La oposición cubana queriendo “pescar en río revuelto»

Contra Cuba Contrarrevolución

14/04/2022

José A. Amesty – Frente Antiimperialista Internacionalista.- El próximo 19 de abril 2022, luego de esta Semana Santa, se celebrará el 73 período de sesiones del Comité contra la tortura, de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el cual la oscura oposición cubana, intentará en medio de una serie de fallos de la ONU, como, por ejemplo, la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de esa organización y en medio del conflicto en Ucrania y sus burdas noticias por parte de la canalla mediática, se fragua una ignominia contra Cuba.


De igual modo, por su parte, el consorcio de radio y televisión alemán Deutsche Welle (DW) ha esbozado con mayor claridad ese espurio objetivo al publicar un artículo titulado, “Piden que Cuba y Venezuela también salgan del Consejo de DD. HH”. Dicha petición la hace la organización contrarrevolucionaria Center for a Free Cuba (CFC) la cual fue creada en octubre de 1997 en EE. UU., es financiada por la USAID y el NED y tiene la misión de fomentar la subversión contra Cuba.

Pretenden “introducir en los debates el análisis de un espurio informe elaborado por una supuesta “ONG” denominada Prisoners Defenders, en el cual se acusa a Cuba de torturar a los que ellos llaman “prisioneros políticos”, según el escritor Marco Velázquez Cristo, en su artículo “La nueva patraña contra Cuba: sentarla en el banquillo de los acusados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para tratar de forzar su exclusión del mismo”.

El Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés), es el órgano compuesto por 10 expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por sus Estados Partes. El Comité contra la Tortura trabaja para responsabilizar a los Estados de las violaciones de los derechos humanos, investigando sistemáticamente las denuncias de tortura para detener y prevenir este delito.

A su vez, la ONG Prisoners Defenders, según Velázquez Cristo, “se conoce que tiene su sede en Madrid y está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de España, pero en realidad esta falsa ONG es una organización creada por el Departamento de Estado norteamericano, quien la dirige a través de su Embajada en Madrid, y la financia utilizando a la USAID y el NED. Está dirigida a la actividad subversiva contra Cuba. De ella, en septiembre de 2018 surgió una sección, digamos que “especializada”, con fachada de “ONG”, que se denominó “Cuban Prisoners Defenders”, la cual ha estado involucrada en la fabricación de falsas denuncias contra Cuba ante Naciones Unidas, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional”.

Igualmente, el escritor Julio Ferreira, en su artículo en Rebelion.org, “Cuba Prisoners Defenders, ¿una ONG española?”, se pregunta, “¿cuál es la fuente de financiamiento de esta supuesta ONG? Aunque su presidente y fundador (el empresario español Javier Larrondo, de padres cubanos, quien se presenta además como el representante en España y Europa del grupúsculo contrarrevolucionario Unión Patriótica Cubana (UNPACU), cuyo cabecilla es el también asalariado de Washington José Daniel Ferrer García)”, asegura “que su organización ha nacido con sus propios fondos personales”, en realidad resulta poco creíble.

Otras informaciones (que explicarían el accionar anticubano de esta falsa ONG) señalan que el dinero proviene de los fondos del Departamento de Estado norteamericano, el cual la utiliza como organización pantalla para dar cobertura desde Europa a la subversión estadounidense contra la Mayor de las Antillas.

A tal fin, esta “ONG española” actúa con absoluta desfachatez en la fabricación de falsas denuncias contra Cuba ante Naciones Unidas, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional”.

Finalmente, señala Velázquez Cristo, “Cabe preguntarse, ¿por qué Cuban Prisoners Defenders no acusan a los EE.UU. por su sistema de salud, que solamente atiende a quienes paguen costosos seguros médicos? ¿Desconocerá esta falsa ONG que la población carcelaria en EE.UU. es una nueva e inhumana forma de esclavitud? ¿Desconocerá esta organización pantalla que las cárceles privadas en territorio estadounidense son un negocio lucrativo para las corporaciones norteamericanas?”.

“Lo que se nos pretende hacer el 19 de abril es parte de la política hostil del gobierno norteamericano contra Cuba. Él es su verdadero responsable”.

En la otra acera del frente, el escritor cubano Gerardo Moyá Noguera, en su artículo “Torturar, nunca jamás”, señala “Recordaremos, porque bueno es recordar, que el gobierno del pueblo cubano comandado por Díaz-Canel nunca jamás ha torturado ciudadano alguno, ni tan siquiera a los peores enemigos en tiempos del dictador Batista y si no, echen una mirada atrás a lo ocurrido con los presos después de la humillación que sufrió el imperio en las playas de Girón, cuando dichos presos fueron cambiados por tractores”.

Así mismo, enfatiza “Sí, se tortura en Cuba, pero en la base naval de Guantánamo y todos se mantienen callados. Después del 11 de septiembre, fecha fatídica, el ciudadano pakistaní Majid Khan fue brutalmente torturado hasta que “confesó” pertenecer al fundamentalista grupo de Al-Qaeda de Osama Bin Laden. Dicha base pertenece desde hace muchos años al imperio (EEUU), aunque el expresidente Obama en su campaña electoral nos dijo que cerraría para siempre la base, pero no ha sido así y allá se sigue torturando a los presos existentes en la misma, hasta que no pueden más, aguantando terribles torturas por parte de los sicarios que viven en la base de Guantánamo”.

Según un artículo de EFE y tomado de Cubasì “La cárcel de Guantánamo: 20 años de torturas sin fecha de cierre”, señala que, “la prisión de Guantánamo cumple 20 años abierta, pese a ser un polémico símbolo de la lucha antiterrorista de Estados Unidos que actualmente alberga a 39 reos y cuyo cierre todavía no se vislumbra a pesar de las promesas del presidente, Joe Biden.

Ubicado en una base naval estadounidense en el este de Cuba, el centro de detención de la bahía de Guantánamo abrió en 2002 por orden del entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush (2001-2009) como respuesta a los atentados del 11 de septiembre de 2001.

«Veinte años después, es innegable que la prisión de la bahía de Guantánamo es un fracaso legal, moral y ético. Es un símbolo mundial de la injusticia, la tortura y el desprecio por el Estado de derecho», dijo este lunes a Efe Hina Shamsi, directora de Seguridad Nacional de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés).

Destino de casi 800 presuntos terroristas detenidos en Afganistán e Irak, Guantánamo ha estado en el ojo del huracán por los programas de detenciones secretas y torturas, que incluían ahogamientos simulados y técnicas para que los presos no pudieran dormir.

Estados Unidos gasta cada año 540 millones de dólares para mantener Guantánamo, donde en la actualidad hay 39 hombres internados, 27 de ellos sin cargos penales en su contra, según un informe publicado por la ONG Human Rights Watch (HRW) con motivo del 20 aniversario del penal”.

En resumen, la realidad es que, la oposición cubana aprovecha este momento, de aparente confusión mediática y teniendo a su favor, los fallos de la ONU, para lanzar sus zarpazos contra Cuba heroica. No cesan en sus delirios de acabar con la revolución cubana. Pero no lo lograran, porque, como dijera Fidel, “No existe en el mundo fuerza capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas”. Adelante Cuba.

Cuba afirma que EEUU miente sobre la isla en su informe anual sobre DDHH

Contra Cuba Contrarrevolución

La Habana, 12 abr (Prensa Latina) – Foto: EFE/Yamil Lage/POOL.- El canciller Bruno Rodríguez dijo hoy que el bloqueo estadounidense es la principal causa de la violación de los derechos humanos del pueblo cubano.


El diplomático calificó como una mentira del gobierno de Washington un informe divulgado hoy por el Departamento de Estado que una vez más manipula este tema para subvertir el orden constitucional de la nación caribeña.

El proyecto de justicia social y solidaridad internacional de Cuba es un referente en la protección y promoción de los derechos humanos, expresó el canciller en Twitter.

En su mensaje añadió que el gobierno de Estados Unidos miente para justificar las medidas del bloqueo criminal que violan los derechos del pueblo cubano.

La subdirectora de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores Johana Tablada dijo que la campaña de desinformación que lidera y financia Washington no responde a la situación real de derechos humanos en la isla.

Denunció que Estados Unidos y otros países que reciben un trato preferencial de él, reprimen a su población.

La diplomática calificó como un descrédito para el gobierno estadounidense una política engañosa que derrocha millones en una campaña de desinformación a gran escala contra Cuba, su población, sistema de salud y fuentes de ingresos legítimos.

