El 11 de Julio del 2021 Cuba vivió un intento de desestabilización propio de lo que se conoce hoy como “golpe blando”. Estos tienen características comunes a los golpes de estado tradicionales que los latinoamericanos bien conocemos, y otras características que son menos clásicas y, podríamos decir, propias de estos tiempos, como tal responden a sus propios contextos epocales. Como todo golpe lo que se busca es la desestabilización y el derrocamiento de un gobierno legítimo que es considerado una amenaza. Como suele ser común en nuestro continente (y más allá de éste), la mano gringa está siempre detrás de esos intentos de hacer caer gobiernos considerados no sumisos a los dictados del imperialismo.
El adjetivo “blando” apunta a una característica que distingue este tipo de golpes de aquellos golpes militares que bien conocimos los chilenos, uruguayos, argentinos, paraguayos, etc. Si bien también hay una conspiración intensa para derrocar a un gobierno, la forma de resolverla es menos militar y menos frontal que en los putch al estilo Pinochet. No siempre hay violencia armada, y cuando la hay ésta no proviene de las fuerzas armadas regulares, sino que de elementos civiles extremistas (muy bien apertrechados) como ocurrió en Ucrania en 2014. A veces incluso no hay en absoluto violencia armada en estos golpes blandos como le sucedió al presidente Lugo en Paraguay o a Dilma en Brasil.
El 11 de julio de 2021 fue otro de los tantos fracasos sufridos por el gobierno de los Estados Unidos y sus servicios especiales, en sus trasnochados sueños de derrocar a la Revolución cubana. El pueblo cubano no permitió que un grupo de delincuentes retrotrajeran al país al pasado neocolonial, frustrando el plan de fabricar una acción similar a la llevada a cabo en Ucrania, donde el vandalismo y las agresiones físicas contra los partidarios del gobierno pagaron con sus vidas.
El intento de repetir las manifestaciones callejeras en noviembre de ese año con el grupúsculo Archipiélago, encabezado por el actor Yúnior García, fue una prueba más de la ausencia de una oposición real en la Isla, a pesar de que desde 1960 pretenden crearla, tal como se refleja en el Programa de Acciones Encubiertas de la CIA de marzo de 1960, cuyo objetivo dice:
“Provocar la sustitución del régimen de Castro por uno que sea más aceptable para los Estados Unidos”.
Para lograrlo se propusieron como primer requisito:
“Crear (entiéndase fabricar) una oposición responsable, activa y unificada”, apoyada por una poderosa ofensiva propagandística en nombre de esa oposición”.
Durante 63 años nada ha cambiado en la política yanqui contra Cuba, no obstante, sus continuos fracasos.
La campaña mediática ejecutada desde el 11 de julio 2021 no ha cesado, con el propósito de hacerle creer al mundo que en la Isla se vive un caos político, algo apoyado de inmediato por el Parlamento Europeo con resoluciones condenatorias al gobierno cubano y en contra de las sanciones jurídicas sobre aquellos que atacaron a la policía, volcaron autos patrulleros, golpearon a los agentes del orden y saquearon centros comerciales, actos vandálicos que los capitalistas no permiten en sus países.
Sin embargo, el silencio y la ausencia de resoluciones de Estados Unidos, la OEA y países europeos para sancionar al gobierno de Ecuador, que reprimió salvajemente al pueblo durante 18 días de pacíficas protestas callejeras, marca la diferencia y la doble moral de aquellos que dicen “preocuparse” por los derechos humanos.
El gobierno de los Estados Unidos nunca aceptó a Fidel Castro, ni al proceso revolucionario, incluso antes del triunfo de 1959, como consta en documentos oficiales ya desclasificados, donde se puede leer: “Tenemos que evitar la victoria de Castro”.
Miles de millones de dólares malgastados no le han servido para destruir a la Revolución cubana y aunque sí para mantener y enriquecer a los que desde Miami se encargan de vivir de la política anticubana.
Los grupos y organizaciones contrarrevolucionarias dentro y fuera de Cuba, solo buscan llenarse los bolsillos de dólares, comprar residencias, autos lujosos, relojes costosos y ropa de marca, a partir del gastado cuento de “luchar por la libertad de la Isla”, como cacarean los miembros de la llamada Brigada de Asalto 2506, derrocados por el pueblo uniformado en menos de 72 horas y cambiados por alimentos y medicinas para niños.
A pesar de tantos descalabros en más de medio siglo, los yanquis mantienen intactos los conceptos que plasmaron en el conocido Proyecto Cuba, aprobado en 1962 por el presidente J. F. Kennedy, donde afirman:
“La operación está dirigida a provocar una rebelión del pueblo cubano. La sublevación necesita de una acción política fuertemente motivada y arraigada en Cuba, capaz de generar la rebelión. La acción política será apoyada por una guerra económica que induzca al régimen a fracasar en su esfuerzo por satisfacer las necesidades del país, unido a operación psicológica que acrecentarán el resentimiento de pueblo contra el régimen y las de tipo militar que darán un arma de acción para el sabotaje y la resistencia armada en apoyo a los objetivos políticos”.
