Se conoce que la manipulación mediática contra Cuba es total y abarca todos los ámbitos de la sociedad. Es el método empleado por el régimen de Estados Unidos para satanizar a la Revolución, porque no soportan que exista un país con un sistema socialista a solo 90 millas de sus costas.
Por esa razón, esgrimen el miedo al comunismo basado en campañas de que “ese sistema es un fracaso”, como hacen desde 1947 bajo la doctrina Truman, utilizada maquiavélicamente por el senador Joseph R. McCarthy, quien desató una cacería de brujas dentro de los Estados Unidos, para perseguir y condenar a miles de ciudadanos acusados de ser comunistas, con el propósito de que nadie tuviera ideas afines con el socialismo.
Lo mismo concibieron contra la Revolución cubana y lo confirman los planes de la CIA aprobados desde abril de 1959.
El tema de los presos en Cuba es desarrollado por los yanquis como un método para acusar a la Revolución, cuestionando las razones para condenar a quienes actúan a favor de Estados Unidos, en su intento sostenido de desestabilizar el orden interno, con el objetivo de derrotar el proceso revolucionario.
Así sucedió con los juicios celebrados a los asesinos, torturadores y esbirros del dictador Fulgencio Batista; con los agentes de la CIA que cometieron actos terroristas, asesinatos y otros crímenes; con los miembros de los grupúsculos contrarrevolucionarios creados y financiados por Estados Unidos; hasta los más recientes detenidos por los actos de violencia ejecutados contra centros comerciales, agentes y medios de la policía, durante los disturbios del 11 de julio 2021, estimulados por los yanquis a través de las redes sociales.
El denominador común empleado por Estados Unidos ha sido condenar las sanciones impuestas por los tribunales revolucionarios y exigir la liberación de los comisores de esos delitos, algo que no piden para los presos en sus cárceles, latinoamericanas o europeas.
A tal punto llega la tergiversación que hacen contra Cuba, respaldada por amplias campañas de prensa, que lograron que el Vaticano solicitara a través del cardenal Beniamino Stella, enviado especial del Papa, la amnistía para los presos en la Isla calificados por los yanquis de “políticos”, pedido que mucho agradó a la contrarrevolución y sus patrocinadores en Estados Unidos.
Sin embargo, resulta llamativo que esta “preocupación” por los presos en Cuba, a la que se suman diplomáticos de la Unión Europea, no se manifieste ante la terrible situación que sufren los presos en las cárceles de Ecuador y los detenidos injustamente en Perú, por protestar pacíficamente ante el golpe de Estado respaldado por la embajada de Estados Unidos en Lima.
Para los presos y detenidos en países afines a Washington, nunca hay preocupaciones ni súplicas, entre ellos Julián Assange, quien, por practicar un periodismo de denuncia ante los crímenes cometidos por los yanquis, sin haber sido juzgado está recluido en una cárcel de máxima seguridad en el Reino Unido y no es calificado como preso político, situación que corrobora la falsedad de la “preocupación” por Cuba y sí una posición politizada con fines mediáticos.
¿Por qué no existen solicitudes de clemencia y amnistía para los casi 3 mil menores de edad que cumplen condenas de cadena perpetua y morirán en prisiones estadounidenses, sin esperanzas de obtener la libertad condicional?
En ese país convertido en el “juez supremo” del mundo, hay 2,500 reclusos que cumplen cadena perpetua, sancionados cuando aún eran niños, sumandos a 10 mil menores internados en prisiones para adultos y sometidos a todo tipo de agresiones, sin que los “preocupados” países de la Unión Europea, ONG dedicadas a velar por los derechos humanos en Cuba y otros países afines a Estados Unidos, condenen tal situación.
No hay preocupaciones porque los yanquis consideren que un niño entre 10 y 14 años, pueda ser juzgado como adulto y enviado a centros penitenciarios junto con mayores, pero cuando Cuba juzgó a menores con 16 años, los gritos se escucharon en todo el mundo, hurgaron en qué lugares eran internados y el trato que recibían, a pesar de que la Isla posee un sistema diferenciado para los menores que cometen delitos y cuenta con personal profesional para trabajar en los planes de reeducación.
Hasta el año 2005 en Estados Unidos se ejecutaba a los niños y se calcula que desde inicios del siglo XX hasta el 2005, se le aplicó la pena de muerte a 365 niños, de ellos 22 con posterioridad a 1985, sin que se conformaran campañas internacionales para exigir una amnistía.