Durante el enfrentamiento de la isla caribeña a la pandemia de la Covid-19, el gobierno de Donald Trump recrudeció el bloqueo con más de 200 medidas coercitivas, como parte de una política que no ha sido revocada por el actual mandatario en la Casa Blanca, Joseph Biden.

Desde el cerco financiero hasta los obstáculos para el acceso a insumos y equipos médicos se manifestaron en esta etapa a pesar de lo cual la isla desarrolló cinco inmunógenos propios para combatir la Covid-19 y logró el control de la pandemia y cooperar con más de una treintena de naciones.

Estados Unidos y los Derechos Humanos en Cuba

Johana Tablada – La pupila insomne

Para su propio descrédito, cada día es más engañosa la apuesta del gobierno de Estados Unidos,  que derrocha millones en torturar a un país y a su población entera para privarle de su sustento, y luego financia generosamente todo tipo de proyectos, plataformas y personas que contribuyan a presentar una imagen demonizada de Cuba, carente de la más mínima objetividad para engañar y tratar de vender e imponer al mundo su atropello.

Con doble rasero extravagante, le resulta más difícil enmascarar la verdadera naturaleza de las medidas inhumanas y bochornosas que emprende contra Cuba cada día, contra su población, su sistema de salud, sus médicos y programas nobles a los que califica de trata de esclavos y todas las fuentes de ingresos legítimos de un país entero.

Una vez más, el gobierno de Estados Unidos, con la «decencia» , «coherencia» y nobles propósitos que lo caracterizan singulariza a Cuba en sus operaciones de desinformación en materia de Derechos Humanos, tema que utiliza como un instrumento más en el esfuerzo de justificar lo que no tiene justificación bajo la luz del Sol. Una política fallida, decadente e inhumana por cualquier ángulo que se le mire, desbordada de medidas coercitivas que violan flagrantemente el Derecho Internacional y los derechos humanos elementales de nuestro país y de toda la población de Cuba.

No hay una familia cubana que no haya sufrido o conocido de la pérdida o enfermedad de algún ser querido en el año 2021 sin que tuviera acceso oportuno a todos los medicamentos necesarios. Es algo que debemos a la inclusión fraudulenta de Cuba en la lista terrorista en el año 2021, al bloqueo recrudecido de Trump y Biden y a la persecución bochornosa de todas las transacciones cubanas incluyendo las de materia prima para producir medicamentos que nunca antes nos faltaron.

¿De qué Derechos Humanos está hablando el Departamento de Estado que en un acto supremo de crueldad prefirió jugar a la politiquería electoral en el momento de máxima necesidad?

Lo cierto es que esa operación de desinformación que lidera y financia el gobierno de Estados Unidos contra Cuba no está vinculada a preocupaciones genuinas por lo que ocurre o no en el mundo y tampoco en nuestro país agredido, cuya situación en Derechos Humanos no es perfecta pero supera, por mucho, la de otros países reflejados en el informe, y supera también la des-protección de los derechos humanos que sufren millones de personas en la propia población de EE.UU.

Tampoco hay medidas coercitivas ni se publican condenas en los mensajes de altos funcionarios de EE.UU. para países que reciben ayudas militares y policiales, privilegio que se revierte en las más novedosas técnicas para reprimir a su población, para dejar sin ojos a estudiantes en Sudamérica o quitar la vida a centeneras de activistas y periodistas. Estados Unidos, que ha encabezado prácticamente todas las invasiones que hemos conocido en nuestras ya no tan jóvenes vidas, también apoya con importantes presupuestos del contribuyente estadounidense a estados que agreden a otros estados soberanos en contra de las resoluciones de las Naciones Unidas y continúan financiando y respaldando operaciones de abuso y represión desconocidas en Cuba.

Mucho que ha alcanzado nuestro pequeño país en materia de Derechos Humanos para todos, mucho más podríamos avanzar en la promoción de los derechos humanos en Cuba, mucho se trabaja para ello en todos los órdenes pero hay que estar ciegos para no ver que es la política de Estados Unidos, su bloqueo tan dañino perpetuado en el tiempo y sus anhelos de dominación de Cuba con esa injerencia desmesurada, el obstáculo principal para que nuestro país alcance sus sueños de justicia social, desarrollo a su capacidad real y democracia plenas.

Mientras tanto seguiremos adelante, ya sabemos que se pueden encontrar reservas y nuevas y mejores formas de avanzar. Ya superamos lo peor y en el país hay reservas inagotables de transformaciones, creatividad y decoro para no aceptar el plan de los abusadores. No se en qué están pensando cuando redoblan la apuesta por el cambio de régimen o como vemos en la política migratoria por la utilización de las necesidades y aspiraciones de miles seres humanos de cubanas y cubanas que desean una vida mejor aún si no fuese en Cuba con la esperanza de forzarlos a atentar contra el país que los formó, les dio salud gratuita y educación. No lo harán, pero muchos más se irán por culpa de ese misma política obsecionada con gastar dinero en hacer colapsar a un país vecino. Es el mismo gobierno que habla en Centroamérica de invertir en la mejora de las condiciones de vida de la población para disminuir la necesidad de emigrar. En Cuba hacen todo lo contrario. Hoy también esas personas que son nuestros vecinos, familiares o amigos son rehenes de la misma política inhumana. Esperemos que prevalezca la cordura de quienes en Estados Unidos quieren o conocen mejor a Cuba.

Yo soy de las muchas que en Cuba me quedo, nadie debe ser castigado por eso , somos las personas optaron y optarán por apostar a mejorar la vida de todos con el concurso de todos, una más de esos millones que votaron no hace mucho en un 86% por nuestra Constitución socialista.

(Facebook de la autora)

EEUU, pretendido árbitro de los derechos humanos en el mundo

Washington, 13 abr (Prensa Latina) Estados Unidos publicó este martes su más reciente informe anual sobre los derechos humanos en el mundo, documento en el que obvia sus problemas internos y señala preocupación por lo que ocurre en otros países, como Cuba.

La National Urban League (NUL) divulgó justamente la víspera un reporte sobre la situación de la población negra en Estados Unidos en 2022 y sus conclusiones resultaron un reflejo de la desigualdad y el racismo sistémico en el país norteamericano.

La NUL detalla que, sin contar cuestiones relativas a la violencia policial, la población afrodescendiente está en desventaja en aspectos como los ingresos económicos, que son inferiores en un 37 por ciento en comparación con los blancos, y tienen menos probabilidades de beneficiarse de una casa en propiedad.

Por otro lado, las restricciones adoptadas en varios estados a la posibilidad de realizar abortos y las legislaciones en una veintena de territorios con obstáculos para el acceso de las minorías a las urnas atentan contra los derechos reproductivos y políticos de una parte de la población estadounidense.

Además, Estados Unidos es la única economía avanzada del planeta sin contemplar bajas o vacaciones garantizadas por ley y, según la Confederación Sindical Internacional, es el peor país desarrollado en cuanto a derechos de los trabajadores.

La organización Human Rights Watch, muy crítica con gobiernos de izquierda, documentó a inicios de este año retrocesos en cuanto a los más elementales derechos ciudadanos en el territorio norteamericano que incluyen los problemas raciales, la actitud hacia la inmigración, así como la eliminación de normas que protegen el medio ambiente y la salud pública.

Con ejemplos como los mencionados anteriormente, -aunque hay muchos otros, incluso relacionados con la política exterior de Washington,- cabe preguntarse, ¿puede Estados Unidos ser el árbitro de los derechos humanos en el mundo?

El texto elaborado por el Departamento de Estado clasifica en función de sus propias directrices a otros países en “buenos o malos”.

El extenso informe, correspondiente al ejercicio de 2021, es el segundo publicado por la administración de Joe Biden y, al igual que el año pasado, reprueban la actitud de Cuba, pero dejan fuera que durante más de 60 años imponen a la isla el bloqueo económico, comercial y financiero.

El gobierno cubano reiteró que el cerco unilateral constituye la mayor violación de los derechos humanos en el país caribeño y es el principal obstáculo a su desarrollo económico.

El canciller de la isla, Bruno Rodríguez, aseguró que Estados Unidos miente para justificar las medidas de bloqueo criminal que violan los derechos humanos del pueblo cubano.

“El proyecto de justicia social y solidaridad internacional de Cuba es un referente en la protección y promoción de los derechos humanos”, escribió Rodríguez en Twitter.

La sección dedicada a Cuba en el informe estadounidense se refiere a los disturbios del 11 de julio de 2021, cuando cientos de personas salieron a las calles de la isla alentados desde el exterior, según afirman las autoridades cubanas.