El 11 de febrero 2021, precedido del plantón el 27 de noviembre del 2020 ante el Ministerio de Cultura y el posterior intento de noviembre 2021 con Yúnior García, prueban que nada ha cambiado en la mente de los yanquis, quienes a toda costa y costo insisten en los mismos objetivos sin analizar sus continuos fracasos, por desconocer los verdaderos sentimientos del pueblo cubano, preparado para resistir esa cruel guerra económica que desea matar de hambre y enfermedades, para sembrar el desencanto y el desaliento, a fin de derrocar al gobierno revolucionario, como si el sistema capitalista no fuese el único responsable del hambre, la muerte por enfermedades curables, la falta de trabajo, el analfabetismo y la frustración de esperanzas en millones de latinoamericanos y de otros continentes, que buscan emigrar para palear sus necesidades.
Visionario José Martí cuando dijo:
“Es la hora del recuento y la marcha unida, y hemos de andar en cuadro apretado como la plata a las raíces de los Andes”.
Los grandes medios estadunidenses y occidentales apoyados por sus escuderías, se han encargado de sobresaturar de noticias falsas sobre lo que acontece en Ucrania.
En el convulso escenario mundial actual, en el cual las informaciones sobre el conflicto en Ucrania marcan la agenda mediática que, los grandes medios estadunidenses y occidentales apoyados por sus escuderías, se han encargado de sobresaturar de noticias falsas sobre lo que acontece en ese país, publicando y amplificando las más burdas e inverosímiles mentiras; se comienza a fraguar una nueva infamia contra Cuba.
El escenario escogido para concretarla, será el del 73 período de sesiones del Comité contra la tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se celebrará el próximo 19 de abril. En él pretenden introducir en los debates el análisis de un espurio informe elaborado por una supuesta “ONG” (de ella hablaremos más adelante) denominada Prisoners Defenders, en el cual se acusa a Cubade torturar a los que ellos llaman “prisioneros políticos”.
Quizás nuestros enemigos estén valorando que, el ambiente de desparpajo mediático reinante y las condiciones dentro de la ONU favorables a sus intereses, que les han permitido lograr la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de esa organización, les propiciarán lograr el mismo resultado con Cuba o por lo menos cuestionar su pertenencia al mismo.
Concebir que tengan esa pretensión no es fruto de una especulación descabellada. El título del artículo del The Washington Post que pudiéramos catalogar de una especie de preámbulo a la campaña que, ya empieza a desatarse para apoyar la nueva infamia que se fragua contra nuestra patria resulta sugerente, lo intitula el Post, “Opinión: Cuba tortura presos políticos y a la vez integra el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”.
Por su parte el consorcio de radio y televisión alemán Deutsche Welle (DW) ha esbozado con mayor claridad ese espurio objetivo al publicar un artículo titulado, “Piden que Cuba y Venezuela también salgan del Consejo de DD.HH”. Dicha petición la hace la organización contrarrevolucionaria Center for a Free Cuba (CFC) la cual fue creada en octubre de 1997 en EE.UU., es financiada por la USAID y la Ned y tiene la misión de fomentar la subversión contra Cuba.
Tal como señalara el representante cubano ante la Asamblea General al explicar el voto en contra de la exclusión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos, lo ocurrido con ese país sienta un precedente que abre las puertas a la aplicación de medidas similares a países cuya permanencia y voces resulten incomodas a EE.UU. en ese Consejo.
En este contexto, resulta evidente que ya se apresuran a intentar aprovechar ese precedente y a tratar de utilizarlo para concretar su infame agresión contra Cuba, cuya digna voz no es para nada agradable al molesto y arrogante vecino del norte.
Pero es necesario volver al artículo del influyente diario norteamericano, porque en él su autor el contrarrevolucionario Abraham Jiménez Enoa, con el cínico desenfado con el que suele manipular y mentir sobre nuestra realidad, anuncia la pretensión de sus amos de realizar la provocación a que nos hemos referido anteriormente.
No me centraré en analizar su conducta, en este caso como en otros anteriores, su falta de valores patrios y éticos, su necesidad de reconocimiento, así como su coincidencia y subordinación a los intereses de quienes lo financian, son los resortes que la condicionan. No vale la pena dedicar tiempo a quien se ha convertido en instrumento habitual de las campañas de descredito contra Cuba. En definitiva, el mensajero no es importante, sino lo que se pretende con él.
En cuanto a Prisoners Defendersse conoce que tiene su sede en Madrid y está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones de España, pero en realidad esta falsa ONG es una organización creada por el Departamento de Estado norteamericano quien la dirige a través de su Embajada en Madrid, y la financia utilizando a la USAID y la NED. Está dirigida a la actividad subversiva contra Cuba. De ella en septiembre de 2018 surgió una sección digamos que “especializada”, con fachada de “ONG” que se denominó “Cuban Prisoners Defenders”, la cual ha estado involucrada en la fabricación de falsas denuncias contra Cuba ante Naciones Unidas, la Unión Europea y la Corte Penal Internacional.