Un estudio de la organización Equal Justice Initiative, afirma que “los niños encarcelados en Estados Unidos caen en situaciones desesperadas, conduciéndolos a un punto en el cual no pueden manejar sus emociones y los retos de la adolescencia, encuentran respuesta en la violencia y agresividad”.
Al menos en 14 estados se trata a toda su población penal como si fueran mayores de edad, lo que implica que muchos niños sean violados y maltratados por los presos adultos, pero esto parece no preocupar a los que ahora lo hacen con Cuba.
Pero no solo Estados Unidos condena a niños, hay 72 países en el mundo donde los menores pueden recibir esa pena, entre ellos 49 de los 53 Estados de la Mancomunidad Británica de Naciones, según un estudio de 2015 de la Red Internacional de los Derechos de los Niños, a pesar de estar vigentes varios tratados internacionales que prohíben la imposición de esas condenas, entre ellos el artículo 37 de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño de 1989, ratificada por todos los países salvo Estados Unidos y Somalia.
Solo en el año 2019, más de 696 mil niños y adolescentes, fueron encarcelados y de esos, 653 solo en una sola noche de ese año, los que fueron internados en prisiones de adultos, pero Estados Unidos no recibe sanciones de la comunidad internacional, del Parlamento Europeo o la OEA, ni se aprueban resoluciones que muestren la preocupación ante tantas violaciones a los derechos de niñas y niños.
Un ejemplo de la crueldad del régimen estadounidense fue la ejecución en la silla eléctrica del niño George Stinney, de 14 años, el 10 de junio de 1944 y que 70 años después, las autoridades judiciales admitieron que se le habían violado sus derechos porque realmente era inocente.
¿Dónde está la preocupación y exigencias de amnistía para los presos de Ecuador, hacinados y masacrados en cárceles de ese país?
Entre el año 2020 y el 2021, fueron asesinados más de 400 reclusos en cárceles ecuatorianas, por diferentes riñas entre bandas rivales que se disputan el control de las prisiones, pero no hay condenas al gobierno ni enviados especiales, porque es un aliado incondicional de los yanquis.
Cuba, que no tiene situaciones similares, recibe constantemente presiones y “preocupaciones”. La razón es sencilla, es un país socialista que no se somete a las órdenes yanquis.
De tanto repetir esa escaramuza en que una supuesta articulación de foros mundiales condena hechos específicos –mientras silencian bajos sus faldas mediáticas la basura propia, generalmente más alevosa, horrenda y escandalosa que el asunto que atacan– ya no pueden esconderla como herramienta promotora de esos golpes blandos con que lograron destruir la estabilidad de varios países, y que hace rato ensayan contra Cuba, sin otros resultados que el fracaso y el ridículo.
De las más recientes campañas subversivas contra la Revolución Cubana, un reportaje investigativo del portal Misión Verdad, titulado Mapa de acciones y actores en la guerra blanda contra Cuba, desenmascaró cómo, además de la Unión Europea, organizaciones mundiales como Amnistía Internacional y Pen International han exigido durante meses la liberación de los detenidos por los hechos vandálicos del 11 y 12 de julio de 2021.
En una investigación anterior había sido develado cómo la Fundación Cadal estimuló económicamente las protestas, y sus recursos llegaron «de manos de las sucursales de la CIA para la región, la Fundación Atlas (vinculada a los hermanos Koch), la Fupad (Fundación Panamericana para el Desarrollo), la Usaid y la NED».
Hay otros actores, precisó el reportaje: el Instituto de Periodismo de Paz y Guerra, Factual, Distintas Latitudes, Fundación Sueca de Derechos Humanos, Editorial Hipermedia, Diario de Cuba, Cubanet, la Universidad Sergio Arboleda (núcleo tecnocrático del uribismo, de donde proviene Iván Duque), además de captadores de fondos desde las distintas agencias y fundaciones, junto a otras ong registradas en distintos países que enmascaran a medios como CiberCuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita Now, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo y YucaByte.
El portal destacó que el entramado de medios, influencers y agentes mediáticos que dan respaldo a los actores comprados para el cambio de régimen en Cuba, se ha movido con fuerte financiamiento, hasta la actualidad, en redes y medios digitales.
