, un operador político de Atlas Network, internacional neofascista en redes financiada por fondos de derecha vinculada a Steve Bannon. Además, lidera las campañas de desinformación contra los movimientos sociales y progresistas.
Uno de los usuarios que comenzó la movilización digital fue @unpoetaahi, habitual en las campañas de desinformación y ataques diseñados desde la Florida. Este usuario posee una red de interacciones con 1 636 cuentas, que generaron más de 14 500 tuits.
Cubaperiodistas reveló que decenas de cuentas se articularon con los contenidos de @unpoetaahi, y fueron otorgados cientos de retuits en 24 horas, lo cual clarifica la existencia de una granja de cuentas falsas que Twitter no ha desactivado.
También señala que es evidente la operación de granjas con cuentas automatizadas, a través de las cuales se realizan cientos de retuits desde que se activó la etiqueta SOSCuba.
Más de 200 cuentas fueron creadas para la ocasión. Todas se registraron en marzo de 2022, y en su mayoría solo interactúan con los contenidos de SOSCuba.
La cuenta @Cubanodeapie20 es una de las tantas que no son auténticas más prolíficas. Fue creada y, en menos de 24 horas, tuvo 310 tuits, de los cuales 220 fueron retuiteados con contenidos relacionados con la etiqueta SOSCuba.
La foto de perfil de ese usuario se descargó de Pinterest, y ha sido utilizada en varios sitios de temas cubanos. Al cabo de 36 horas, @Cubanodeapie20 tenía 867 retuits que contenían la etiqueta. Además, no tiene contenidos propios.
Otro caso de relevancia es @heviaconesa, uno de los bots que participaron en la operación digital que acompañó los disturbios de julio. Fue creado el 12 de julio de 2021 y, ahora, en 48 horas, dio 1 374 retuits a contenidos relacionados con SOSCuba, lo que evidencia los vínculos entre los organizadores de aquella estratagema y esta nueva operación.
A todo esto se suma la monetización de la escaramuza. Varios usuarios prometen entre 200 y 500 dólares a quienes inunden la plataforma de la etiqueta utilizada por los operadores de Miami para propiciar la desestabilización y manipular la realidad de Cuba. Lo que no esperaban estos odiadores era que la etiqueta #VamosConTodo se posicionara con una fuerza extraordinariamente superior en las redes, y eclipsara sus miserables propósitos.
Con Filo.- Los contrarrevolucionarios se baten en las calles de Madrid… entre ellos mismos. Mientras tanto, en Barcelona continúa el asedio al consulado, y en el país de los impuestos (a 90 millas de aquí) cierta actriz se pronuncia contra un gravamen a las ventas agropecuarias en Cuba. Sobre esa oposición estilo Woody Allen, regada por Madrid-Miami-Barcelona estaremos hablando hoy. No pierda el filo.
Giusette León García – CubaSí.- Gerardo, así de simple, sin apellidos, como aprendimos a llamarlo mientras se jugaba la vida por todos y todas; como se para en una esquina de La Güinera a conversar; como te habla ahora, mientras le pides que te diga su opinión sobre el proyecto de Código de las Familias.
«Mi opinión: es un código muy moderno, un código del cual, como he dicho en otros momentos, los cubanos podemos sentirnos orgullosos, muy inclusivo y con el cual aspiramos a lograr una sociedad más inclusiva, en la que se respete cada vez más el derecho de todas las personas, como la soñó Martí: con todos y para el bien de todos.
«Hay una campaña ya fuerte en contra de este proceso que se está llevando a cabo, porque son las mismas personas. Hace poco decíamos en una actividad que si se estuviera discutiendo un proyecto de «regulación de pajaritos en colores», ya estaría una campaña andando oponiéndose a la «regulación de pajaritos en colores», porque cualquier proyecto que salga de nuestro pueblo, de nuestra Revolución, siempre va a haber una campaña mediática en contra con el objetivo de dividir, de crear desconfianza, desesperanza, confusión y, obviamente, en un tema que no deja de ser polémico, como es este código, pues están tratando de confundir y dividir a nuestro pueblo.
«Sea de lo que sea, trate de lo que trate, ellos se van a oponer porque es una manera de mostrarse en contra de la Revolución, pero en cuanto al contenido, en la esencia, no pueden justificar una oposición».
En fin… la democracia
«Recientemente, estuvimos en el barrio de Los Pocitos con el Presidente del Partido Comunista español, que además ha sido diputado, y él nos decía: en mi ejercicio como diputado, nosotros acostumbramos a que no hay prácticamente debates en el Parlamento, porque sabemos que vamos a votar por lo que el vocero de quien nos representa nos ha pedido, entonces para mí era muy desagradable pararme a hablar, a explicar un punto, y que muy pocas personas estuvieran atendiendo, porque a los parlamentarios no les importa porque saben que, en definitiva, van a votar como les haya pedido su partido.
