Al rechazo de este país se sumó el de Cuba, contra la extensión de la Orden Ejecutiva 13962, de marzo de 2015, del Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.), firmada por Barack Obama, y año tras año renovada, primero por Donald Trump, y ahora por Joe Biden.
Sin fundamento legal, EE. UU. declaró a la nación sudamericana una amenaza para su seguridad nacional, mediante el citado decreto, el cual esgrime como excusa para justificar las «injustas disposiciones –calificadas así en su cuenta de Twitter por el canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla–, para fomentar un cambio de régimen en Venezuela».
La Cancillería venezolana, por su parte, dijo que la referida disposición es un pretexto de la Casa Blanca para sostener las medidas coercitivas unilaterales aplicadas contra la nación sudamericana, y que constituyen crímenes de lesa humanidad, en tanto vulneran los derechos humanos de un pueblo.
Un comunicado del ente venezolano sostiene que «después de tanto tiempo empleando dicho instrumento para perpetrar múltiples violaciones del derecho internacional por parte del Gobierno estadounidense y sus aliados, el pueblo de Venezuela reafirma su espíritu de lucha y resistencia, y su firme e irrenunciable convicción de defender su soberanía».
El mensaje de apoyo, emitido luego en su cuenta de Twitter, por el Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, reafirma la voluntad y posición del Gobierno y pueblo de nuestro país, al lado de los hermanos bolivarianos en la exigencia de poner fin a la hostilidad estadounidense, contra la cual Venezuela continuará defendiéndose con métodos pacíficos y con apego a los principios de la diplomacia internacional, según reiteró la Cancillería de la nación sudamericana.
Con Filo.- No extraña que los “líderes de la transición democrática” en Cuba se pasen la vida disputándose fondos los unos a los otros, recriminándose y acusándose de ser agentes de la seguridad cubana, ofendiéndose de mil maneras, de orilla a orilla. Sobre la contrarrevolución cubana, esa que vive en el piso, y sobre sus «cuadros», estaremos hablando hoy en Con Filo.
En 1983, el presidente republicano Ronald Reagan dio origen a la Fundación Nacional para la Democracia, conocida por su sigla en inglés NED (National Endowment for Democracy). Desde sus inicios, este organismo, junto a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid), ha funcionado como uno de los brazos económicos de la política injerencista del Gobierno de Estados Unidos, financiando organizaciones no gubernamentales (ONG) y fundaciones, que se disfrazan con nombres de valores muy loables como democracia o libertad, pero que persiguen el cambio de los gobiernos que no se subordinen a las políticas de Washington.
Esas políticas injerencistas se han desarrollado en muchos países del mundo, en especial en aquellos que se encuentran en lo que Estados Unidos considera su patio trasero: América Latina y el Caribe.
Según se detalla en la propia web de la NED, en 2020, el programa LAC de la National Endowment for Democracy brindó un apoyo fundamental para promover supuestamente la democracia en los países bajo lo que ellos consideran los regímenes más autoritarios: Cuba, Nicaragua y Venezuela. En su opinión, dos países en transición, Ecuador y Bolivia, ofrecieron importantes oportunidades para revertir la anterior legislación «autoritaria» sobre libertad de expresión e independencia judicial, y para fomentar la participación ciudadana en los procesos electorales.
Reportan que ampliaron lo que ellos consideran los programas anticorrupción, de medios digitales y de derechos humanos, así como la NED reafirmó compromisos con los países más grandes de la región: Brasil y México, que para ellos actualmente enfrentan las amenazas de gobiernos populistas de derecha e izquierda, respectivamente.
Como se puede apreciar, desde el organismo se tilda de «regímenes más autoritarios» a los de Cuba, Nicaragua y Venezuela, países que fueron abiertamente agredidos a través de la red de fundaciones y de ONG que tiene esta entidad, y difamados desde los medios de comunicación que también son financiados a través de estas organizaciones o de otras similares.
En la web de la NED también se informa que, el 30 de noviembre de 2018, se realizó un encuentro en el que participaron el senador demócrata, Robert «Bob» Menéndez, y la integrante republicana de la Cámara de Representantes, Ileana Ros-Lehtinen, dos reconocidos activistas contra los procesos populares de la región y con vínculos con los sectores más reaccionarios de la emigración cubana radicada en Miami.
Junto a ellos, estuvieron en esa actividad el presidente de la NED, Carl Gershman, y el administrador de la Usaid, Emb. Mark Green, con el objetivo de promover supuestos líderes en Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Gershman aprovechó la oportunidad para agradecer a la congresista Ros-Lehtinen su inquebrantable apoyo al trabajo de los activistas «democráticos» de todo el mundo, y le entregó una impresión enmarcada de la Diosa de la Democracia, construida en la Plaza de Tiananmén en China, hace casi 30 años.