Recordó Misión Verdad que, durante las protestas de julio pasado en Cuba, fue detenido Luis Manuel Otero Alcántara, el coordinador del llamado Movimiento San Isidro (MSI), y quien, desde entonces, ha dicho realizar varias huelgas de hambre.
Uno de sus patrocinadores, la Fundación Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), con sede en Argentina, solicitó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que intercediera por Otero, y lo mismo pidieron para Maykel Castillo Pérez «Osorbo», detenido desde mayo de 2021 por los delitos de resistencia y desacato.
El pasado 30 de marzo, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, emitió un comunicado en el que calificó aquellas protestas vandálicas de «manifestaciones espontáneas» que fueron «un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión».
En claro acto de injerencia, también valoró de «desproporcionadas» las 128 sentencias aplicadas a los operadores de la escalada violenta que buscaba llevar a cabo un golpe blando.
Además, hizo un llamado a las autoridades cubanas para que permitieran a la comunidad diplomática asistir a los juicios e instó a liberar a todos los implicados que son sujetos de justicia y derecho, según la legislación cubana.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió contundente: «Solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso», y añadió que no le asiste derecho alguno o autoridad moral a la UE para intervenir en cuestiones que solo competen al Estado cubano.
El Canciller manifestó que la ue debería ocuparse de los episodios de represión que se producen en sus Estados miembros y de los menores detenidos en sus cárceles.
El comunicado de Borrell hacía referencia a condenas de 30 años. Se trata de dos casos que se corresponden con el delito de sedición (desestabilizar al Estado y subvertir el orden legalmente establecido en Cuba) porque se armaron de piedras, botellas y otros objetos para la agresión, que fueron lanzando al cordón de agentes públicos, mientras avanzaban hacia ellos.
Los condenados buscaban tomar una estación policial, uno de ellos reincidente en la comisión de hechos delictivos, y quien se encontraba de licencia extrapenal; el otro, multirreincidente y antes sancionado a 12 años de privación de libertad por robo con fuerza, y a tres meses de privación de libertad por hurto.
Sobre los que alegan como menores de edad: fueron sancionados 31 acusados entre 16 y 20 años, a quienes se les aplicó la reducción de los marcos mínimos y máximos de las penas. A los de 16 a 18 años se les pueden reducir hasta la mitad, y a los de 18 a 20, hasta un tercio. A 22 de ellos se les probó mala conducta social, además de estar sin vínculos laborales o estudiantiles.
Aunque también subrayado por Misión Verdad, sobran las evidencias públicas de la intervención flagrante del Gobierno de Estados Unidos y de varias de sus administraciones aliadas, en la escalada desestabilizadora desarrollada el año pasado, en el marco de una agudización de las medidas coercitivas unilaterales y de los efectos de la pandemia de la COVID-19.
“Una vez más, la declaración del Alto Representante no habla de la agresión constante contra Cuba por parte de Estados Unidos”, afirma Pineda en su carta a Borrell. Foto: Tomada de izquierdaunida.org.
“El camino de la injerencia y el insulto no es el más apropiado para la construcción de las buenas relaciones con países soberanos”, afirma el eurodiputado Manu Pineda en carta a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a raíz de su declaración sobre los procesos judiciales relacionados con los hechos de julio de 2021, que, señala Pineda, “ no habla de la agresión constante contra Cuba”.
Sobre la declaración de Borrell, Pineda afirma que “consideramos que es una injerencia inadmisible en las decisiones del sistema judicial de un Estado soberano”.
El eurodiputado español sostiene en su carta al también vicepresidente de la Comisión Europea que “las personas detenidas, juzgadas y condenadas lo han sido por actos probados y demostrada participación que tipifican como delitos de desorden público, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado y sabotaje”.
Al respecto, recuerda que “en distintas localidades se apedrearon instituciones oficiales, hospitales, establecimientos comerciales y de expendio de combustible. Muchos de ellos, como consecuencia de la violencia generada, resultaron saqueados y sustraídos los bienes, provocándose cuantiosos daños; asimismo, fueron asediados, volcados y dañados medios de transporte público”.
Pineda subraya que “en Cuba no se está persiguiendo la libertad de expresión, ni la de protesta, ni de reunión. En Cuba se está dando respuesta legal a los graves hechos que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de ese Estado.
“Debemos tener en cuenta que pensar diferente, cuestionar o manifestarse no constituye un delito en Cuba. Lo que se condena es, como en cualquier Estado democrático de derecho, llevar a cabo o incitar a disturbios, al desorden, a agredir, dañar o desobedecer”.
