La Agencia Estadounidense para la Ayuda al Desarrollo ha desarrollado numerosos planes contra Cuba. Foto: Tomada de Juventud Rebelde.
La USAID y legisladores panistas se han confabulado para articular una profusa campaña contra la presencia de médicos cubanos en México, según señala una investigación del analista político Katu Arkonada, compartida en su cuenta de Twitter.
Arkonada señala que el coordinador de la bancada del PAN en el Legislativo Julen Rementeria encabeza la cruzada anticubana, que tiene dos líneas de ataque: Una primera que señala que es innecesaria su presencia en México y una segunda impulsada desde Miami, anunciando que los médicos serán enviados a zonas de conflicto.
Rementeria tiene estrechos vínculos con el terrorista de origen cubano Orlando Gutiérrez Boronat, líder de la organización Directorio Democrático, que incitó la violencia en Cuba el 11 de julio de 2021, y voz de la campaña #SOSCuba contra el sistema de salud en la isla.
El senador mexicano está vinculado además a la «Fundación para los DDHH en Cuba», pionera en articular acciones contra las brigadas médicas cubanas en América Latina.
Para ello, utiliza financiamiento de USAID (extendido con nuevos fondos en octubre 2021 y septiembre 2022).
Margarita Guerra, Directora de Programas de la oficina para América Latina y el Caribe de la USAID, es la principal coordinadora y financista de la campaña que pretende boicotear la presencia de los médicos cubanos en México.
Vean el hilo de la denuncia de Arkonada:
Ante la fuerza de los ataques contra la presencia de méxicos cubanos en México, y tras investigar y consultar con fuentes diversas, abro hilo para contar la implicación de @USAID y el Senador @julenrementeria del Partido @AccionNacional en los ataques
Gustavo Veiga – Página 12 – Foto: Página 12 / AFP.- La ofensiva contra Cuba recrudece en estas horas con el gobierno de Joe Biden. La retórica amenazante de Donald Trump abrió paso a políticas de Estados Unidos más agresivas y sostenidas que hoy están a la vista.
La exclusión de la isla en la próxima Cumbre de las Américas. El intento de expulsarla del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. La inyección de cientos de miles de dólares para cambiar su sistema político y económico por agencias como la CIA, NED y USAID. La persistente negativa a cumplir con las cuotas de visas ya acordadas para cubanos que deben tramitarlas en Guyana. El apoyo de Washington a cualquier tipo de expresión artística disidente con fondos gubernamentales, un caso curioso ya que EE.UU no tiene ministerio de Cultura. Un combo de injerencias en esta época de guerra 2.0 al que se agrega una novedosa tesis sobre los problemas que afectan a la mayor de las Antillas. Hay ONG que operan desde Miami y dicen que existe un “bloqueo interno”, pero del Estado cubano a su población y no de Washington a La Habana que, como se sabe, rige hace poco más de sesenta años.
La campaña de medidas simultáneas para rendir a Cuba por la fuerza – algo que se probó ineficaz durante 63 años de Revolución – continúa con prisa y sin pausa desde que llegó Biden a la Casa Blanca. En el campo diplomático, el subsecretario de Estado Brian Nichols confirmó el 2 de mayo que el gobierno de La Habana, pero además los de Venezuela y Nicaragua, no serán invitados a la IX Cumbre de las Américas programada entre el 8 Y 10 de junio próximo en Los Ángeles. El argumento que esgrimió es que “no respetan la carta democrática”.
Cuba replicó en la voz de su canciller, Bruno Rodríguez Parrilla: “Sobre democracia poco podrá exhibir el gobierno de Estados Unidos en esa Cumbre incompleta”. Las críticas a EE.UU también llegaron desde países con mucho peso en la región. El presidente de México, Manuel López Obrador, le pidió a Biden que invitara a “todos los pueblos de América”. No hubo caso.