De acuerdo con La Habana, esas protestas -ocurridas en medio de una situación tensa provocada por la Covid-19 y el bloqueo económico- incluyeron hechos violentos y formaron parte de una campaña promovida desde Washington para impulsar un cambio de régimen en la nación antillana.

El gobierno estadounidense en su texto señala supuestas violaciones a los derechos de los acusados por su participación en los disturbios, un proceso legal que respetó las garantías de los detenidos y las leyes del país, según aseguraron sus familiares y autoridades del sistema judicial y familiares.

La administración norteña calificó a Cuba como “Estado autoritario” por la existencia de una única fuerza política (el Partido Comunista) y por su sistema electoral, ambas cuestiones establecidas en la Constitución de la República, refrendada por la mayoría de los cubanos en 2019.

La subdirectora de Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores Johana Tablada dijo que la campaña de desinformación que lidera y financia Washington no responde a la situación real de derechos humanos en la isla.

La diplomática describió como un descrédito para el gobierno estadounidense impulsar una política engañosa que derrocha millones en una campaña de desinformación a gran escala contra Cuba, su población, sistema de salud y fuentes de ingresos legítimos.

Con Filo: Animales (+ Video)

En este artículo: AnimalesCon FiloCubaFaunaManipulación MediáticaManipulación PolíticaViolencia

Imágenes muy sensibles han dado la vuelta a las redes sociales y los medios de comunicación desde el pasado fin de semana: un rodeo, unos vaqueros-payasos, un pobre gato torturado... Pero el video ha sido suficientemente visto.

¿Qué abordó de novedoso Con Filo este martes? El modo en que esos errores sirven como munición para atacar al sistema cubano. 

En video, el programa

La nueva patraña contra Cuba: sentarla en el banquillo de los acusados en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para tratar de forzar su exclusión del mismo

Por Marco Velázquez Cristo

Los grandes medios estadunidenses y occidentales apoyados por sus escuderías, se han encargado de sobresaturar de noticias falsas sobre lo que acontece en Ucrania.

En el convulso escenario mundial actual, en el cual las informaciones sobre el conflicto en Ucrania marcan la agenda mediática que, los grandes medios estadunidenses y occidentales apoyados por sus escuderías, se han encargado de sobresaturar de noticias falsas sobre lo que acontece en ese país, publicando y amplificando las más burdas e inverosímiles mentiras; se comienza a fraguar una nueva infamia contra Cuba.

El escenario escogido para concretarla, será el del 73 período de sesiones del Comité contra la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se celebrará el próximo 19 de abril. En él pretenden introducir en los debates el análisis de un espurio informe elaborado por una supuesta “ONG” (de ella hablaremos más adelante) denominada Prisoners Defenders, en el cual se acusa a Cubade torturar a los que ellos llaman “prisioneros políticos”.

Quizás nuestros enemigos estén valorando que, el ambiente de desparpajo mediático reinante y las condiciones dentro de la ONU favorables a sus intereses, que les han permitido lograr la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de esa organización, les propiciarán lograr el mismo resultado con Cuba o por lo menos cuestionar su pertenencia al mismo.

Concebir que tengan esa pretensión no es fruto de una especulación descabellada. El título del artículo del The Washington Post que pudiéramos catalogar de una especie de preámbulo a la campaña que, ya empieza a desatarse para apoyar la nueva infamia que se fragua contra nuestra patria resulta sugerente, lo intitula el Post, “Opinión: Cuba tortura presos políticos y a la vez integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.

Por su parte el consorcio de radio y televisión alemán Deutsche Welle (DW) ha esbozado con mayor claridad ese espurio objetivo al publicar un artículo ​ titulado, “Piden que Cuba y Venezuela también salgan del Consejo de DD.HH”. Dicha petición la hace la organización contrarrevolucionaria Center for a Free Cuba (CFC) la cual fue creada en octubre de 1997 en EE.UU., es financiada por la USAID y la Ned y tiene la misión de fomentar la subversión contra Cuba.

Tal como señalara el representante cubano ante la Asamblea General al explicar el voto en contra de la exclusión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, lo ocurrido con ese país sienta un precedente que abre las puertas a la aplicación de medidas similares a países cuya permanencia y voces resulten incomodas a EE.UU. en ese Consejo.

En este contexto, resulta evidente que ya se apresuran a intentar aprovechar ese precedente y a tratar de utilizarlo para concretar su infame agresión contra Cuba, cuya digna voz no es para nada agradable al molesto y arrogante vecino del norte.

Pero es necesario volver al artículo del influyente diario norteamericano, porque en él su autor el contrarrevolucionario Abraham Jiménez Enoa, con el cínico desenfado con el que suele manipular y mentir sobre nuestra realidad, anuncia la pretensión de sus amos de realizar la provocación a que nos hemos referido anteriormente.

No me centraré en analizar su conducta, en este caso como en otros anteriores, su falta de valores patrios y éticos, su necesidad de reconocimiento, así como su coincidencia y subordinación a los intereses de quienes lo financian, son los resortes que la condicionan. No vale la pena dedicar tiempo a quien se ha convertido en instrumento habitual de las campañas de descredito contra Cuba. En definitiva, el mensajero no es importante, sino lo que se pretende con él.

En cuanto a Prisoners Defenders se conoce que tiene su sede en Madrid y está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de España, pero en realidad esta falsa ONG es una organización creada por el Departamento de Estado norteamericano quien la dirige a través de su Embajada en Madrid, y la financia utilizando a la USAID y la NED. Está dirigida a la actividad subversiva contra Cuba. De ella en septiembre de 2018 surgió una sección digamos que “especializada”, con fachada de “ONG” que se denominó “Cuban Prisoners Defenders”, la cual ha estado involucrada en la fabricación de falsas denuncias contra Cuba ante Naciones Unidas, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional.

La simplificación del nombre en el caso que nos ocupa, no significa un cambio de actores, en esencia son el mismo engendro con similares objetivos, tal es así que los periodistas de los medios hegemónicos utilizan para referirse a ellas ambos nombres indistintamente. 

Sus “informes versan por lo general sobre supuestas violaciones de los Derechos Humanos en Cuba, las presuntas torturas a “presos políticos”, la población carcelaria de la isla cuya magnitud sobredimensionan, a la vez que mienten sobre sus condiciones de reclusión. Por ejemplo, plantean que nuestro país tiene el mayor número de personas detenidas del mundo, algo que desmiente el informe de World Prison Brief (WPB) sitio con sede en Londres que brinda acceso gratuito a información sobre los sistemas penitenciarios en todo el mundo, el cual sitúa a EE.UU. en el primer lugar mundial en cuanto a cantidad de personas privadas de libertad se refiere.

Además, suelen realizar campañas de descredito contra las misiones medicas cubanas, tergiversando sus objetivos, y presentando a sus participantes como víctimas de trabajo esclavo.

Su fundador y presidente es Javier Larrondo, empresario español de padres cubanos procedentes de una familia de la burguesía de la etapa prerrevolucionaria que, se presenta como representante en España y Europa del grupúsculo contrarrevolucionario Unión Patriótica Cubana (UNPACU), con cuyo cabecilla el apátrida José Daniel Ferrer García mantiene estrechas relaciones. Este hecho, así como declaraciones del propio Larrondo presentan a “Cuban Prisoners Defenders” como parte de la mencionada organización contrarrevolucionaria.

No obstante, el alcance y grado de organización de sus actividades, la articulación de sus acciones con las de otros engendros subversivos, el apoyo que estos le brindan, y el monto de la financiación que se requiere para las mismas, indican que “Cuban Prisoners Defenders” es mucho más que un apéndice de la UNPACU.

Javier Larrondo no es un filántropo” como lo pretende presentar la prensa española. Es desde hace años un activo adversario de la revolución cubana que, participa de manera sistemática en actividades contra Cuba, vinculándose a organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en el exterior como la ya desaparecida Fundación Hispano-Cubano (FHC), filial en España de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), conocida por su apoyo a acciones terroristas contra Cuba.

También mantiene vínculos con elementos de la extrema derecha cubano americana radicados en EE.UU. que incitan a la realización de acciones violentas contra la Isla, así como con organizaciones de corte terrorista con base en la Florida como la FNCA. En su cruzada contra la mayor de las Antillas ha unido esfuerzos con organizaciones de corte conservador que responden a las autoridades norteamericanas como son: Asociación de Iberoamericanos por la Libertad, Fundación para la Democracia Panamericana, Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Solidaridad sin Fronteras, The Global Liberty  Alliance y el Instituto Fe y Libertad.