El eurodiputado de Izquierda Unida-Unidas Podemos afirma que en la declaración de Borrell, “que se realiza 48 horas después de que el enviado especial de la UE para los DD.HH., Eamon Gilmore, se reuniese con su contraparte estadounidense, la subsecretaría para la Democracia, los DD.HH. y el Trabajo, Lisa Peterson, se dice expresamente que se condenó a personas menores de 18 años en el momento de su arresto, obviando el hecho de que la edad penal en Cuba es a los 16 años, la misma que en muchos Estados miembros de la UE”.
Recuerda, a continuación, que “en EE.UU. puede ser a partir de siete años, según las leyes de cada estado. En Estados Unidos, miles de niños permanecen condenados a cadena perpetua, pero eso al parecer no es motivo de preocupación de la Unión Europea ni de denuncia por parte del Alto Representante, lo que conlleva un evidente doble rasero a la hora de valorar los acontecimientos en función de a quién vaya dirigida la denuncia”.
“Una vez más –prosigue Pineda en su carta a Borrell–, la declaración del Alto Representante no habla de la agresión constante contra Cuba por parte de Estados Unidos, del bloqueo, de la instigación al odio, explícita e implícitamente, desde medios pagados directamente por el Gobierno estadounidense y desde plataformas que son financiadas desde el exterior y, en particular, desde los Estados Unidos”.
Apunta que la declaración de Borrell “va en contra del fomento de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea y del interés por fortalecer el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre ambas partes.
“Por ello, le expresamos nuestra preocupación por la falta de objetividad a la hora de efectuar este tipo de denuncias. Entendemos que el camino de la injerencia y el insulto no es el más apropiado para la construcción de las buenas relaciones con países soberanos”.
Y concluye: “Llamamos a la profundización, desde el respeto, del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba”.
Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba. Foto: Cubadebate.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parilla rechazó enérgicamente la declaración sobre las condenas a los involucrados en las protestas del 11 y 12 de julio en Cuba, del Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell.
“Solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso”, tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.
Asimismo agregó: “La Unión Europea debería ocuparse de episodios de represión se producen en sus Estados miembros y de menores detenidos en sus cárceles”.
A la UE, q actúa con evidente doble rasero, no le asiste derecho alguno o autoridad moral para intervenir en cuestiones solo competen a Estado Cubano, agregó.
Rechazamos enérgicamente declaración sobre #Cuba del Alto Representante de la #UE, Josep Borrell.
Solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso. 1/2
Washington aceptó la existencia de laboratorios de investigaciones militares de patógenos hallados por Moscú en Ucrania.
El lunes 7 de marzo las fuerzas militares rusas localizaron una red de seis laboratorios en la zona del Donbas.Las instalaciones halladas, algunas parcialmente desmanteladas, corresponden a laboratorios de investigación militar gestionados por investigadores estadounidenses y ucranianos en forma conjunta. Los documentos encontrados en los laboratorios se vinculan con la contratista Southern Research Institute, adscripta a la Agencia de Reducción de Amenazas de Defensa (DTRA), una dependencia del Pentágono.
En una investigación de 2018 sobre el desarrollo de armamento biotecnológico, titulada “Las armas biológicas del Pentágono”, se detallan los contratos de esa empresa con el Ministerio de Defensa estadounidense para generación y propagación de bioagentes. Un día después de los hallazgos, la subsecretaria de Estado Victoria Nuland aceptó la existencia de esos laboratorios conjuntos y se mostró alarmada ante la posibilidad de que dichas instalaciones puedan ser utilizadas en el futuro por Moscú.
La tarea conjunta de guerra biológica implementada con Kiev es parte de un programa desarrollado por Washington para empoderar a los sectores nacionalistas ucranianos e incitarlos a una confrontación con Rusia. Según la historiadora estadounidense Mary Elise Sarotte, autora de Ni una pulgada más: Estados Unidos, Rusia y el estancamiento de la posguerra fría, el rechazo norteamericano a la pacificación europea se debe a que la cooperación en seguridad dentro de ese continente fue vista por Wall Street y los think tanks estadounidenses como una posibilidad cierta de pérdida de influencia en la región. Una de las fuentes consultadas para su investigación –un importante funcionario del Departamento de Estado– manifestó que una integración entre Rusia y Europa “sería peligrosa (…) Si los europeos unen sus fuerzas y construyen un sistema de seguridad común, nosotros nos quedamos fuera y eso no es deseable. Hay que fortalecer la OTAN para que eso no ocurra”.