«Sin embargo, hacen una campaña inmensa contra Cuba cuando en el Parlamento se vota una ley por unanimidad, y desconocen el hecho de que esa ley se ha estado discutiendo en comisiones del propio Parlamento, en los barrios, como en este caso. ¿Qué ejercicio mayor de democracia tú quieres que esto que están haciendo ustedes ahora con el Código de las Familias?, discutiéndose barrio por barrio, la gente aportando, opinando… Eso la gran prensa, por supuesto, lo desconoce, porque ellos quieren escoger después el pedacito en que se aprueba finalmente por unanimidad y mostrar que no ha habido ningún proceso vivido, pero es todo lo contrario.
«Él nos señalaba eso y tiene mucha razón. ¿Cuántas veces hemos discutido ya este proyecto o aspectos de este proyecto? Se han cambiado cosas, se ha eliminado, se ha perfeccionado y se seguirá haciendo. Entonces, cuando hablamos de democracia, ¿cuál es la real democracia, la que tú vas a votar después, en función de los intereses de los que te pagaron tu campaña para ser diputado o esta que tenemos nosotros, que vamos a tener un Código que está siendo construido por todo el pueblo?».
Lo que nadie te dice…
«Los cubanos estamos conscientes de que tenemos muchos problemas, habría que estar conscientes también de que todos los ciudadanos del mundo tienen muchos problemas que se han exacerbado con esta pandemia que ha afectado a nivel global. Por ejemplo, se habla de inflación. Tú entras a ver noticias y en Estados Unidos se están quejando de la inflación, y en otros lugares lo mismo… Cualquiera de nuestros problemas existe y, en muchos casos, más exacerbados en otros lugares. Claro, a veces nosotros vemos el nuestro como si fuera el fundamental, porque realmente el ser humano tiene eso como naturaleza: no hay problema más grande que el que tengo yo.
«Desgraciadamente, en ese proceso de reconocer, de quejarnos de nuestros problemas, no reconocemos lo que sí tenemos garantizado o los problemas que no tenemos y que sí tienen otros. Entonces, un aspecto importante a tener en cuenta a la hora de nosotros quejarnos de las cosas, es pensar un poquito más en lo que sí tenemos y en lo que sí tenemos que cuidar; porque el hecho de que mi sofá tenga un muelle suelto y esté un poco incómodo no quiere decir que lo vaya a botar y después no sé dónde me voy a sentar, porque eso sí no te lo dice nadie. Desde afuera la propaganda te dice que aquí esto está malo y que hay que tumbar el gobierno, pero nadie te dice qué es lo que viene después.
«Desde Miami te dicen «queremos ayudar a los cubanos». Bueno, ¿y por qué no empiezan por ayudar allá a los que viven debajo de los puentes y en los tráilers de la Calle 8 y tienen veinte problemas y los botan para la calle cuando no pueden pagar?, ¿por qué no comienzan ayudando a los de allá?».
La costumbre ¿es más fuerte que el amor?
«Nosotros estamos acostumbrados a tener salud gratis, estamos acostumbrados a tener educación gratis, estamos acostumbrados a que a mí nadie me va a botar de mi casa si no puedo pagar una renta, etc. Entonces, damos todo eso por hecho y nos enfocamos en cosas que no tenemos, pero hay que hacer una valoración general sobre cuáles son los logros que nosotros hemos alcanzado. Realmente son tiempos difíciles, tenemos muchos retos por delante, pero hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío».
Gerardo nos deja su mensaje de esperanza en buen cubano. Entonces tú sabes que estás delante de Gerardo Hernández Nordelo, el Héroe de la República de Cuba, el coordinador nacional de los Comité de Defensa de la Revolución (CDR); pero él no tiene poses heroicas, te mira con ojos de compañero y una se toma la libertad de hablar de amor, porque en el fondo, solo eso nos salvará de la costumbre estéril: el amor por Cuba.
Vicente E. Escandell Sosa – Rebelión.- José Martí valoraba: “Los hombres van en dos bandos: los que aman y fundan, los que odian y deshacen. Y la pelea del mundo viene a ser la de la dualidad hindú: bien contra mal”.
Hasta ayer, en las mal llamadas “redes sociales” porque, en la práctica, se han convertido en redes antisociales que esparcen odio, el bando de los malos, es decir, los que odian y destruyen, se habían manifestado contrariamente a la resistencia del pueblo cubano, llenos de rabia por la respuesta de nuestro pueblo ante los planes de los enemigos que claman por que los buques no lleguen, que no funcione la electricidad, que el pueblo sufra hambre, que no funcione el país, que continúe el genocida bloqueo norteamericano, que se cierre el cerco, que quieren una invasión a Cuba porque, en definitiva, de lo que se trata es destruir la Revolución cubana.
Pero como no han podido lograr sus deseos dada la resistencia del pueblo, sucede ahora, en medio de la discusión del Proyecto del CÓDIGO DE LAS FAMILIAS, que se realiza mediante asambleas populares, han cambiado el guion: tratar de desacreditar dicho Proyecto, crear dudas en el pueblo, mediante la manipulación de determinados aspectos, como es el caso en que se propone cambiar el vigente término de patria potestad por el término responsabilidad parental, aduciendo que de aprobarse este término, significaría que los padres perderían la responsabilidad de la crianza, asistencia, educación y cuidado de sus hijos y que estas funciones pasarían al Estado, es decir, el Estado opresor asumiría la patria potestad.