Todo este accionar que apoya y coincide con las infames campañas de descredito del gobierno de Estados Unidos contra Cuba revela a quien responde “Prisoners Defenders” o “Cuban Prisoners Defenders”, da lo mismo.

Por otra parte, sería ingenuo pensar que esta nueva agresión contra nuestra patria es solo el fruto de la maldad y la bajeza de los mercenarios que a sueldo del gobierno norteamericano deambulan por el mundo rumiando su frustración y odio hacia la revolución cubana. Lo que se nos pretende hacer el 19 de abril es parte de la política hostil del gobierno norteamericano contra Cuba. Él es su verdadero responsable.

Pero como dijera Fidel, “No existe en el mundo fuerza capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas”.

Como en otras ocasiones fracasarán.

La Universidad de las Artes (ISA) de La Habana denuncia campaña de manipulación tras condena de estudiante implicado en la operación del 11 J

Contra Cuba Contrarrevolución

El Consejo Universitario de la Universidad de las Artes (ISA) ha publicado este comunicado sobre la manipulación en torno a la condena del estudiante del ISA Abel González Lescay por los hechos violentos del 11 de Julio pasado, en el marco del intento de golpe de estado instigado por EEUU. 


DECLARACIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE LA REPÚBLICA DE CUBA

El Consejo Universitario de la Universidad de las Artes (ISA) manifiesta su profundo rechazo a las campañas que en nombre de la comunidad universitaria pretenden desacreditar a la Revolución, en particular, las promovidas por medios de prensa y operadores políticos con la intención de manipular la transparencia de los juicios acontecidos a raíz de los sucesos del 11 de julio de 2021. 

En ese sentido, resulta evidente la intención de un grupo de personas -algunas de las cuales estuvieron vinculadas al ISA en calidad de estudiantes y profesores, y que hoy participan de un activismo político contrarrevolucionario en las redes sociales- por generar episodios de crisis que atenten contra el funcionamiento de la institución y desgasten a sus autoridades, limitando de ese modo el avance de los procesos formativos y culturales que se desarrollan en esta casa de altos estudios. 

El más reciente episodio se ha generado a partir de la figura de Abel González Lescay, estudiante de 2do. año de música, sancionado por el Tribunal Provincial Popular de Mayabeque a seis años de privación de libertad, por los delitos de desacato agravado de carácter continuado, desórdenes públicos y desacato de figura simple de carácter continuado. 

La campaña intenta apelar a la empatía de estudiantes y profesores, simplificando los hechos por los cuales fue sancionado Abel González Lescay y desconociendo el ordenamiento jurídico existente en el país, pues su caso se encuentra en proceso de revisión por el Tribunal Supremo Popular. 

Aun cuando el ISA es una institución creada por la Revolución y los valores que defiende están en contradicción con la actitud cívica del Abel González, se le ha prestado atención diferenciada y se ha mantenido una comunicación sistemática con su familia. 

La Universidad emitió documentos de aval a los órganos competentes notificando su condición de estudiante-artista, los cuales fueron tomados en consideración para que respondiera al proceso en libertad, condición de la cual continúa disfrutando actualmente. En ningún momento fue suspendido de la docencia, no se limitó su participación en la vida universitaria y permaneció alojado en la Residencia Estudiantil. Recibió voluntariamente acompañamiento del Departamento de Bienestar Universitario para facilitarle el manejo de emociones en una etapa de tensiones psicológicas, y por sugerencia de los profesionales de esa área, no fueron analizadas con rigor las indisciplinas que cometió en la etapa, para evitar sobrecargarlo en medio de un proceso judicial. 

Representantes de la institución asistieron al acto de juicio oral y dieron fe de la práctica de todas las garantías constitucionales, como corresponde al estado de derecho en que vivimos. Las principales autoridades del ISA han dado seguimiento a todo su proceso y le han sido dadas de manera oportuna las informaciones a los consejos de la FEU de la Residencia Estudiantil y de la Universidad. 

La carta en supuesta defensa de Abel González Lescay, publicada en redes sociales y medios de prensa con una actitud abiertamente en contra de la Revolución, ha servido de pretexto para que activistas políticos y personas ajenas a la Universidad se sumen a la campaña de difamación que ha venido articulándose con mayor fuerza en los últimos años.  

La Universidad de las Artes es un espacio de crecimiento artístico e intelectual, en la cual se defiende la libertad de creación como forma de expresión individual y colectiva; pero no dará espacio a los enemigos de la Revolución para que de forma impune orquesten sus campañas e intenten desestabilizar la grandeza de una obra que, a pesar de las carencias materiales y las limitaciones económicas que atraviesa el país, ha sido esencial para el campo cultural cubano y ha aportado a la sociedad prestigiosos profesionales del arte.

La Habana, 11 de abril de 2022

“Año 64 de la Revolución”

La FEU de la FAMCA desmiente carta de apoyo al estudiante Abel González Lescay

FakeNewsVsCuba.- Desde la página en Facebook el Secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de las Artes alerta al estudiantado de la universidad de la utilización del nombre de varios estudiantes para presentar a la dirigencia del país una carta con un texto cambiado respecto a la que les fue mostrada.

La FEU de nuestra universidad rechaza la falta de los valores más elementales de la honestidad que ha motivado esta situación. La carta se refiere al caso del estudiante Abel González Lescay, quien participó en los disturbios ocurridos el 11 de julio de 2021, siendo procesado por desacato y desorden público, por lo que fue a sancionado a 6 años de privación de libertad, encontrándose actualmente en proceso de apelación.

En un grupo de Whatsapp les fue mostrado a varios estudiantes un texto para sensibilizarse con su situación para ser dirigido a las autoridades del país, presentando que el estudiante había sido procesado por ofender a un policía y recibido por esto una sanción que consideraban desmedida. Una vez lograda la sensibilidad de parte de los estudiantes y obtenido sus nombres, en el día de ayer se intentó hacer entrega en la oficina del Rectorado de la Universidad de una carta impresa dirigida a varias autoridades gubernamentales y organizaciones, en la que el texto fue cambiado, diciéndose que el estudiante sancionado había sido juzgado ¨únicamente por rapear en la vía publica¨, algo que incluso los firmantes conocen que no es verdad.

Al conocer lo antes expuesto, varios de los estudiantes de la universidad que aparecen como firmantes han reaccionado con indignación por el uso de su nombre, que fuera obtenido por un llamado a la sensibilidad, utilizándolo en una carta dirigida a las autoridades del país cuya mención principal consiste en una falsedad. Esto no solo afecta la integridad pública de nuestros estudiantes, sino que manipula y utiliza sin escrúpulos su nombre y la imagen en función del interés de alimentar una campaña política en torno a los procesos judiciales a partir del 11 de julio.

Esperamos que esta alerta esclarezca al estudiantado de nuestra universidad, como experiencia para evitar brindar sus nombres, motivados por sentimientos honestos, a personas cuyo único interés en este caso es crear una situación más compleja al propio estudiante y aprovecharse de eso políticamente. La FEU está comprometida con la protección a la integridad pública y del uso de los datos personales de los estudiantes y velando por ese deber emitimos esta alerta.

Secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de las Artes

La defensa de los detenidos del 11 de julio, en el guion de la guerra blanda contra Cuba

Por Periódico Granma

Foto: Razones de Cuba

De tanto repetir esa escaramuza en que una supuesta articulación de foros mundiales condena hechos específicos –mientras silencian bajos sus faldas mediáticas la basura propia, generalmente más alevosa, horrenda y escandalosa que el asunto que atacan– ya no pueden esconderla como herramienta promotora de esos golpes blandos con que lograron destruir la estabilidad de varios países, y que hace rato ensayan contra Cuba, sin otros resultados que el fracaso y el ridículo.

De las más recientes campañas subversivas contra la Revolución Cubana, un reportaje investigativo del portal Misión Verdad, titulado Mapa de acciones y actores en la guerra blanda contra Cuba, desenmascaró cómo, además de la Unión Europea, organizaciones mundiales como Amnistía Internacional y Pen International han exigido durante meses la liberación de los detenidos por los hechos vandálicos del 11 y 12 de julio de 2021.

En una investigación anterior había sido develado cómo la Fundación Cadal estimuló económicamente las protestas, y sus recursos llegaron «de manos de las sucursales de la CIA para la región, la Fundación Atlas (vinculada a los hermanos Koch), la Fupad (Fundación Panamericana para el Desarrollo), la Usaid y la NED».