El 21 de noviembre de 1990 se celebró en París la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa (CSCE). Durante ese evento se firmó la Carta para la Seguridad Europea, suscrita por los Estados de Europa, Estados Unidos y Canadá. En el apartado titulado “Relaciones amistosas entre estados participantes”, se consignaba: “La seguridad es indivisible. La seguridad de cada uno de los Estados participantes está inseparablemente vinculada con la seguridad de los demás”. También se advertía que los firmantes –entre los que se hallaban Rusia, los integrantes de la Unión Europea y Estados Unidos– “no fortalecerán su seguridad a expensas de la seguridad de otros Estados”.
Ese mismo año, ocho meses antes de la rúbrica de la Carta de la Seguridad Europea, el entonces jefe del Departamento de Estado, James Baker, le garantizó a Mijail Gorbachov que la Alemania reunificada se convertiría en el último país en ser integrado a la OTAN: “Entendemos la necesidad de garantías para los países del Este. Si tenemos presencia en una Alemania que es parte de la OTAN, no habría extensión de la jurisdicción de la OTAN para las fuerzas de la OTAN, ni una pulgada hacia el este”. El entonces embajador de Estados Unidos en Moscú, Jack Matlock certificó, tiempo después, que se le otorgaron “garantías categóricas” a la Unión Soviética de que la OTAN no se expandiría hacia el este.
Los documentos oficiales desclasificados en 2017 por el gobierno de los Estados Unidos, referidos a los compromisos asumidos ante Rusia, fueron digitalizados por el National Security Archive. En el informe se detalla la lista de los funcionarios gubernamentales que se comprometieron en las dos décadas posteriores a la reunificación alemana a no expandirse militarmente hacia el Este. Entre los citados aparecen el secretario de Estado norteamericano James Baker, el presidente George Bush, el ministro de Exteriores alemán Hans-Dietrich Genscher, el canciller Helmuth Kohl, el director de la CIA Robert Gates, el presidente francés François Mitterrand, la primera ministra británica Margaret Thatcher y su sucesor John Major, el secretario de Exteriores de ambos, Douglas Hurd, y el secretario general de la OTAN, Manfred Wörner.
Un lustro más tarde del establecimiento de esos compromisos se llevaron a cabo las primeras maniobras militares conjuntas de la OTAN con Ucrania. Mientras se realizaban los ejercicios bélicos en la frontera de Rusia, el ministro de Exteriores británico, Malcom Rifkind, afirmaba que el verdadero objetivo consistía en impedir que Rusia se consolidase como una potencia similar a la que fue la URSS medio siglo atrás.
En 1999 se integraron a esa organización atlantista tres países: Polonia, Hungría y la República Checa. En 1996, cuando aparecía como evidente la defección a los compromisos asumidos por Washington y los países europeos, Gorbachov concedió una entrevista en la que señaló: “Hoy se pueden ignorar los intereses de Rusia, sus críticas a la ampliación [de la OTAN], pero la debilidad de Rusia no será eterna. ¿Es que no se dan cuenta para quién trabajan con esa política? Si la OTAN avanza en esa dirección aquí habrá una reacción”.
Advertencia y presagios
En 1997, George Kennan, uno de los pensadores estadounidenses más influyentes de la Guerra Fría, señaló en una entrevista en el New York Times que “ampliar la OTAN sería el error más fatídico de la política estadounidense en toda la era de posguerra fría”. Detalló además que dicha expansión “inflamaría las tendencias nacionalistas y militaristas de Rusia” y que eso llevaría a “restaurar el clima de la Guerra Fría a las relaciones este-oeste, e impulsará una política exterior rusa en direcciones opuesta a nuestros intereses”.
Un año después, ante la nueva expansión de la OTAN promovida por Bill Clinton en 1998, Kennan puntualizó que “esto es el inicio de una nueva Guerra Fría… creo que es un error trágico. No hay ninguna razón para esto. Nadie estaba amenazando a nadie”. Algo similar opinó Henry Kissinger en un artículo que escribió para el Washington Post en 2014: Ucrania “no debería de ser la avanzada de cualquiera contra el otro, debería de funcionar como un puente entre ellos”. Y recomendó: “Estados Unidos necesita evitar tratar a Rusia como un ente aberrante al cual se le tienen que enseñar reglas de conducta establecidas por Washington”.