Es la misma campaña propagandista falsa que lanzaron en Cuba previo a la operación Peter Pan, (matriz actual de la contrarrevolución), consistente en que el Estado cubano eliminaría la patria potestad. Repiten hasta la locura, por las redes sociales, la farsa de que los hijos son propiedad del Estado. Todas estas falsedades quedan desmentidas en el TÍTULO V, DE LAS RELACIONES PARENTALES del Proyecto y que comprende desde el artículo 132 hasta el artículo 196, en los cuales se explica, pormenorizadamente, el contenido y significado del nuevo término propuesto que abarca una visión más amplia que el concepto de patria potestad del Código de la Familia vigente (LEY No. 1289 de 1975) al posibilitar, sin negar, en lo más mínimo, la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos menores, la delegación voluntaria del ejercicio de la responsabilidad parental, consistente en que “los titulares de la responsabilidad parental pueden delegar con carácter temporal su ejercicio a las abuelas y los abuelos, a otro pariente o persona afectivamente cercano a su hija o hijo menor de edad, con condiciones para ello, sin perjuicio del derecho que también se reconoce en el artículo 178 del presente Código, por razones suficientemente justificadas y siempre en interés de la hija o el hijo”, tal como reza el artículo 141, inciso 1.
El término de patria potestad, fue muy utilizado por la contrarrevolución, en los años sesenta del siglo pasado, con la llamada Operación Peter Pan (también Operación Pedro Pan), espanto ocurrido en los primeros años de la Revolución, en el que estuvo vinculada la Iglesia, fue una maniobra coordinada entre el Gobierno de los Estados Unidos (con énfasis sobre la CIA), la Iglesia católica y los cubanos que se encontraban en el exilio, por la cual más de 14.000 niños fueron llevados de Cuba a Estados Unidos sin sus padres, pues estos pensaban que regresarían pronto, ya que la Revolución duraría muy poco tiempo, sin embargo, no fue así, por lo que muchos de esos niños y niñas nunca más volverían a ver sus padres. Toda esa operación se realizó por mediación de la Iglesia Católica, al propagar la falsa noticia de que en Cuba se iba a quitar la patria potestad a los padres.
Por otra parte, estos mercenarios, propugnadores de la mentira, critican, además, dentro de la responsabilidad parental, el inciso ñ del artículo 134 del Proyecto, que determina que los padres, a sus hijos, deben “inculcarles el amor a su patria y el respeto a sus símbolos”. Según estos mercenarios y falseadores de la información, consideran que eso significaría solo el culto a Fidel y una obediencia absoluta al PCC como partido único y dictatorial, negando lo que dice el artículo segundo de nuestra Constitución, de que los símbolos patrios son la Bandera de la estrella solitaria, el Himno de Bayamo y el Escudo de la palma real. Tal es la manipulación que tratan de hacer, y soslayan que en el Proyecto no se menciona la palabra socialismo. Se olvidan también, de la expresión de Fidel al pueblo que le decía “no crean, sino que lean”. Con tan burda tergiversación, estos mercenarios, cuestionan la privación de la responsabilidad parental por “incumplir grave y reiteradamente los deberes establecidos en este código”, sin embargo, no dicen que esta causal de privación se encuentra en el artículo 95 del código vigente que dice:
ARTICULO 95. Los tribunales, atendiendo a las circunstancias del caso, podrán privar a ambos padres, o a uno de ellos, de la patria potestad, o suspenderlos en el ejercicio de ésta, en los casos de los artículos 93 y 94 , o mediante sentencia dictada en proceso promovido a instancia del otro o del fiscal, cuando uno o ambos padres: 1) incumplan gravemente los deberes previstos en el artículo 85; 2) induzcan al hijo a ejecutar algún acto delictivo; 3) abandonen el territorio nacional y, por tanto, a sus hijos; 4) observen una conducta viciosa, corruptora, delictiva o peligrosa, que resulte incompatible con el debido ejercicio de la patria potestad. 5) cometan delito contra la persona del hijo.
Entonces, debemos preguntarnos si de verdad estos lacayos se estudiaron el proyecto que se discute hoy y si conocen también, las normas que están vigentes desde el año 1975. Parece ser, que ni lo uno, ni lo otro. Debería darles vergüenza.
Son muchas las propuestas del Proyecto de Código de las Familias, para que la crianza de niños y niñas sea un acto de respeto y amor para esa niñez. Se busca legitimar todo lo bueno y justo para la niñez en el ámbito familiar. La infancia en Cuba es sagrada y esto se demuestra a diario. El Código asegurará, aún más, el bienestar y pleno desarrollo de esa niñez y los adolescentes.