Hay otros actores, precisó el reportaje: el Instituto de Periodismo de Paz y Guerra, Factual, Distintas Latitudes, Fundación Sueca de Derechos Humanos, Editorial Hipermedia, Diario de Cuba, Cubanet, la Universidad Sergio Arboleda (núcleo tecnocrático del uribismo, de donde proviene Iván Duque), además de captadores de fondos desde las distintas agencias y fundaciones, junto a otras ong registradas en distintos países que enmascaran a medios como CiberCuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita Now, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo y YucaByte.

El portal destacó que el entramado de medios, influencers y agentes mediáticos que dan respaldo a los actores comprados para el cambio de régimen en Cuba, se ha movido con fuerte financiamiento, hasta la actualidad, en redes y medios digitales.

Recordó Misión Verdad que, durante las protestas de julio pasado en Cuba, fue detenido Luis Manuel Otero Alcántara, el coordinador del llamado Movimiento San Isidro (MSI), y quien, desde entonces, ha dicho realizar varias huelgas de hambre.

Uno de sus patrocinadores, la Fundación Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), con sede en Argentina, solicitó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que intercediera por Otero, y lo mismo pidieron para Maykel Castillo Pérez «Osorbo», detenido desde mayo de 2021 por los delitos de resistencia y desacato.

El pasado 30 de marzo, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, emitió un comunicado en el que calificó aquellas protestas vandálicas de «manifestaciones espontáneas» que fueron «un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión».

En claro acto de injerencia, también valoró de «desproporcionadas» las 128 sentencias aplicadas a los operadores de la escalada violenta que buscaba llevar a cabo un golpe blando.

Además, hizo un llamado a las autoridades cubanas para que permitieran a la comunidad diplomática asistir a los juicios e instó a liberar a todos los implicados que son sujetos de justicia y derecho, según la legislación cubana.

El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió contundente: «Solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso», y añadió que no le asiste derecho alguno o autoridad moral a la UE para intervenir en cuestiones que solo competen al Estado cubano.

El Canciller manifestó que la ue debería ocuparse de los episodios de represión que se producen en sus Estados miembros y de los menores detenidos en sus cárceles.

El comunicado de Borrell hacía referencia a condenas de 30 años. Se trata de dos casos que se corresponden con el delito de sedición (desestabilizar al Estado y subvertir el orden legalmente establecido en Cuba) porque se armaron de piedras, botellas y otros objetos para la agresión, que fueron lanzando al cordón de agentes públicos, mientras avanzaban hacia ellos.

Los condenados buscaban tomar una estación policial, uno de ellos reincidente en la comisión de hechos delictivos, y quien se encontraba de licencia extrapenal; el otro, multirreincidente y antes sancionado a 12 años de privación de libertad por robo con fuerza, y a tres meses de privación de libertad por hurto.

Sobre los que alegan como menores de edad: fueron sancionados 31 acusados entre 16 y 20 años, a quienes se les aplicó la reducción de los marcos mínimos y máximos de las penas. A los de 16 a 18 años se les pueden reducir hasta la mitad, y a los de 18 a 20, hasta un tercio. A 22 de ellos se les probó mala conducta social, además de estar sin vínculos laborales o estudiantiles.

Aunque también subrayado por Misión Verdad, sobran las evidencias públicas de la intervención flagrante del Gobierno de Estados Unidos y de varias de sus administraciones aliadas, en la escalada desestabilizadora desarrollada el año pasado, en el marco de una agudización de las medidas coercitivas unilaterales y de los efectos de la pandemia de la COVID-19.

Mapa de acciones y actores en la guerra blanda contra Cuba

Por Misión Verdad

El pasado 30 de marzo, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, emitió un comunicado en el que calificó de «manifestaciones espontáneas» que fueron “un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión» a las protestas nacionales del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba.

Es conocida la intervención de Estados Unidos y varios de sus gobiernos aliados en la escalada desestabilizadora desarrollada el año pasado en el marco de una agudización de las medidas coercitivas unilaterales y de los efectos de la pandemia global de covid-19.

En un claro acto de injerencia, Borrell calificó de «desproporcionadas» las 128 sentencias aplicadas a los operadores de la escalada violenta que buscaba llevar a cabo un golpe blando. Además hizo un llamado a las autoridades cubanas para que permitieran a la comunidad diplomática asistir a los juicios e insta a liberar a todos los implicados que son sujetos de justicia y derecho, según la legislación cubana.

La respuesta del gobierno cubano no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien también es miembro del Buró Político, señaló que «solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso», añadiendo que no le asiste derecho alguno o autoridad moral a la UE para intervenir en cuestiones que solo competen al Estado cubano. Manifestó que la UE debería ocuparse de los episodios de represión que se producen en sus Estados miembros y de menores detenidos en sus cárceles.

Acciones para criminalizar a Cuba

Como es sabido, el año pasado se desarrollaron pequeñas y medianas manifestaciones en algunas ciudades de Cuba que pedían una «intervención humanitaria», pero que en el fondo buscaban desmontar, con el mismo guión pero con actores nuevos, el proceso revolucionario que lleva más de 60 años en desarrollo. Ello estuvo acompañado de una guerra de desinformación y un componente que incluyó a sectores de la movida cultural de la isla.

Se trató de un llamado a Estados Unidos y la «comunidad internacional» a intervenir en un supuesto colapso de la crisis sanitaria y económica que experimentó la isla por la pandemia, agravado por los impactos de la guerra económica, financiera y comercial que lleva a cabo Washington. El saldo judicial fueron más de 1 mil 400 personas detenidas y 790 imputadas, de las cuales surgen las condenas señaladas por el comunicado injerencista europeo.

En un acto de superioridad ilusoria, el eje europeo intenta pontificar sobre derechos humanos, aun cuando está subordinado a Washington, sus miembros cierran medios, condenan raperos como Pablo Hasel por acusaciones a un monarca presuntamente implicado en corrupción y la represión a las protestas de los Chalecos Amarillos en Francia sobrepasan los 1 mil heridos y ha ocasionado la pérdida de ojos e incluso manos a varios manifestantes.

Mientras la UE condena a Cuba, el rapero español Pablo Hasel fue condenado por «injuriar a la monarquía y enaltecer el terrorismo» y en las protestas por su encarcelamiento hubo 137 detenidos en toda Cataluña. Foto: Reuters.

Durante las protestas de julio pasado en Cuba, fue detenido Luis Manuel Otero Alcántara, el coordinador del Movimiento San Isidro (MSI), desde entonces ha realizado varias huelgas de hambre en la cárcel y depuso tal medida en febrero pasado.

Uno de sus patrocinantes, la Fundación Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede en Argentina, solicitó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que intercediera por Otero. Asimismo pidieron intercesión por Maykel Castillo Pérez «Osorbo», quien está detenido desde mayo de 2021 por presuntos delitos de resistencia y desacato, es ganador de dos Grammy Latinos por la canción «Patria y Vida» junto al rapero Yotuel Romero, el cantante y compositor Descemer Bueno, y el grupo reguetonero Gente de Zona.

El comunicado de Borrell hace referencia a condenas de 30 años. Se trata de dos casos que se corresponden al delito de sedición (desestabilizar al Estado y subvertir el orden, legalmente establecido en Cuba) porque se armaron de piedras, botellas y otros objetos para la agresión, que fueron lanzando al cordón de agentes públicos, mientras avanzaban hacia ellos. Los condenados buscaban tomar una estación policial, uno de ellos es reincidente en la comisión de hechos delictivos y se encontraba de licencia extrapenal, el otro es multirreincidente y había sido sancionado a 12 años de privación de libertad por robo con fuerza, y a tres meses de privación de libertad por hurto.

En relación con los condenados que son menores de edad:

  • Fueron sancionados 31 acusados entre 16 y 20 años de edad a quienes se aplicó la reducción de los marcos mínimos y máximos de las penas.
  • A los de 16 a 18 años se les pueden reducir hasta la mitad, y a los de 18 a 20, hasta 1/3.
  • A 22 de ellos se les probó «mala conducta social», además de estar sin vínculos laborales o estudiantiles.

Un mapa de actores y acciones(nuevay no tan nuevas) con un viejo guión

Además de la UE, decenas de prestigiosas organizaciones mundiales, como Amnistía Internacional y Pen International, han exigido durante meses la liberación de los detenidos por los hechos de julio pasado.

En una investigación anterior se devela cómo la Fundación Cadal estimuló económicamente las protestas, y sus recursos provenientes «de manos de las sucursales de la CIA para la región; la Fundación Atlas (vinculada a los hermanos Koch), la Fupad (Fundación Panamericana para el Desarrollo), la USAID y la NED».