Más tarde, la directora sénior de la NED para América Latina y el Caribe, Miriam Kornblith, participó en un panel con activistas de Venezuela y Cuba. Luego se agrega que «este evento reunió a agencias de desarrollo y a legisladores de EE. UU. con “líderes democráticos” de Cuba, Nicaragua y Venezuela».
CUBA EN LA MIRA
Desde el triunfo de la Revolución Cubana, en 1959, Estados Unidos ha buscado por todas las vías forzar un cambio de gobierno en la Isla. El criminal bloqueo económico, comercial y financiero que de forma ilegal y unilateral Washington mantiene contra Cuba, y que ha sido rechazado por la gran mayoría de la comunidad internacional en 29 votaciones en la Organización de las Naciones Unidas (ONU) es, sin dudas, el ejemplo más concreto de esa agresión sistemática que el Gobierno estadounidense mantiene contra nuestro pueblo.
Los impulsores del bloqueo han confesado en más de una oportunidad que esa serie de medidas tiene como fin asfixiar al pueblo cubano, provocar caos y así generar un cambio de gobierno y de sistema político.
Durante los años de la pandemia, 2020 y 2021, la administración estadounidense (primero con la conducción de Donald Trump y ahora con Joe Biden) profundizó el bloqueo con nuevas medidas. Se impidió la entrada de medicamentos, de respiradores, de combustible y de recursos económicos para enfrentar la crisis provocada por la covid-19. En ese marco, se fomentaron protestas para desestabilizar al Gobierno e intentar así darle a la Isla el golpe final (un nuevo intento fallido que generó malestar y sufrimiento en el pueblo cubano, pero que no logró doblegarlo).
En el capítulo dedicado a Cuba en la propia web de la NED, se muestra la lista de los recursos que, durante el año 2020, ese organismo ha destinado a promover la desestabilización.
Según los datos difundidos por la NED, durante ese año se invirtieron más de cinco millones de dólares (5 077 788) con ese propósito, a los que hay que sumarles los recursos aportados a las ONG y fundaciones que no aparecen en el capítulo de Cuba, pero que actúan contra la Isla y, también, agregarles los fondos canalizados a través de la Usaid y de otras organizaciones similares.
Reproducimos la larga lista que la NED publicó el 23 de febrero de 2021, en su sitio web, en el que detallan las ONG y fundaciones que recibieron dinero para intervenir en Cuba durante 2020 (con cifras que van desde los 20 000 a los 650 000 dólares).
Plataforma Internacional de Derechos Humanos en Cuba (para las relaciones ue-Cuba): $ 87 253
Cubalex (para denuncias de violaciones de dd. hh.): $ 150 000
Fundación Cartel Urbano (para convertir a artistas de hip hop en líderes): $ 110 000
Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (para reducir la Violencia de género): $ 500 000
Libertad de información (para nuevas formas de informar): $ 80 000
Editorial Hypermedia Inc.: $ 93 941
Centro Latinoamericano para la No violencia: $ 48 597
Instituto de Comunicación y Desarrollo: $ 79 300
Transparencia Electoral: $ 74 945
Investigación e Innovación Factual a.c. (para redes regionales de medios): $ 74 000
Observatorio Cubano de Derechos Humanos: $ 150 000
Libertad de información (para cobertura deportiva): $ 50 000
Agora Cuba Inc. (para información): $ 75 860
Asociación Diario de Cuba: $ 215 000
Libertad de información: $ 72 000
Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, Inc.: $ 126 000
Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa: $ 146 360
Libertad de información (medios periodísticos): $ 56 500
Cultura Democrática (para las artes): $ 49 106
Libertad de información (atención a periodistas y blogueros): $ 33 180
People in Need Slovakia (para la sociedad civil): $ 60 000
Clovek contra tisni, o.p.s. (para medios periodísticos): $ 150 882
Instituto Político para la Libertad: $ 85 000
Arlenica, Arte, Lenguaje e Investigación para el Cambio Social, un Suplemento: $ 11 940
Centro por una Cuba Libre (para derechos humanos): $ 80 000
Instituto de Informes sobre la Guerra y la Paz (iwpr): $ 145 230
Grupo Internacional para la Responsabilidad Social Corporativa en Cuba (apoyo a los sindicatos independientes, los trabajadores autónomos y los derechos laborales): $ 230 000
Vista Larga Foundation Corp (para escritores y artistas): $ 83 000
Ideas y valores democráticos (para la intervención en diversos sectores): $ 71 339
Canal Caribe.- El Ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, rechazó en Twitter las nuevas Medidas unilaterales impuestas este jueves por Estados Unidos contra ocho funcionarios cubanos.
Cancillería de Cuba rechaza nuevas medidas coercitivas de EEUU
La Habana, 6 ene (Prensa Latina) El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, rechazó hoy la imposición por parte de Estados Unidos de nuevas medidas coercitivas unilaterales a la isla y reiteró la determinación del país caribeño a defender su soberanía.