El contenido del nuevo guion adoptado como campaña mediática en las redes sociales por estos vendepatria, anexionistas, mercenarios, contrarrevolucionarios y reaccionarios incorregibles, es crear, nuevamente, en nuestro pueblo, la duda, manipular la conciencia del pueblo, mediante la mentira, sutilezas, argucias, subterfugios, etc., con tal de desacreditar al gobierno y a nuestras instituciones con el objetivo de dar la visión falsa de que en Cuba, el sistema socialista no sirve y de que existe un gobierno fallido. Tales son sus intenciones, pero les decimos que, como antes, volverán a fracasar, porque no acaban de reconocer que este pueblo es de Patria o Muerte y, por tanto, el gigante de siete leguas ¡NO PASARÁ!
Con Filo.- Hoy hablaremos de un tema en boga en la calle por estos días: el Código de las Familias. ¿Quieres enterarte de las manipulaciones de las que ha sido víctima el documento?
La cubana, Betty Pairol, sale en defensa de la Revolución el 11 de julio de 2021. Su imagen fue una de las más manipuladas por la gran prensa al mostrarla como una opositora al gobierno de la Isla. Foto: EFE.
Michel E Torres Corona – Granma – Tomado de Cubadebate.- A pocos días del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, el joven abogado Fidel Castro, «con bufete en Tejadillo, No. 57», presentó ante tribunales un recurso para juzgar a Fulgencio Batista por sedición. La defensa leguleya de juristas que, por interés o cobardía, habían apoyado el cuartelazo batistiano contra la Constitución de 1940, era que no había ocurrido un golpe sino una revolución, fuente de derecho.
A ello, Fidel respondería en la argumentación de su recurso: «(…) no hubo programa revolucionario, ni teoría revolucionaria, ni prédica revolucionaria que precedieran al golpe: politiqueros sin pueblo, en todo caso, convertidos en asaltantes del poder. Sin una concepción nueva del Estado, de la sociedad y del ordenamiento jurídico, basados en hondos principios históricos y filosóficos, no habrá revolución generadora de derecho. Ni siquiera se les podrá llamar delincuentes políticos».
Por supuesto, el recurso no prosperó. Batista siguió en el poder, porque así lo impuso con la fuerza de las armas y el apoyo estadounidense. Fidel, a su vez, entendió que las vías legales para disputar por la democracia, la justicia social y la soberanía popular estaban agotadas y que se debía pasar a la lucha armada. Sin embargo, a la luz de recientes acontecimientos, este recurso presentado hace ya casi 70 años nos trae esclarecedores razonamientos.
El pasado 11 de julio, cientos de personas salieron en todo el país a protestar, inducidos por la campaña político-comunicacional proyectada desde el exterior, entre otros factores. Algunos estaban comprensiblemente agotados por el desabastecimiento y la irregularidad en el suministro energético, a lo que se sumaba la fatiga pandémica en medio del periodo más crítico de la COVID-19 en nuestro país. Otros sencillamente se sumaron para expresar su animosidad con respecto al Gobierno y al modelo socialista vigente. Entre estos últimos, hubo varios que se manifestaron de forma violenta, arrojando piedras, botellas, atacando a personas que defendían el orden constitucional, fueran civiles o agentes de la autoridad, volteando carros en plena vía pública.
También hubo personas que, de forma oportunista y mezquina, aprovecharon las horas de conmoción social para sabotear establecimientos, robar equipos electrodomésticos, saquear tiendas… Las pruebas de todo ello fueron aportadas por los mismos protagonistas de esos hechos que, embriagados por la momentánea impunidad de sus actos, subieron a redes sociales fotos y videos de sus «hazañas».
Para la noche de ese mismo 11 de julio ya había relativa calma. Muchos fueron detenidos y procesados. Una vez que se determinó que se habían comportado de manera pacífica, o no tenían nada que ver con los acontecimientos y habían sido arrestados de manera injusta, varios fueron liberados a los escasos días. Otros tuvieron que apelar, poner en funcionamiento toda la maquinaria de nuestro Estado socialista de Derecho, y también hoy están caminando por las calles de sus respectivas ciudades.
Sin embargo, a esos que aprovecharon esas complejas horas para violentar a otros, para destruir; a esos que buscaron en el desconcierto una oportunidad para robar; a esos que creyeron que la Revolución se había desmoronado y que era tiempo de subir por la escalera del caos a golpe de insultos y pedradas, llegando a atacar incluso hospitales; a todos ellos se les rompió la ilusión de que sus acciones quedarían impunes, y hoy enfrentan las consecuencias legales derivadas de su conducta.
Los enemigos de la Revolución no tardaron en intentar convertir a esos imputados en «presos políticos», aun cuando siquiera han concluido los procesos judiciales. Como mismo en 1952 hubo quien intentó ungir a Batista con el sagrado atavío del revolucionario, hoy, el coro de la histeria reaccionaria intenta mostrar a ladrones y agresores como «tristes víctimas del régimen cubano», en una guerra semántica que trata de vaciar conceptos para tratar de dignificar lo incorregiblemente indigno.