Hay otros actores como el Instituto de Periodismo de Paz y Guerra, Factual, Distintas Latitudes, Fundación Sueca de Derechos Humanos, Editorial Hipermedia, Diario de Cuba, Cubanet, la Universidad Sergio Arboleda (núcleo tecnocrático del uribismo de donde proviene Iván Duque), además de captadores de fondos desde las distintas agencias y fundaciones junto a otras ONG registradas en distintos países que enmascaran a medios como CiberCuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita Now, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo y YucaByte.

El entramado de medios, influenciadores y agentes mediáticos financiados dan respaldo a la actividad de actores comprados para el cambio de régimen en Cuba, se ha movido con fuerte financiamiento hasta la actualidad en redes y medios digitales.

Además del ciberactivismo han escalado en nuevas tendencias periodísticas, como afirma el periodista Javier Gómez Sánchez:

«Son medios digitales creados y sostenidos como parte de una operación a largo plazo implementada por la CIA en Cuba para fabricar una prensa que, desde internet, generara contenido político deliberadamente tóxico hacia la Revolución, bajo la fachada del ejercicio periodístico».

El 2 de junio, poco antes del montaje insurreccional, Samantha Power, directora de la USAID, condenó el encarcelamiento de Osorbo, haciendo evidente la apuesta de su agencia por la infiltración en la industria de la música hip-hop de Cuba y la captación de raperos para condicionar culturalmente a las generaciones más jóvenes e incitarlas al «cambio de régimen». Es un proyecto estratégico que tiene como núcleo las principales ciudades cubanas pero teledirigido desde Estados Unidos.

Breves perfiles de algunos operadores

Un breve perfil define a los dos personajes nombrados:

  • Luis Manuel Otero Alcántara. Se ha dedicado, a través de grotescas expresiones seudoartísticas, a promover valores contrarios a la Revolución Cubana, los símbolos patrios, bordeando a sus anchas con la ofensa pública, la provocación y la ilegalidad.
  • Maykel Castillo «Osorbo». Emitió constantes llamamientos, vía redes sociales, a la violencia, al irrespeto y al desorden, abogando por una invasión estadounidense en Cuba. Ha sido procesado con anterioridad por los delitos de robo con fuerza, hurto, desacato y atentado.
Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel «Osorbo» Castillo del Movimiento San Isidro han sido condenados por delitos recurrentes en Cuba y el gobierno de Estados Unidos reclama que sean liberados «inmediatamente» Créditos: Diario de Cuba

Otros actores:

  • Berta Soler. Líder de las Damas de Blanco, quien declaró en España que la Cuba de Batista fue una «joya de oro», posee un amplio historial de provocaciones respaldadas con dinero proveniente de la Fundación Nacional Cubano Americana en Florida (Estados Unidos). La falta de efectividad de sus acciones mediáticas le han pasado factura, por eso ha disminuido la cantidad de dinero que recibe, se le ha acusado de utilizar esos fondos para beneficios personales y no para luchar por una supuesta «causa de Cuba».
  • José Daniel Ferrer. Promotor de acciones delictivas y contrarrevolucionarias dotado de reconocimiento internacional. Se trata de aquel personaje que se golpeaba la cabeza varias veces contra una mesa, para acusar luego a un oficial de seguridad de haberlo agredido.
  • Denis Solís. Posicionado como motor de movilización para el MSI. Cumplió sanción en Cuba por agresión a un policía en la puerta de su casa cuando fue citado para que declarara sobre su vínculo con grupos contrarrevolucionarios en el exterior que planificaban realizar acciones vandálicas, al finalizar la medida salió de Cuba con destino desconocido.

Actores desde fuera de Cuba:

  • Orlando Gutiérrez Boronat. Cubano-americano afincado en el sur de Florida, dirige la organización Directorio Democrático Cubano o Dirección Democrática Cubana, aun cuando sus discursos se tiñen de pacifismo en noviembre de 2020 emitió un comunicado diciendo que:

«Si hay represión mortal, es legítimo el uso de la fuerza militar para reprimir al pueblo de Cuba, y llamamos a la intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derrocar ese régimen y ponerle fin».

  • Ultrak. Promueve acciones terroristas en Cuba, financia la realización de actos vandálicos dentro de la Isla y usa las redes sociales para realizar convocatorias groseras al desacato, trasladando así la agresividad de su lenguaje en redes sociales a la realidad cubana, ha llegado a amenazar de muerte a periodistas en Cuba.
  • Alexander Otaola. Inicialmente atrajo público y seguidores abordando temas relacionados con artistas y la farándula pero luego definió su clara línea de incitación a un estallido social en la Isla mediante la desobediencia y el caos. En 2020 entrevistó en su programa al entonces presidente estadounidense Donald Trump y le entregó una “lista roja” de cubanos a quienes impedir la entrada al país, entre ellos, el dúo Gente de Zona y sus familias por haber saludado al presidente Miguel Díaz-Canel durante un concierto en La Habana. El grupo purgó su culpa participando en «Patria y Vida».
  • Tania Bruguera. Operadora del MSI que busca beneficios y posicionamiento, rozando con la ilegalidad mediante la organización de actos provocadores de violencia y confrontación en espacios como la Plaza de la Revolución, todo desde una construcción simbólica en el arte.
  • Carlos Manuel Álvarez. Dirige el medio llamado El Estornudo, desde sus redes sociales intenta denigrar la labor de los médicos cubanos en el exterior, del Che y Fidel. Es un periodista y literato cubano de alto nivel instalado en México que logró insertar al MSI en medios hegemónicos como el New York Times.
  • Omara Ruiz Urquiola. Exprofesora del Instituto Superior de Diseño, participante del MSI, relacionada con altos funcionarios del gobierno estadounidense en Cuba. Calificó de «aprovechados y arribistas» a una parte del Movimiento San Isidro que participó en espacios de diálogo con el Ministerio de Cultura de Cuba.
  • Elaine Díaz. Periodista y exprofesora de la Universidad de La Habana radicada fuera de Cuba y dedicada a reclutar a jóvenes periodistas y universitarios para construir narrativas subalternas contra la Revolución Cubana. Fue la primera cubana en obtener una beca Nieman, de la Universidad de Harvard, dentro de los programas de «formación de líderes» que se han implementado y financiado en varias universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina a través de entidades injerencistas aparentemente inocentes.

 Elementos que conforman la campaña subversiva encabezada por actores de la cultura, medios informativos y redes sociales Créditos: Prensa Latina.

  • Eliécer Ávila. Radicado en Estados Unidos, quien ha declarado en múltiples ocasiones que apuesta por la violencia y la invasión a Cuba, vinculado al partido de ultraderecha Vox y opera desde el grupo Somos+. Llegó a criticar las manifestaciones del Black Lives Matter, y decía que el alto desempleo entre la población negra, en aquel país, se debe a su falta de «voluntad de trabajo». Firmó una carta, dirigida al presidente Joe Biden, exigiendo no levantar el bloqueo ni las sanciones económicas a su país (14).
  • Ariel Ruiz Urquiola. Biólogo que ha intentado denigrar la cooperación médica internacional de la Isla y el Sistema Nacional de Salud que le atiende una enfermedad crónica y le garantiza gratuitamente sus medicamentos. Es presentado por Estados Unidos como ecologista y defensor de los Derechos Humanos, tiene una sanción por el delito de desacato y vínculos con representantes en La Habana del gobierno de Estados Unidos.
  • Rosa María Payá. Representante de los intereses de la extrema derecha de Miami en relación con Cuba, en su cuenta en Twitter publicó: «Por años he solicitado primero a la administración de Obama y después a la de Trump reincorporar al régimen de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo porque es lo correcto y lo coherente». Solicitó el miércoles 30 de marzo al Parlamento del Reino Unido, la aplicación de sanciones a Cuba por «violar derechos humanos y la represión judicial contra los manifestantes del estallido social del 11 y 12 de julio pasado».

Manu Pineda a Josep Borrell: “En Cuba se condena como en cualquier Estado democrático de derecho”

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“Una vez más, la declaración del Alto Representante no habla de la agresión constante contra Cuba por parte de Estados Unidos”, afirma Pineda en su carta a Borrell. Foto: Tomada de izquierdaunida.org.

“El camino de la injerencia y el insulto no es el más apropiado para la construcción de las buenas relaciones con países soberanos”, afirma el eurodiputado Manu Pineda en carta a Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a raíz de su declaración sobre los procesos judiciales relacionados con los hechos de julio de 2021, que, señala Pineda, “ no habla de la agresión constante contra Cuba”.