Las sanciones unilaterales propuestas por organizaciones de la sociedad civil, y ejecutadas por el gobierno de Estados Unidos después, tampoco son originales. Al bloqueo que se extiende hace seis décadas, sistemáticamente rechazado por una abrumadora mayoría de países en votaciones de Naciones Unidas – con la excepción de EE.UU y su socio, el estado de Israel-, se suma ahora la intención de expulsar a Cuba del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, lugar al que llegó junto a Rusia, China y Pakistán en 2020.
Este propósito venía madurando y tomó impulso en julio de 2021. Una comitiva de las organizaciones Cuba Decide y el Centro para una Cuba Libre se reunió en Washington con Juan González, director de Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo Nacional de Seguridad. Los activistas que proponen desestabilizar a la isla desde Miami, John Suárez, Rosa María Payá y el cantante Jen Carlos Canela, fueron recibidos por el funcionario.
Le pidieron a González que “denuncie al gobierno cubano en los foros internacionales, que aplique sanciones a individuos y sus familiares en la isla, que inste a Europa y a los demás países a copiarlos, que planifique el acceso a Internet del pueblo cubano y que someta todas las opciones a discusión”, entre otras iniciativas. El director del Consejo Nacional de Seguridad les recordó palabras del presidente Biden sobre las protestas del 2021 en la isla: “Son el resultado directo de un gobierno comunista fallido”.
La maniobra para intentar la expulsión de Cuba consistió en el envío de una carta a un puñado de presidentes y foros internacionales. La firmaron – aducen sus organizadores – “más de 600 personalidades” que respaldan la medida. Pero no dieron a conocer sus nombres. La solicitud fue entregada en el despacho de Biden, los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau y de Suecia, Magdalena Andersson, y también se la hicieron llegar a la Alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
Una fuente especializada en relaciones internacionales le dijo a este diario que la intención de expulsar a Cuba del Consejo de DDHH “no va a prosperar. La única que puede adoptar una medida así es la Asamblea de Naciones Unidas y es prácticamente imposible que tome una decisión de esas características. Las únicas dos veces que pasó algo semejante fue con Libia y ahora con Rusia después de que la propia Asamblea sacó una resolución diciendo que había violado el principio de no uso de la fuerza invadiendo a otro país. No creo seriamente que ningún estado tome esa bandera sencillamente porque perdería. No hay ninguna probabilidad”.
Las ONG de la diáspora cubana son tantas como las que promueve y financia Estados Unidos para que operen como ariete contra Cuba. Sin ese respaldo su incidencia sería relativa. El Foro Transatlántico por una Cuba Libre, liderado por John Suárez, sostiene sin disimulo que se debe “cambiar el actual sistema político y económico hacia la democracia y el estado de derecho”. Su propósito ignora la votación que se ratifica todos los años en Naciones Unidas. En ese ámbito Cuba impulsa resoluciones continuas contra el bloqueo unilateral de EEUU que repudia la comunidad internacional. La tesis del grupo que ahora pide la expulsión de La Habana del Consejo de DDHH sostiene lo contrario.
Dice que “los cubanos huyen de Cuba por el bloqueo económico interno impuesto por el régimen de la Isla que impide el desarrollo individual y la autosuficiencia económica, ya que los militares controlan los medios de producción y la economía…”. También responsabiliza al gobierno de Miguel Díaz Canel por la problemática migratoria que Estados Unidos no resuelve pese a las medidas draconianas que toma: “el régimen en estos momentos está utilizando a los miles de cubanos que huyen de la isla a través de vuelos a Nicaragua y otros países de Centroamérica para crear una crisis y provocar un cambio en la política norteamericana hacia Cuba”.
En la economía, los derechos Humanos, la migración, la cultura, EEUU apela a las más variadas estrategias para provocar en Cuba un cambio de gobierno. Eso que los estados independientes llaman injerencia. La carta magna con que se rige el estado cubano dice en el artículo 4: “El sistema socialista que refrenda esta Constitución, es irrevocable. Los ciudadanos tienen el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, cuando no fuera posible otro recurso, contra cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido por esta Constitución”.