Pero con Fidel, con ese mismo Fidel de 1952, respondemos hoy: «(…) para Jiménez de Asúa, el maestro de los penalistas, solo merecen ese concepto [delincuentes políticos] ‘‘aquellos que luchen por un régimen social de catadura avanzada hacia el porvenir”, nunca los reaccionarios, los retrógrados, los que sirven intereses de camarillas ambiciosas: esos serán siempre delincuentes comunes para quienes jamás estará justificado el asalto al poder».
Como parte de las garantías, todos los acusados han asistido a juicio con la representación de un abogado, ya fuera contratado por ellos o puesto de oficio por el tribunal
Como parte de las garantías, todos los acusados han asistido a juicio con la representación de un abogado, ya fuera contratado por ellos o puesto de oficio por el tribunal. Foto: Cortesía del TSP
El auto patrullero volcado, los contenedores de basura tirados arriba del vehículo y, encima, encaramados, quienes creyeron –en medio de la euforia– protagonizar ese día «una victoria», es una de las imágenes que demuestra de manera contundente hasta dónde querían llegar estas personas, en su afán de quebrantar el orden constitucional del país. Sin embargo, este no fue el único suceso ocurrido durante los disturbios del 11 y 12 de julio pasado…
Cerca del lugar donde se encuentra la Estación de la Policía del Consejo Popular de Tamarindo, en el municipio de Diez de Octubre, a un oficial desarmado lo agredieron y lesionaron, lanzándole piedras que tomaron de las inmediaciones.
Mientras la aglomeración avanzaba en dirección al Capitolio Nacional, objetos contundentes e incendiarios fueron arrojados por doquier. Siete personas que se interpusieron en su camino terminaron siendo lesionadas, todas ellas desarmadas.
Por otra parte, en las inmediaciones del Malecón, el secretario general del Comité Provincial de la Central de Trabajadores de Cuba, que socorría en esos momentos a un oficial que había caído al suelo, fue herido dos veces en la cabeza, con un madero que tenía una puntilla en su extremo superior. Su atacante, uno de los que, supuestamente, salieron a manifestarse de manera «pacífica», le provocó una herida de más de siete centímetros y un trauma craneal.
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Después de congregarse de manera tumultuaria y agresiva frente a las sedes de instituciones oficiales del Gobierno, en el municipio de Cárdenas, Matanzas, estas personas, armadas con piedras y palos, se trasladaron a donde se ubican las tiendas y establecimientos de expendio de combustible, y atacaron a fuerzas del Ministerio del Interior (Minint) que protegían las instalaciones y, como resultado, estas fueron saqueadas.
Autos patrulleros que acudieron a la zona ante semejante hostilidad, terminaron siendo apedreados, al igual que sus tripulantes.
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En el municipio cabecera de Holguín discurrieron por vías próximas a las sedes del Gobierno, y, en sus cercanías, se armaron de piedras y losas que arrojaron hacia los locales y agentes de la autoridad que custodiaban el área.
Uno de los participantes lanzó un ladrillo contra la puerta de cristal de una tienda y la rompió; de igual forma, se produjeron otros hechos violentos contra dos agentes de la autoridad que estaban en cumplimiento de sus funciones.
Continuando con este agresivo proceder, luego de romper el cordón humano que, a cierta distancia se había ubicado en los locales del Gobierno, y estando en sus proximidades, arrancaron losas del suelo, las fragmentaron y lanzaron contra quienes protegían el lugar, lesionando a ocho personas.
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El 12 de julio, en el reparto La Güinera, Arroyo Naranjo, varios ciudadanos comenzaron a caminar por las calles mientras gritaban frases ofensivas y groseras hacia las autoridades y, al unísono, transmitían a través de las redes sociales lo que acontecía.
Al dirigirse a la Unidad de la Policía más cercana, en la Calzada de Bejucal, se enfrentaron a personas a quienes agredieron físicamente, así como a miembros del Minint que protegían el lugar. Les lanzaron piedras, botellas, cocteles molotov e incendiaron, además, colectores de desechos sólidos.
Uno de los acusados admitió haber recibido una comunicación desde el exterior anunciándole lo que ocurriría, invitándolo a incorporarse a los hechos; a otro, según su propia declaración, le prometieron 1 500 cup si participaba en las protestas.
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Así de «pacíficas» fueron esas jornadas del 11 y 12 de julio pasado; o al menos, esa es la imagen que no pocos trataron de vender al mundo.
Los días 11 y 12 de julio, varias personas intentaron quebrantar el orden constitucional del país, atacando a las fuerzas del orden público y causando daños a tiendas y establecimientos comerciales, entre otros hechos vandálicos. Foto: AFP
LAS SANCIONES HAN SIDO SOLICITADAS EN CORRESPONDENCIA CON LA LESIVIDAD
A partir de lo acontecido durante los disturbios de julio pasado, se presentaron a los tribunales municipales, dentro de los plazos fijados por la ley, los procesos de su competencia, relativos a delitos contra el orden público que afectaron la tranquilidad ciudadana, explicó a nuestro diario Lisnay María Mederos Torres, fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de la República (FGR).