Sobre la declaración de Borrell, Pineda afirma que “consideramos que es una injerencia inadmisible en las decisiones del sistema judicial de un Estado soberano”.

El eurodiputado español sostiene en su carta al también vicepresidente de la Comisión Europea que “las personas detenidas, juzgadas y condenadas lo han sido por actos probados y demostrada participación que tipifican como delitos de desorden público, instigación a delinquir, daños, robos con fuerza y violencia, atentado y sabotaje”.

Al respecto, recuerda que “en distintas localidades se apedrearon instituciones oficiales, hospitales, establecimientos comerciales y de expendio de combustible. Muchos de ellos, como consecuencia de la violencia generada, resultaron saqueados y sustraídos los bienes, provocándose cuantiosos daños; asimismo, fueron asediados, volcados y dañados medios de transporte público”.

Pineda subraya que “en Cuba no se está persiguiendo la libertad de expresión, ni la de protesta, ni de reunión. En Cuba se está dando respuesta legal a los graves hechos que atentaron contra el orden constitucional y la estabilidad de ese Estado.

“Debemos tener en cuenta que pensar diferente, cuestionar o manifestarse no constituye un delito en Cuba. Lo que se condena es, como en cualquier Estado democrático de derecho, llevar a cabo o incitar a disturbios, al desorden, a agredir, dañar o desobedecer”.

El eurodiputado de Izquierda Unida-Unidas Podemos afirma que en la declaración de Borrell, “que se realiza 48 horas después de que el enviado especial de la UE para los DD.HH., Eamon Gilmore, se reuniese con su contraparte estadounidense, la subsecretaría para la Democracia, los DD.HH. y el Trabajo, Lisa Peterson, se dice expresamente que se condenó a personas menores de 18 años en el momento de su arresto, obviando el hecho de que la edad penal en Cuba es a los 16 años, la misma que en muchos Estados miembros de la UE”.

Recuerda, a continuación, que “en EE.UU. puede ser a partir de siete años, según las leyes de cada estado. En Estados Unidos, miles de niños permanecen condenados a cadena perpetua, pero eso al parecer no es motivo de preocupación de la Unión Europea ni de denuncia por parte del Alto Representante, lo que conlleva un evidente doble rasero a la hora de valorar los acontecimientos en función de a quién vaya dirigida la denuncia”.

“Una vez más –prosigue Pineda en su carta a Borrell–, la declaración del Alto Representante no habla de la agresión constante contra Cuba por parte de Estados Unidos, del bloqueo, de la instigación al odio, explícita e implícitamente, desde medios pagados directamente por el Gobierno estadounidense y desde plataformas que son financiadas desde el exterior y, en particular, desde los Estados Unidos”.

Apunta que la declaración de Borrell “va en contra del fomento de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea y del interés por fortalecer el Acuerdo de Diálogo Político y de Cooperación entre ambas partes.

“Por ello, le expresamos nuestra preocupación por la falta de objetividad a la hora de efectuar este tipo de denuncias. Entendemos que el camino de la injerencia y el insulto no es el más apropiado para la construcción de las buenas relaciones con países soberanos”.

Y concluye: “Llamamos a la profundización, desde el respeto, del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la UE y Cuba”.

Juristas habaneros rechazan campañas de descrédito contra abogados y fiscales que intervinieron en procesos del 11 de julio

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El gremio patentizó su apoyo y solidaridad a fiscales y jueces que intervienen en investigaciones y juicios

Juristas habaneros reunidos este domingo en la asamblea de balance de su organización en La Habana respaldaron una declaración a favor de sus miembros, a raíz de las calumnias y campañas de descrédito contra esos profesionales tras intervenir en los procesos judiciales derivados de los hechos de julio pasado.

La declaración de la filial habanera de la Unión de Juristas de Cuba (UNJC) destaca la labor desempeñada por abogados y fiscales, los cuales –recalca– “actuaron apegados al debido proceso”.

El encuentro, presidido por Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana; el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, y la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, sirvió también para repasar el trabajo de los profesionales del derecho durante 2021.

“En estos días hemos estado observando cómo se articulan algoritmos y matrices de opinión subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces, mayoritariamente jóvenes, que enfrentan con profesionalidad el más estricto principio procesal de la tutela judicial efectiva y del debido proceso tras los hechos vandálicos que tuvieron lugar el pasado 11 de julio de 2021”, dijo Osmín Álvarez Bencomo, presidente de la Junta Directiva Provincial de la organización en La Habana.

“Indignan las descalificaciones de conductas delictivas extremadamente graves que fueron tipificadas y sancionadas a raíz de estos hechos por sedición, al tratarse del levantamiento colectivo y violento de un grupo de personas contra autoridades y el orden público con el fin de derrocarlo”, agregó Álvarez Bencomo.

La declaración emitida por la UNJC de La Habana subraya que “los juristas de Cuba, en especial los de la capital, rechazamos categóricamente y enfrentamos cualquier intento de manipulación mediática y advertimos que, contra todo aquel que intente subvertir la justicia que en nombre del pueblo de Cuba se imparte, mediante amenazas o el descrédito, o simplemente facilitando la información, caerá todo el peso de la ley.

“Por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera”.

Tras la lectura del texto, Torres Iríbar hizo un breve recuento de los hechos del 11 y 12 de julio en La Habana, y dijo que la campaña que se ha desatado contra jueces y fiscales “no es más que una articulación para destruir el sistema judicial de la Revolución”.

“No habrá odios, solo habrá justicia. Apoyamos y respaldamos la declaración de los juristas cubanos. La justicia revolucionaria es garante de la Revolución”, afirmó.

La máster en Derecho Civil y vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Ludmila Collazo Rodríguez, denunció que tras darse a conocer las notificaciones resultantes de los procesos judiciales de los hechos del pasado 11 de julio se ha desatado una campaña de descrédito contra los profesionales de la justicia.

“Tanto los jueces como los fiscales han cumplido cada una de las fases del procedimiento establecido, en las cuales se garantizan los principios básicos que postula la Constitución de la República de Cuba, que tienen que ver con el debido proceso y la tutela judicial efectiva”, apuntó.

La letrada comentó que muchos de los que intervinieron en los procesos judiciales fueron jueces jóvenes, quienes asumieron con gran responsabilidad el procedimiento para el juzgamiento de estos hechos.

“En estos se ha velado por el principio de participación popular que rige la imparticipación de justicia bajo los principios de imparcialidad, la transparencia y el carácter eminentemente humanista”, destacó.

Collazo Rodríguez ratificó que los jueces seguirán cumpliendo con todos los postulados de la carta magna y velarán por todas las reglas del debido proceso, “teniendo en cuenta que estas resoluciones judiciales no son firmes y las personas juzgadas cuentan con los medios para impugnar las sentencias y hacer valer sus derechos”.

Por su parte, Guillermo Rodríguez Gutiérrez, abogado del bufete colectivo de La Lisa, reafirmó que durante el procesamiento de los acusados se cumplió con el debido proceso ya que “tuvieron derecho a la representación letrada, se les dieron a conocer las acusaciones que se les imputaban y pudieron presentar todas las pruebas necesarias para su defensa. Además, pudieron expresarse libremente durante la vista oral”.

Recordó que los abogados, a quienes ahora algunos cuestionan de no ser imparciales, pertenecen a un órgano independiente de la Fiscalía.

Sobre las condenas por sedición, Rodríguez Gutiérrez explicó que, además de los daños provocados, hay que tener en cuenta “la intención del agente comisor del delito”, que en este caso era alterar o cambiar el sistema económico y social del país establecido en la Constitución.

“Nuestros abogados plantearon sus tesis de defensa y realizaron su papel. El tribunal, a partir de las pruebas judiciales y testificales, tomó una determinación. Hay que recalcar que estas condenas aún no son firmes, ya que aún resta un proceso donde los imputados pueden presentar recursos de apelación”, aclaró.

Anabel López Reinaldo, fiscal en el municipio habanero de Marianao, afirmó que pertenecer a la Unión de Juristas de Cuba es un honor.

“Ser fiscal es un orgullo y una tarea bien difícil, porque hay que llevar a la par la responsabilidad, la justicia y la sensibilidad humana”, dijo.

“No son justos los cuestionamientos que se nos hacen. Nosotros hacemos nuestro trabajo apegados a la justicia en nombre del pueblo al que pertenecemos”, agregó.

Resaltó el tratamiento diferenciado dado a los jóvenes implicados, quienes tienen atenuantes atendiendo al carácter preventivo de la justicia.