Por si quedaran dudas, el artículo 16 sostiene: “La República de Cuba basa las relaciones internacionales en el ejercicio de su soberanía y los principios antiimperialistas e internacionalistas, en función de los intereses del pueblo y, en consecuencia: a) reafirma que las relaciones económicas, diplomáticas y políticas con cualquier otro Estado no podrán ser jamás negociadas bajo agresión, amenaza o coerción”.
Es apenas una parte de la Constitución actualizada y reformada el 10 de abril de 2019.
José A. Amesty – Frente Antiimperialista Internacionalista.- El próximo 19 de abril 2022, luego de esta Semana Santa, se celebrará el 73 período de sesiones del Comité contra la tortura, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el cual la oscura oposición cubana, intentará en medio de una serie de fallos de la ONU, como, por ejemplo, la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de esa organización y en medio del conflicto en Ucrania y sus burdas noticias por parte de la canalla mediática, se fragua una ignominia contra Cuba.
De igual modo, por su parte, el consorcio de radio y televisión alemán Deutsche Welle (DW) ha esbozado con mayor claridad ese espurio objetivo al publicar un artículo titulado, “Piden que Cuba y Venezuela también salgan del Consejo de DD. HH”. Dicha petición la hace la organización contrarrevolucionaria Center for a Free Cuba (CFC) la cual fue creada en octubre de 1997 en EE. UU., es financiada por la USAID y el NED y tiene la misión de fomentar la subversión contra Cuba.
Pretenden “introducir en los debates el análisis de un espurio informe elaborado por una supuesta “ONG” denominada Prisoners Defenders, en el cual se acusa a Cuba de torturar a los que ellos llaman “prisioneros políticos”, según el escritor Marco Velázquez Cristo, en su artículo “La nueva patraña contra Cuba: sentarla en el banquillo de los acusados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para tratar de forzar su exclusión del mismo”.
El Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), es el órgano compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus Estados Partes. El Comité contra la Tortura trabaja para responsabilizar a los Estados de las violaciones de los derechos humanos, investigando sistemáticamente las denuncias de tortura para detener y prevenir este delito.
A su vez, la ONG Prisoners Defenders, según Velázquez Cristo, “se conoce que tiene su sede en Madrid y está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de España, pero en realidad esta falsa ONG es una organización creada por el Departamento de Estado norteamericano, quien la dirige a través de su Embajada en Madrid, y la financia utilizando a la USAID y el NED. Está dirigida a la actividad subversiva contra Cuba. De ella, en septiembre de 2018 surgió una sección, digamos que “especializada”, con fachada de “ONG”, que se denominó “Cuban Prisoners Defenders”, la cual ha estado involucrada en la fabricación de falsas denuncias contra Cuba ante Naciones Unidas, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional”.
Igualmente, el escritor Julio Ferreira, en su artículo en Rebelion.org, “Cuba Prisoners Defenders, ¿una ONG española?”, se pregunta, “¿cuál es la fuente de financiamiento de esta supuesta ONG? Aunque su presidente y fundador (el empresario español Javier Larrondo, de padres cubanos, quien se presenta además como el representante en España y Europa del grupúsculo contrarrevolucionario Unión Patriótica Cubana (UNPACU), cuyo cabecilla es el también asalariado de Washington José Daniel Ferrer García)”, asegura “que su organización ha nacido con sus propios fondos personales”, en realidad resulta poco creíble.
Otras informaciones (que explicarían el accionar anticubano de esta falsa ONG) señalan que el dinero proviene de los fondos del Departamento de Estado norteamericano, el cual la utiliza como organización pantalla para dar cobertura desde Europa a la subversión estadounidense contra la Mayor de las Antillas.
A tal fin, esta “ONG española” actúa con absoluta desfachatez en la fabricación de falsas denuncias contra Cuba ante Naciones Unidas, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional”.
Finalmente, señala Velázquez Cristo, “Cabe preguntarse, ¿por qué Cuban Prisoners Defenders no acusan a los EE.UU. por su sistema de salud, que solamente atiende a quienes paguen costosos seguros médicos? ¿Desconocerá esta falsa ONG que la población carcelaria en EE.UU. es una nueva e inhumana forma de esclavitud? ¿Desconocerá esta organización pantalla que las cárceles privadas en territorio estadounidense son un negocio lucrativo para las corporaciones norteamericanas?”.