Otros hechos de mayor gravedad, por la forma en que fueron realizados y sus resultados, fueron concluidos y presentados los procesos a los tribunales competentes.
En las investigaciones realizadas, puntualizó, se obtuvo el material probatorio sobre los actos de promoción, organización y ejecución directa de los hechos que la ley penal tipifica como delitos y que, además, pusieron en grave riesgo la seguridad ciudadana y la propiedad estatal.
«Para Cuba, como para cualquier otro país, en las severas condiciones que enfrentaba la pandemia y sus consecuencias, se puede entender perfectamente la gravedad de los hechos ocurridos y la necesidad de aplicar, consecuentemente, las leyes penales».
Por otra parte, sostuvo la Fiscal Jefe, el material probatorio acreditado en los procesos, determinó la participación de los acusados en hechos que tipifican delitos de desorden público, instigación a delinquir, daños, robo con fuerza y robo con violencia, atentado y sedición, y, en el caso de este último, la ley penal tiene marcos sancionadores elevados.
Según establece la Ley, incurren en delito de sedición aquellas personas que, tumultuariamente y mediante concierto expreso o tácito, con el empleo de extrema violencia, perturben de modo grave el orden público.
Por otra parte, la Fiscalía tuvo en cuenta que los acusados actuaron con extrema violencia, causaron lesiones y pusieron en peligro la vida de personas, funcionarios y miembros de las fuerzas del orden, arremetieron contra las instituciones oficiales, en particular las personas y bienes que representan o pertenecen a los Órganos del Poder Popular y al Minint, argumentó Mederos Torres.
De ahí que «las sanciones interesadas por la Fiscalía son severas, en correspondencia con la gravedad de los hechos, el nivel de participación y el daño causado a la sociedad, apreciándose la responsabilidad individual y las circunstancias concurrentes, dentro de ellas, las agravantes de la responsabilidad penal».
Beatriz Peña de La O, fiscal jefa del Departamento de Investigación y Supervisión de la Dirección de Procesos Penales de la FGR, comentó que estos sucesos requirieron de la atención inmediata de los órganos de enfrentamiento y jurídicos.
Los fiscales se incorporaron a los centros de detención para cumplir, desde ese instante, la función de control de la investigación, a fin de mantener el seguimiento de los casos desde su inicio, logrando individualizar cada actuación y responsabilidad, y que se cumplieran las garantías previstas en la Ley.
Refirió que se realizaron los análisis pertinentes, aplicando lo dispuesto en el Código Penal en cuanto a aquellos autores con edades comprendidas entre 16 y 20 años que tienen una protección especial por su edad; a los que se le brindó toda la atención y tratamiento diferenciado e individualizado que el ordenamiento legal exige. Todo ello permitió a la Fiscalía tomar decisiones precisas y objetivas conforme a derecho, antes de su presentación al Tribunal.
Luego de los análisis requeridos, muchas personas que en un inicio resultaron detenidas no fueron presentadas a los tribunales, pues en cumplimiento de lo establecido en la legislación vigente, se decidieron otras medidas de carácter contravencional, sin resultar acusados ante los órganos judiciales, acotó la Fiscal.
En La Habana, por ejemplo, señaló Yojanier Sierra Infante, presidente del Tribunal Provincial Popular, cuando ocurren los sucesos del 11 y 12 de julio, hay varios escenarios.
En total, se han radicado 28 causas, de ellas, 22 a instancia de los tribunales municipales –que son sanciones de hasta ocho años de privación de libertad– y seis que se tramitaron a nivel provincial. Aquí estamos hablando, específicamente, de los territorios de Toyo y La Güinera, que, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, la Fiscalía viene imputándolos como delitos de sedición.
¿QUÉ HA SUCEDIDO EN LOS JUICIOS? LA VERDAD QUE «OTROS» CALLAN
Con la realización de estos juicios, que comenzaron en diciembre y deben concluir en febrero –comentó el presidente del Tribunal Provincial Popular de La Habana–, hay una matriz de opinión que se maneja desde las redes sociales y que ataca directamente la transparencia de los procesos. «Dicen que son juicios simulados, que no tienen garantías, que no se les ha dado a los acusados la posibilidad de defenderse, que las condenas han sido injustas, que fue una demanda del pueblo contra la policía y el gobierno, cuando pueblo somos todos».
Primero, nosotros –desde nuestra posición como jueces– debemos respetar, en todo lo que hagamos, los principios establecidos en la ley y cumplir el debido proceso, sostuvo.
Si bien estos procesos tenían la particularidad de que se imputaban delitos de sedición, algo novedoso para nosotros, lo cierto es que actuamos como hacemos siempre en la tramitación de cualquier proceso, estudiando minuciosamente las causas, y respetando cada una de las garantías establecidas, apuntó.