En video, la declaración

Dan a conocer las sentencias de los implicados en los disturbios de la Esquina de Toyo y la Güinera

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Las “manifestaciones pacíficas” se transformaron en impactantes disturbios. Foto: AFP

El Tribunal Provincial Popular de La Habana celebró, entre el 14 de diciembre de 2021 y 3 de febrero de 2022, los juicios orales y públicos correspondientes a las seis causas penales por los hechos acontecidos los días 11 y 12 de julio del año pasado, en el lugar conocido por la Esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, y en el reparto La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo. Estos procesos fueron seguidos contra 129 ciudadanos, acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana.

Los juicios se realizaron con observancia del debido proceso y estricto respeto de los derechos y garantías constitucionales de los acusados y de sus abogados de la defensa, según lo establecido en la legislación vigente, incluyendo la práctica de las pruebas propuestas, tanto por la fiscalía en su acusación, como por los encartados y sus representantes procesales. Al acto judicial asistieron varios familiares y amigos de los implicados, quienes pudieron presenciar la profesionalidad y transparencia con que se desarrollaron las audiencias.

El tribunal notificó las sentencias, en las que consideró probado y demostrado que el 11 de julio de 2021, en la Esquina de Toyo, municipio de Diez de Octubre, obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior, los acusados, intentaron subvertir el orden constitucional, de forma violenta. Lanzaron piedras y botellas contra varios funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros; voltearon una moto y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y graves daños materiales.

Por otra parte, otro grupo de acusados, el 12 de julio de 2021, en la localidad de La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo, salieron a las calles de ese territorio y convocaron a los transeúntes y vecinos a que se les unieran; lanzaron piedras, palos, botellas y cocteles molotov contra agentes del Ministerio del Interior y otros trabajadores de instituciones estatales presentes en el lugar, a quienes causaron lesiones. Los procesados también asediaron por varias horas la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del reparto Capri.

Estos sucesos fueron deliberadamente organizados en medio de la situación compleja que atravesaba el país, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, en particular en la provincia de La Habana, razones por las que se habían tomado medidas excepcionales para contrarrestar sus efectos, que incluían, entre otras, la limitación de movimiento y el aislamiento social.

El tribunal, con total respeto a las garantías y derechos, y en correspondencia con las pruebas practicadas en las audiencias orales, consideró a 128 de los acusados juzgados responsables de los hechos, según cada caso, por los delitos de Sedición y Hurto, previstos y sancionados en los Artículos 100 a), 322.1 y 323 del Código Penal.

Para adecuar e individualizar la sanción a imponer a cada uno de los responsables en la perpetración de los referidos delitos, los jueces actuantes tuvieron en cuenta el grado de participación, las condiciones personales de los implicados, así como la gravedad, lesividad y violencia de los actos cometidos, unido a la situación excepcional que vivía el país producto de la pandemia y, en observancia de lo establecido en el Código Penal vigente, decidieron aplicar a los acusados las sanciones siguientes:

  • Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven, 30 años de privación de libertad; Wilmer Moreno Suárez, 26 años de privación de libertad.
  • Roberto Pérez Ortega, Luis Frómeta Compet y Asley Nelson Cabrera Puente, 25 años de privación de libertad.
  • Walnier Luis Aguilar Rivera, Ángel Hernández Serrano, Yerandis Rillo Pao, Oscar Luis Ortíz Arrovsmeth, Robert Orlando Cairo Díaz, Denis Ojeda Álvarez, Yoandry Reinier Sayu Silva y Yoanky Báez Albornoz, 23 años de privación de libertad.
  • Lázaro Zamora González, José Luis Sánchez Tito y Frank Aldama Rodríguez, 22 años de privación de libertad.
  • Rolando Vázquez Fleitas, Henry Fernández Pantera y Juan Emilio Pérez Estrada, 21 años de privación de libertad.
  • Katia Beirut Rodríguez, Fredy Beirut Matos, Alexander Guillermo Martínez Amoroso, Dianyi Liriano Fuentes, Alexis Sosa Ruiz, Orlando Carvajal Cabrera, Jorge Vallejo Venega, Ronald García Sánchez, Alexis Borges Wilson, Donger Soroa González y Alexander Ayllón Carvajal, 20 años de privación de libertad.
  • Duannis Dabel León Taboada, Adael Jesús Leyva Díaz, Lauren Martínez Ibáñez y Kendry Miranda Cárdenas, 19 años de privación de libertad.
  • Odet Cruzata Hernández, Reinier Reynoso Valdes, Jesús Enrique Vázquez Cabrera, Marlon Brando Díaz Oliva, Dayán Gustavo Flores Brito, Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, Yussuan Villalba Sierra, Ricardo Duque Solís, Francisco Eduardo Soler Castaneda, Elieser Gordín Rojas y Rowland Jesús Castillo Castro, 18 años de privación de libertad.
  • Carlos Paul Michelena Valdés, Daisy Rodríguez Alfonso, Amaury Leyva Prieto, Kevin Damián Frómeta Castro, Juan Piloto Ferro y Luis Miguel Oña Jiménez, 16 años de privación de libertad.
  • Felipe Almiral, Elier Padrón Romero, Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, Amalio Álvarez González, Luis Armando Cruz Aguilera, Oriol Hernández Gálvez, Edel Cabrera González, Roberto Ferrer Tamayo y Harol Michel Mena Nuviola, 15 años de privación de libertad.
  • Adán Kiubel Castillo Echevarría, Adrián Oljales Mora, Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, Juan Carlos Morales Herrera, Amaury Fernández Martínez, Carlos Alberto Hernández Pérez, Andrius López Fragosa, Osvaldo Lugo Pita, Juan Walberto Verdecia Rodríguez y Lázaro Noel Urgelles Fajardo, 14 años de privación de libertad.
  • Yunior García Vizcay, Carlos Luis Águila Socarrás, Adonay López López, Julián Yasmany Díaz Mena, Eduardo Álvarez Rigal, y Brandon David Becerra Curbelo, 13 años de privación de libertad.
  • Karen Vázquez Pérez, Franyer Abad Dumet, José Luis Castillo Bolaños, Yan Carlos Martínez Bonne, Freidel Ramírez Castillo, Jarolkis Suárez Rojas, Idael Naranjo Pérez, Jesús Ramón Rodríguez Pérez, Yosney Emilio Román Rodríguez, Raudel Saborín González, Yasiel Arnaldo Córdova Rodríguez, Rafael Jesús Núñez Echenique, Elyán Seguí Cruz, Mackyani Yosney Román Rodríguez, Alejaime Lambert Reyes, Rolier Salazar González y Yurema Ramos Abad, 12 años de privación de libertad.
  • Jaimel Alcide Firdó Rodríguez, Alejandro Bécquer Arias, Arielvis Rill Baró, Yaquelín Castillo García y José Luis Castillo de la Torre, 11 años de privación de libertad.
  • Leoalys de la Caridad Valera Vázquez, Yunan González Terry, Raynel Mayet Frómeta, Brayan Piloto Pupo, Giuseppe Belaunzarán Guada, Santiago Vázquez León, Lázaro Daniel Cremé Bueno, Dayán Jesús Ramírez Rondón, Germán Barrenechea Echavarría y Eris Diógenes Mejías Vinent, 10 años de privación de libertad.
  • Frank Daniel Roy Sotolongo, Yassell Guerra Campos, Marco Antonio Alfonso Breto y Liliana Oropesa Ferrer, 9 años de privación de libertad.
  • Dariel Cruz García, Juan Yanier Antomarchi Núñez, Yurileydis Soler Abad, Félix Jesús Armada García, Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso, Yoilán Limonta Mojena, Yosnel Daniel Castro Fernández y Frandy González León, 8 años de privación de libertad.
  • Rubis Carlos Vicet Padilla, Emy Yoslán Román Rodríguez, Yensi Jorge Machado González y Wilfredo Limonta Mesa, 7 años de privación de libertad.
  • José Antonio González Guerrero y Yeinier Ibáñez Boudet, 6 años de privación de libertad;
  • Nelsón Nestor Rivero Garzón, 4 años de privación de libertad, subsidiado por igual término de trabajo correccional sin internamiento.
  • El acusado Nayn Luis Marco Molinet fue absuelto por el tribunal por no demostrarse su participación en los hechos.

De igual forma, el tribunal dispuso en su sentencia, como responsabilidad civil de los acusados, la obligación de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades.

Tanto a los acusados sancionados como a la fiscalía les asiste el derecho de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular contra la sentencia dictada por el órgano judicial que realizó el juicio en primera instancia.

(Tomado del Tribunal Supremo Popular)

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