William Perry, el secretario de Defensa de Bill Clinton, declaró un lustro atrás que Estados Unidos es el responsable del deterioro en las relaciones con Rusia. El actual jefe de la CIA de Joe Biden, William Burns, advirtió en una autobiografía, hace dos años, que invitar a Ucrania a la OTAN es percibido por todos los partidos políticos de Rusia como “nada menos que un reto directo a los intereses rusos”.
Ted Galen Carpenter, especialista en relaciones internacionales del conservador Cato Institute, señaló en 2018 que los partidarios del atlantismo belicista habían desencadenado una segunda Guerra Fría al extenderse hacia el Este: “Era completamente pronosticable que la expansión de la OTAN llevaría a una ruptura trágica, posiblemente violenta, de relaciones con Moscú… las advertencias fueron ignoradas. Ahora estamos pagando el precio por la miopía y arrogancia de la política exterior de Estados Unidos”.
Dos semanas atrás, cuando Vladimir Putin ordenó la operación militar en Ucrania, el coronel Douglas McGregor, ex asesor de Seguridad del gobierno de Donald Trump, aseguró que la decisión del Putin no sólo era previsible, sino justificada, dado el acoso producido por la OTAN durante los últimos veinte años. Todos los analistas internacionales e incluso los encargados del seguimiento geopolítico militar sabían que la creciente amenaza de la OTAN –junto a la persecución de ruso-hablantes en Ucrania– garantizaba un conflicto armado.
Una esvástica por ahí
En febrero de 2014 se produjo en Ucrania un Golpe de Estado inscripto en la seguidilla de la revolución de colores promovida por diplomáticos de Estados Unidos, agencias de inteligencias y corporaciones mediáticas.
La revolución del Maidán tuvo como protagonista a la actual subsecretaria de Estado, Victoria Nuland, que en 2014 era la jefa para Asuntos Europeos del gobierno de Barack Obama. Mientras se sucedían los disturbios en Kiev, se filtró una conversación telefónica de Nuland con el entonces embajador de Estados Unidos en Ucrania, Geoffrey Pyatt.
En ese diálogo se explicitaban los tres objetivos centrales de la operación del Maidán: digitar a los próximos dirigentes que debían hacerse cargo del gobierno ucraniano, impedir la continuidad de los vínculos pacíficos entre la Unión Europea y Rusia, y envalentonar a los sectores neonazis rusofóbicos. El historiador alemán Herwig Roggemann –uno de los máximos cronistas de los acontecimientos europeos contemporáneos– consideró que “aquella ‘victoria’ occidental en Kiev, el Maidán de 2014, fue el mayor fracaso de la historia europea tras el histórico cambio de 1990”.
Gracias a la injerencia y colaboración estadounidense, los grupos neonazis que lideraron la revuelta del Maidán se transformaron en batallones paramilitares. El banquero Ígor Kolomoiski, gobernador de la región de Dnipropetrovsk, fue el primero en financiar a los batallones territoriales (terbats) Azov, Dnipro 1, Dnipro 2, Aidar y Donbas, encargados de hostigar y asesinar a activistas de Lugansk y Donetsk que pretendían seguir hablando su idioma. El informe de 2016 de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OCHA), acusó al regimiento Azov de violar el derecho internacional humanitario.
En junio de 2015, tanto Canadá como Estados Unidos anunciaron –luego de entrenar a los grupos paramilitares por dos años– que sus fuerzas no apoyarían más al regimiento Azov, dadas sus tendencias neonazis. En 2016 el Pentágono desoyó las recomendaciones del los organismos de derechos humanos, que monitoreaban el Donbas, y levantó la prohibición. Dos años después, en octubre de 2019, 40 miembros del Congreso de los Estados Unidos, encabezados por el representante Max Rose, firmaron sin éxito una carta en la que pedían al Departamento de Estado el etiquetamiento de Azov como una “organización terrorista extranjera” (FTO, por sus siglas en inglés).
El logotipo del grupo –que fue premiado con la incorporación oficial a la Guardia Nacional ucraniana– exhibe el Wolfsangel, uno de los símbolos utilizados por el ejército nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Según el oficial retirado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), Philip Giraldi, el entrenamiento de estos grupos por parte de instructores estadounidenses empoderó a los sectores más rusofóbicos y habilitó la respuesta de Moscú: los signos hitleristas son las distintivos que los rusos no pueden soportar.