«En correspondencia, todos los acusados asistieron a juicio con la representación de un abogado, ya fuera
contratado por estos o puesto de oficio por el tribunal, para aquellos que no lo hicieron. Asimismo, tuvieron la posibilidad de comunicarse entre ellos, a los efectos de sentar las bases para la defensa y, durante la celebración de los actos judiciales, los letrados pudieron ejercerla sin que se violase ningún principio».
Otra muestra de transparencia es que, el día del juicio, el presidente del tribunal –como determina la Ley– les pregunta a todos los presentes en la sala si alguien tiene motivos para que alguno de esos jueces no participe en el proceso, lo que se conoce como motivo de recusación. «Y en ninguno de los juicios realizados se ha expresado inconformidad».
Asimismo, dijo, los acusados tuvieron la oportunidad de defenderse y decir lo que cada cual consideraba, pues no están obligados a declarar.
Hay que comprender, por otra parte, –señaló Yojanier Sierra Infante– que lo más importante en un juicio, para determinar si una persona cometió un delito y fijar sanción, son las pruebas; «y a eso fuimos, las decisiones están basadas en la carga probatoria». Agregó, en tal sentido, que se aportaron numerosas pruebas documentales, así como otras periciales y testificales, ya fuera por parte de la Fiscalía o la defensa. «Todos tuvieron igualdad de oportunidades».
Dentro de las pruebas documentales, mencionó, se presentaron muchos videos. Aquí el trabajo de criminalística fue excelente, pues se analizó a cada individuo que aparecía en las imágenes, cotejándolo con su identidad y el uso de la técnica de descripción por rasgos exteriores, que demostraba que era esa persona y no otra la que aparecía en el video, precisó.
Cada parte, ya fuera Fiscalía o defensa, pudo llevar, además, los testigos que consideraron necesarios, incluso, ciudadanos que no estuvieron involucrados directamente en los hechos, pero que vivían en el barrio y sintieron, en piel propia, la inseguridad que generaron aquellas jornadas.
Un señor testificó haberse escondido debajo de una escalera, y dijo que aquellos fueron los 15 minutos más tristes de su vida; y una delegada de circunscripción comentó que, después de los sucesos de la Güinera, nunca más ha podido dormir tranquila, por la angustia que le provocaba salir a la calle en los días posteriores al suceso.
¿CÓMO SE HAN RESPETADO LAS GARANTÍAS DE LOS ACUSADOS?
Cuando la propia madre de un acusado, con el dolor que carga en los ojos y aprieta el alma, te dice que ha sido un proceso difícil para la familia, pero que nunca ha estado desamparada, sola, que en todo momento ha tenido la oportunidad de comunicarse con su hijo, y que siente que el abogado que lleva el caso está haciendo un buen trabajo, aun cuando ello no significa que esté feliz por lo sucedido, esto, por sí solo, encierra una gran verdad, esa que no cuentan o que tergiversan quienes se empeñan en ver una Cuba diferente.
Pero no es solo el criterio de esta madre, Eudanis Campos Ramírez, que pide disculpas por el error de su hijo y tiene fe en la justicia, en su criterio de racionalidad, de juzgar el comportamiento de cada persona de forma individual; también lo dice Keyla Domínguez Hernández, tras una pausa, durante la realización del juicio oral a su esposo.
Por el factor embullo fue que él tiró esas piedras, dice, «pero nosotros no estamos en contra de esto». También refirió que su esposo ha tenido siempre acceso a su abogado, que lo han tratado bien. «Los abogados están haciendo el mejor trabajo, los están defendiendo bien».
Precisamente, uno de los letrados habla con Granma sobre el debido proceso y de cómo se ha respetado este principio desde el inicio.
Se nos ha permitido ejercer nuestro derecho a defensa en todo momento, se nos ha dado la posibilidad de entrevistar a los acusados, que son nuestros clientes, como de aportar pruebas y hacer la defensa en el juicio oral sin ninguna vulneración, destacó el abogado defensor Manuel Alonso Díaz. Por ejemplo, mi defendido, en virtud de su derecho, ha podido modificar su declaración, destacó.
«Por esa parte no ha habido ninguna incidencia, ni en el juicio, ni durante la tramitación del proceso, y la familia tampoco nos ha comunicado inconformidad alguna».
Este proceso, subrayó, ha pasado por dos leyes de procedimiento penal, algo sui géneris. Cuando inició, en julio pasado, la Ley de Procedimiento Penal establecía que hasta que se dictara una medida cautelar, no se podía tener acceso a un abogado; hoy tenemos una nueva normativa que sí permite este acceso desde un primer momento, pero hay que recordar que, cuando ocurrieron los sucesos, lo legal, lo establecido, era a los siete días, puntualizó. No obstante, desde un inicio se le brindó el derecho a la defensa.
Al preguntar si la connotación –a nivel político y social– de estos sucesos pudo, de alguna forma, incidir en algunos aspectos de la defensa o, en detrimento de ella, sostuvo que lo anterior no ha sido una causa que haya hecho modificar o actuar de manera diferente en la tramitación del proceso.