EEUU anuncia nuevas sanciones contra funcionarios de Cuba«El gobierno de EEUU persiste en el mal hábito de pretender imponer su voluntad sobre otros gobiernos por vía de medidas coercitivas unilaterales. El anuncio hecho hoy por el Secretario de Estado no altera un ápice la determinación de #Cuba de defender sus derechos soberanos», escribió el titular en su cuenta de Twitter.
Washington anunció hoy restricciones de visa para ocho funcionarios cubanos como parte de su política de sanciones a la isla, unido al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero.
El secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, informó que esa medida va dirigida a “implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano” luego de los sucesos del 11 de julio, aunque no precisó quiénes son los sancionados.
A raíz de los disturbios, las autoridades cubanas explicaron que hubo delitos de desorden público, instigación a delinquir y a subvertir el orden constitucional, y también hechos de extrema violencia contra bienes, personas y autoridades.
La Habana acusó a Estados Unidos por su complicidad en esos hechos, a partir del uso de herramientas tecnológicas y de la difusión de noticias falsas para estimular a la desestabilización.
Respecto a las sanciones contra funcionarios, Cuba las considera irrelevantes desde el punto de vista práctico, pero políticamente con implicaciones, pues forman parte de la escalada agresiva impulsada desde la Casa Blanca.
Estados Unidos pretende interferir justicia en Cuba al adoptar medidas contra funcionarios cubanos
Cubadebate
El Secretario de Estado de los Estados Unidos Antony J. Blinken dio a conocer nuevas medidas contra Cuba en un comunicado emitido esta tarde en Washington. Las mismas van dirigidas a establecer restricciones de visas a ocho funcionarios cubanos supuestamente implicados en la detención y procesamiento judicial de participantes en los hechos violentos del 11 de julio de 2021 en algunas localidades del país.
El Departamento de Estado dice que aplicó estas medidas individualizadas en el marco de la Proclama Presidencial 5377, que suspende la posibilidad de que funcionarios y empleados del Gobierno cubano ingresen a los Estados Unidos como no inmigrantes.
Aduce que las mismas se toman «debido a las condenas severas e injustas que se impusieron a manifestantes pacíficos» y remarcan que » Estas acciones potencian el impacto de cuatro sanciones del Departamento del Tesoro que se aprobaron desde el 11 de julio, y el anuncio que el Departamento de Estado emitió el 30 de noviembre sobre restricciones a visas impuestas a nueve funcionarios cubanos en relación con la represión de activistas el 15 de noviembre.»
La medida anunciada es, sin dudas, un nuevo intento del gobierno estadounidense de interferir en los asuntos internos de Cuba, tratar de mediatizar la impartición de justicia en el país e intentar proteger a los elementos que, en buena parte financiados por Washington, pretenden subvertir el orden político y social de Cuba.
La decisión se da a conocer en un día en que Estados Unidos y su gobierno han reclamado medidas ejemplarizantes contra quienes organizaron y ejecutaron los hechos violentos en el Capitolio de Washington el 6 de enero de 2020; por los cuales han sido procesados más de 700 personas y algunas han recibido condenas superiores a los 20 años de prisión.
EEUU anuncia nuevas sanciones contra funcionarios de Cuba
Washington, 6 ene (Prensa Latina) Estados Unidos anunció hoy restricciones de visa para ocho funcionarios cubanos como parte de su política de sanciones a la isla, unido al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero.
En un comunicado de prensa divulgado este jueves, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, informó que esa medida va dirigida a “implicados en intentos de silenciar las voces del pueblo cubano” luego de los sucesos del 11 de julio, aunque no precisó quiénes son los sancionados.
Con penalizaciones de ese tipo, así como con “todas las herramientas diplomáticas y económicas” Washington pretende apoyar al pueblo cubano, señaló Blinken, quien no mencionó el bloqueo de Washington como una de las causas de la situación económica del país caribeño.
De acuerdo con el jefe de la diplomacia estadounidense, luego del 11 de julio cientos de personas están encarceladas.
A raíz de los disturbios, las autoridades cubanas explicaron que hubo delitos de desorden público, instigación a delinquir y a subvertir el orden constitucional, y también hechos de extrema violencia contra bienes, personas y autoridades.
La Habana acusó a Estados Unidos por su complicidad en esos hechos, a partir del uso de herramientas tecnológicas y de la difusión de noticias falsas para estimular a la desestabilización.
Respecto a las sanciones contra funcionarios, Cuba las considera irrelevantes desde el punto de vista práctico, pero políticamente con implicaciones, pues forman parte de la escalada agresiva impulsada desde la Casa Blanca.
El 30 de noviembre pasado, el gobierno estadounidense impuso también restricciones de visa para miembros del Ministerio del Interior y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias por impedir la realización de una marcha declarada inconstitucional por las autoridades de la nación caribeña.
cubaconamalia.wordpress.com 
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