El primer acuerdo de Minsk, rubricado el 5 de septiembre de 2014, garantizaba la autonomía para los habitantes del Este ucraniano. Fue refrendado por representantes de Ucrania, la Federación Rusa, la República Popular de Donetsk (DNR) y la República Popular de Lugansk (LNR). Tres meses después, el 2 de diciembre, el parlamento ucraniano modificó unilateralmente la “ley sobre el estatuto especial” estipulado en el protocolo. Según la revista estadounidense Army Times, el Comando de Operaciones Especiales de los Estados Unidos ha trabajado desde 2014, en forma oculta, para desarrollar un concepto operativo militar en conjunto con las fuerzas armadas de Kiev.
El 1º de septiembre de 2020 se prohibió por ley el uso de cualquier otra lengua que no sea el ucraniano en la administración, en los servicios públicos y en la enseñanza. A pesar de que el 20% de la población no habla ucraniano, las escuelas donde se enseñaba ruso y húngaro fueron cerradas. Un año después, el 21 de julio de 2021, el actual presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, promulgó la Ley sobre los Pueblos Autóctonos, en la que se estipula que sólo los ucranianos de origen escandinavo, los de origen tártaro y los caraitas tienen “derecho a gozar plenamente de todos los Derechos Humanos y de todas las libertades fundamentales”. Ante la requisitoria de los ruso-hablantes de por qué no figuraban con los mismos derechos ciudadanos, el ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Dmitri Kuleba, adujo que “tienen un estado propio [por la Federación Rusa] por lo que no pueden considerarse autóctonos”.
Cerco y contención
La promulgación de la Ley de los Pueblos Autóctonos se aprobó mientras se llevaba a cabo la cumbre de la OTAN en Budapest, donde Estados Unidos propuso sumar a Ucrania. Los dos temas centrales de debate fueron “las políticas y acciones agresivas de Rusia” y “los desafíos que plantea la República Popular de China” a la seguridad de los países del organismo. A fines de 2021 Joe Biden promulgó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional de 2022, en la que se profundiza la “teoría del cerco y la contención” de todos los países que no aceptan el liderazgo de Washington. En el documento se deja claro que sólo alcanza –para ser considerado agresor, o enemigo– la voluntad de un país para defender sus fronteras, su identidad, su seguridad territorial y/o su soberanía.
Los cuatro objetivos actuales de Estados Unidos en Eurasia son:
Demonizar a Rusia y a China para evitar su ascenso como potencias;
Generar malestar interno en dichos países para impedir su consolidación como potencias;
Separar a Rusia de la Unión Europea tanto en términos comerciales como energéticos y suplir a Moscú como proveedor de gas, en formato licuado; y
Desplegar una nueva carrera armamentista orientada a revitalizar la economía atlantista.
Rusia es en la actualidad el segundo productor de hidrocarburos del planeta. El 40% del gas que consume Europa llega por gasoductos gestionados por Gazprom. El gas licuado –que Washington pretende exportar para suplir las exportaciones rusas– costaba 8 dólares el millón de BTU el año pasado, y hoy cotiza a 55 dólares. Europa se sumó a la ofensiva de Washington y se prepara para un duro invierno después de congelar el proyecto del gasoducto Nord Stream II.
Washington se siente parcialmente victoriosa porque arrastró a la Unión Europea hacia la rusofobia. Ahora necesita que Rusia pierda la guerra en el formato de desprestigio y descrédito. Mientras azuzan a los ucranianos a resistir frente a uno de los ejércitos más poderosos del planeta, planean la venta de armas y la futura reconstrucción de Ucrania. Para Washington, una victoria rusa plena conlleva el peligro de un nuevo orden mundial con un eje Moscú-Beijín. Después de fabricar las condiciones para la guerra, el Departamento de Estado se concentra en la necesidad de imponer una narrativa demonizadora de Putin, capaz de obviar el despliegue de la OTAN y el genocidio en el Donbas.
Su credibilidad, sin embargo, quedó expuesta el último 5 de marzo cuando funcionarios de Biden visitaron Caracas para tramitar la compra de petróleo con quien desconocen como presidente, Nicolás Maduro. Como consignó el marxista de la tendencia Groucho: “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”.
cubaconamalia.wordpress.com 
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