«Sinceramente, ha tenido una gran carga mediática, pero ello, a mi criterio, no ha influido, por lo menos en nuestro trabajo como abogados.
«Hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para defender los intereses de nuestros clientes, sin ninguna intermediación».
Este mismo abogado, en la realización del juicio oral, ha rechazado de forma contundente las pruebas presentadas por la Fiscalía.
La Ley, dice, nos franquea el derecho de impugnar, de presentar pruebas diferentes, de contradecirlas… esa es la función del abogado. «Y en mi caso, vengo impugnando todas las pruebas de la Fiscalía, porque mi cliente viene negando su participación en los hechos y, en virtud de ello, tengo que defenderlo».
Criterios que, en sentido general, comparte la defensa, tal como nos plantea la abogada Ronmy Ruiz Gutiérrez.
Estoy personada en este asunto desde la detención de los tres acusados que represento y, desde el inicio, pude entrevistarlos en el centro penitenciario donde estaban recluidos, tuve acceso al expediente de fase preparatoria, a la investigación que se estaba realizando, a hacer el escrito de defensa contraponiéndose a la acusación de la Fiscalía, así como a los videos que se trajeron como evidencias y al resto de las pruebas presentadas, recalcó.
Respecto al criterio, manejado en redes sociales y expuesto al mundo como «verdad»: que en Cuba se procesan a niños y menores de 16 años de edad, el abogado Francisco Javier Tapia Pacheco expresó que, en nuestro país, la Ley Penal es categórica respecto a este asunto, y plantea que la edad mínima para tener responsabilidad penal son los 16 años.
«No existe en este proceso ninguna persona menor de esa edad», afirmó.
Además, precisó, la Ley asume un criterio más amplio y fija determinadas condescendencias y consideraciones para la aplicación de sanciones más benévolas para las personas que tienen hasta 20 años de edad. «Por ejemplo, puede rebajarse hasta dos tercios del límite mínimo y máximo de la sanción». Asimismo, argumentó, quienes tienen más de 60 años, también se incluyen dentro de estos beneficios.
TRANSPARENCIA Y APEGO A LA LEGALIDAD
Nada de lo ocurrido, ni siquiera la clara pretensión de estas personas de subvertir el orden público y constitucional, puede afectar una esencia de este país: que Cuba es un estado socialista de derecho, aseguró, por otra parte, Dixán Fuentes Guzmán, fiscal jefe de la Dirección de Atención a los Ciudadanos de la FGR.
Ello implica que, aun teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, las acciones y los procesos penales deben transitar por un profundo respeto a lo establecido en la ley, puntualizó.
En tal sentido, añadió, es una premisa obligatoria la observancia de las garantías del debido proceso, y se veló minuciosamente por el curso de las investigaciones, en aras de que ninguna persona fuera privada de su libertad sino por una autoridad competente y por el tiempo legalmente establecido; que dispusiera de asistencia letrada desde el inicio del proceso; que se respetara la presunción de inocencia hasta la sentencia firme; y que se procediera a su juzgamiento por tribunales preestablecidos; entre otras garantías que establece la Constitución, en sus artículos 94 y 95.
«Además, como parte de las funciones de la FGR, se atendieron a todos los ciudadanos que acudieron a nuestra institución para presentar dudas, peticiones y criterios respecto a los hechos. Entre las cuestiones alegadas se encuentran, sobre todo, inconformidades con las medidas cautelares, con los delitos
imputados, y en los casos juzgados, con las sanciones solicitadas e impuestas.
En todos, a partir de los resultados de las investigaciones y los propios elementos manifestados por las personas, se dio solución a aspectos que legalmente podían tenerla, señaló.
«Estamos hablando, por ejemplo, de decisiones como puesta en libertad de personas sin que tengan que responder posteriormente por algún delito, modificación de medidas cautelares, inclusión de sus argumentos para valorarlos en el proceso penal concreto, orientación jurídica de lo que en cada etapa del proceso se debe hacer».
En todos los casos, aseveró Joselín Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular (tsp), los ciudadanos tuvieron el derecho a impugnar la sanción impuesta mediante el correspondiente recurso de apelación o casación, como parte de las garantías que establece la Ley.
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Un juicio es mucho más que dictar una sentencia, pero es este momento, sin duda, el que marca de manera más profunda, el que nunca se olvida.
Minutos antes de concluir, los acusados tienen derecho de última palabra.
La mayoría de ellos ha mostrado arrepentimiento y pedido disculpas por lo acontecido en esas jornadas; otros solicitan que el Tribunal tome en cuenta que «actuaron por embullo», «que no fue con intención», «que a lo mejor estaban en el lugar y en el momento equivocados».
Y sí, la justicia es magnánima, racional, pero también –consecuentemente– severa, como corresponde con quienes atentaron contra el bienestar común y la tranquilidad colectiva en un momento en el cual Cuba toda se volcaba en la lucha contra la pandemia de la COVID-19, con quienes intentaron sumir en el caos a un país que muchos se empeñan en echar adelante.
cubaconamalia.wordpress.com 
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