“Lo que se nos pretende hacer el 19 de abril es parte de la política hostil del gobierno norteamericano contra Cuba. Él es su verdadero responsable”.
En la otra acera del frente, el escritor cubano Gerardo Moyá Noguera, en su artículo “Torturar, nunca jamás”, señala “Recordaremos, porque bueno es recordar, que el gobierno del pueblo cubano comandado por Díaz-Canel nunca jamás ha torturado ciudadano alguno, ni tan siquiera a los peores enemigos en tiempos del dictador Batista y si no, echen una mirada atrás a lo ocurrido con los presos después de la humillación que sufrió el imperio en las playas de Girón, cuando dichos presos fueron cambiados por tractores”.
Así mismo, enfatiza “Sí, se tortura en Cuba, pero en la base naval de Guantánamo y todos se mantienen callados. Después del 11 de septiembre, fecha fatídica, el ciudadano pakistaní Majid Khan fue brutalmente torturado hasta que “confesó” pertenecer al fundamentalista grupo de Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Dicha base pertenece desde hace muchos años al imperio (EEUU), aunque el expresidente Obama en su campaña electoral nos dijo que cerraría para siempre la base, pero no ha sido así y allá se sigue torturando a los presos existentes en la misma, hasta que no pueden más, aguantando terribles torturas por parte de los sicarios que viven en la base de Guantánamo”.
Según un artículo de EFE y tomado de Cubasì “La cárcel de Guantánamo: 20 años de torturas sin fecha de cierre”, señala que, “la prisión de Guantánamo cumple 20 años abierta, pese a ser un polémico símbolo de la lucha antiterrorista de Estados Unidos que actualmente alberga a 39 reos y cuyo cierre todavía no se vislumbra a pesar de las promesas del presidente, Joe Biden.
Ubicado en una base naval estadounidense en el este de Cuba, el centro de detención de la bahía de Guantánamo abrió en 2002 por orden del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush (2001-2009) como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001.
«Veinte años después, es innegable que la prisión de la bahía de Guantánamo es un fracaso legal, moral y ético. Es un símbolo mundial de la injusticia, la tortura y el desprecio por el Estado de derecho», dijo este lunes a Efe Hina Shamsi, directora de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).
Destino de casi 800 presuntos terroristas detenidos en Afganistán e Irak, Guantánamo ha estado en el ojo del huracán por los programas de detenciones secretas y torturas, que incluían ahogamientos simulados y técnicas para que los presos no pudieran dormir.
Estados Unidos gasta cada año 540 millones de dólares para mantener Guantánamo, donde en la actualidad hay 39 hombres internados, 27 de ellos sin cargos penales en su contra, según un informe publicado por la ONG Human Rights Watch (HRW) con motivo del 20 aniversario del penal”.
En resumen, la realidad es que, la oposición cubana aprovecha este momento, de aparente confusión mediática y teniendo a su favor, los fallos de la ONU, para lanzar sus zarpazos contra Cuba heroica. No cesan en sus delirios de acabar con la revolución cubana. Pero no lo lograran, porque, como dijera Fidel, “No existe en el mundo fuerza capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas”. Adelante Cuba.
De tanto repetir esa escaramuza en que una supuesta articulación de foros mundiales condena hechos específicos –mientras silencian bajos sus faldas mediáticas la basura propia, generalmente más alevosa, horrenda y escandalosa que el asunto que atacan– ya no pueden esconderla como herramienta promotora de esos golpes blandos con que lograron destruir la estabilidad de varios países, y que hace rato ensayan contra Cuba, sin otros resultados que el fracaso y el ridículo.
De las más recientes campañas subversivas contra la Revolución Cubana, un reportaje investigativo del portal Misión Verdad, titulado Mapa de acciones y actores en la guerra blanda contra Cuba, desenmascaró cómo, además de la Unión Europea, organizaciones mundiales como Amnistía Internacional y Pen International han exigido durante meses la liberación de los detenidos por los hechos vandálicos del 11 y 12 de julio de 2021.
En una investigación anterior había sido develado cómo la Fundación Cadal estimuló económicamente las protestas, y sus recursos llegaron «de manos de las sucursales de la CIA para la región, la Fundación Atlas (vinculada a los hermanos Koch), la Fupad (Fundación Panamericana para el Desarrollo), la Usaid y la NED».
Hay otros actores, precisó el reportaje: el Instituto de Periodismo de Paz y Guerra, Factual, Distintas Latitudes, Fundación Sueca de Derechos Humanos, Editorial Hipermedia, Diario de Cuba, Cubanet, la Universidad Sergio Arboleda (núcleo tecnocrático del uribismo, de donde proviene Iván Duque), además de captadores de fondos desde las distintas agencias y fundaciones, junto a otras ong registradas en distintos países que enmascaran a medios como CiberCuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita Now, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo y YucaByte.
El portal destacó que el entramado de medios, influencers y agentes mediáticos que dan respaldo a los actores comprados para el cambio de régimen en Cuba, se ha movido con fuerte financiamiento, hasta la actualidad, en redes y medios digitales.
Recordó Misión Verdad que, durante las protestas de julio pasado en Cuba, fue detenido Luis Manuel Otero Alcántara, el coordinador del llamado Movimiento San Isidro (MSI), y quien, desde entonces, ha dicho realizar varias huelgas de hambre.
Uno de sus patrocinadores, la Fundación Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), con sede en Argentina, solicitó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que intercediera por Otero, y lo mismo pidieron para Maykel Castillo Pérez «Osorbo», detenido desde mayo de 2021 por los delitos de resistencia y desacato.
El pasado 30 de marzo, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, emitió un comunicado en el que calificó aquellas protestas vandálicas de «manifestaciones espontáneas» que fueron «un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión».
En claro acto de injerencia, también valoró de «desproporcionadas» las 128 sentencias aplicadas a los operadores de la escalada violenta que buscaba llevar a cabo un golpe blando.
Además, hizo un llamado a las autoridades cubanas para que permitieran a la comunidad diplomática asistir a los juicios e instó a liberar a todos los implicados que son sujetos de justicia y derecho, según la legislación cubana.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió contundente: «Solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso», y añadió que no le asiste derecho alguno o autoridad moral a la UE para intervenir en cuestiones que solo competen al Estado cubano.
El Canciller manifestó que la ue debería ocuparse de los episodios de represión que se producen en sus Estados miembros y de los menores detenidos en sus cárceles.
El comunicado de Borrell hacía referencia a condenas de 30 años. Se trata de dos casos que se corresponden con el delito de sedición (desestabilizar al Estado y subvertir el orden legalmente establecido en Cuba) porque se armaron de piedras, botellas y otros objetos para la agresión, que fueron lanzando al cordón de agentes públicos, mientras avanzaban hacia ellos.
Los condenados buscaban tomar una estación policial, uno de ellos reincidente en la comisión de hechos delictivos, y quien se encontraba de licencia extrapenal; el otro, multirreincidente y antes sancionado a 12 años de privación de libertad por robo con fuerza, y a tres meses de privación de libertad por hurto.
Sobre los que alegan como menores de edad: fueron sancionados 31 acusados entre 16 y 20 años, a quienes se les aplicó la reducción de los marcos mínimos y máximos de las penas. A los de 16 a 18 años se les pueden reducir hasta la mitad, y a los de 18 a 20, hasta un tercio. A 22 de ellos se les probó mala conducta social, además de estar sin vínculos laborales o estudiantiles.
Aunque también subrayado por Misión Verdad, sobran las evidencias públicas de la intervención flagrante del Gobierno de Estados Unidos y de varias de sus administraciones aliadas, en la escalada desestabilizadora desarrollada el año pasado, en el marco de una agudización de las medidas coercitivas unilaterales y de los efectos de la pandemia de la COVID-19.
cubaconamalia.wordpress.com 
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