La simplificación del nombre en el caso que nos ocupa, no significa un cambio de actores, en esencia son el mismo engendro con similares objetivos, tal es así que los periodistas de los medios hegemónicos utilizan para referirse a ellas ambos nombres indistintamente.
Sus “informes versan por lo general sobre supuestas violaciones de los Derechos Humanos en Cuba, las presuntas torturas a “presos políticos”, la población carcelaria de la isla cuya magnitud sobredimensionan, a la vez que mienten sobre sus condiciones de reclusión. Por ejemplo, plantean que nuestro país tiene el mayor número de personas detenidas del mundo, algo que desmiente el informe de World Prison Brief (WPB) sitio con sede en Londres que brinda acceso gratuito a información sobre los sistemas penitenciarios en todo el mundo, el cual sitúa a EE.UU. en el primer lugar mundial en cuanto a cantidad de personas privadas de libertad se refiere.
Además, suelen realizar campañas de descredito contra las misiones medicas cubanas, tergiversando sus objetivos, y presentando a sus participantes como víctimas de trabajo esclavo.
Su fundador y presidente es Javier Larrondo, empresario español de padres cubanos procedentes de una familia de la burguesía de la etapa prerrevolucionaria que, se presenta como representante en España y Europa del grupúsculo contrarrevolucionario Unión Patriótica Cubana (UNPACU), con cuyo cabecilla el apátrida José Daniel Ferrer García mantiene estrechas relaciones. Este hecho, así como declaraciones del propio Larrondo presentan a “Cuban Prisoners Defenders” como parte de la mencionada organización contrarrevolucionaria.
No obstante, el alcance y grado de organización de sus actividades, la articulación de sus acciones con las de otros engendros subversivos, el apoyo que estos le brindan, y el monto de la financiación que se requiere para las mismas, indican que “Cuban Prisoners Defenders” es mucho más que un apéndice de la UNPACU.
Javier Larrondo no es un filántropo” como lo pretende presentar la prensa española. Es desde hace años un activo adversario de la revolución cubana que, participa de manera sistemática en actividades contra Cuba, vinculándose a organizaciones contrarrevolucionarias radicadas en el exterior como la ya desaparecida Fundación Hispano-Cubano (FHC), filial en España de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), conocida por su apoyo a acciones terroristas contra Cuba.
También mantiene vínculos con elementos de la extrema derecha cubano americana radicados en EE.UU. que incitan a la realización de acciones violentas contra la Isla, así como con organizaciones de corte terrorista con base en la Florida como la FNCA. En su cruzada contra la mayor de las Antillas ha unido esfuerzos con organizaciones de corte conservador que responden a las autoridades norteamericanas como son: Asociación de Iberoamericanos por la Libertad, Fundación para la Democracia Panamericana, Fundación Memorial Víctimas del Comunismo, Solidaridad sin Fronteras, The Global Liberty Alliance y el Instituto Fe y Libertad.
Todo este accionar que apoya y coincide con las infames campañas de descredito del gobierno de Estados Unidos contra Cuba revela a quien responde “Prisoners Defenders” o “Cuban Prisoners Defenders”, da lo mismo.
Por otra parte, sería ingenuo pensar que esta nueva agresión contra nuestra patria es solo el fruto de la maldad y la bajeza de los mercenarios que a sueldo del gobierno norteamericano deambulan por el mundo rumiando su frustración y odio hacia la revolución cubana. Lo que se nos pretende hacer el 19 de abril es parte de la política hostil del gobierno norteamericano contra Cuba. Él es su verdadero responsable.
Pero como dijera Fidel, “No existe en el mundo fuerza capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas”.
El Consejo Universitario de la Universidad de las Artes (ISA) ha publicado este comunicado sobre la manipulación en torno a la condena del estudiante del ISA Abel González Lescay por los hechos violentos del 11 de Julio pasado, en el marco del intento de golpe de estado instigado por EEUU.
DECLARACIÓN DEL CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE LAS ARTES DE LA REPÚBLICA DE CUBA
El Consejo Universitario de la Universidad de las Artes (ISA) manifiesta su profundo rechazo a las campañas que en nombre de la comunidad universitaria pretenden desacreditar a la Revolución, en particular, las promovidas por medios de prensa y operadores políticos con la intención de manipular la transparencia de los juicios acontecidos a raíz de los sucesos del 11 de julio de 2021.
En ese sentido, resulta evidente la intención de un grupo de personas -algunas de las cuales estuvieron vinculadas al ISA en calidad de estudiantes y profesores, y que hoy participan de un activismo político contrarrevolucionario en las redes sociales- por generar episodios de crisis que atenten contra el funcionamiento de la institución y desgasten a sus autoridades, limitando de ese modo el avance de los procesos formativos y culturales que se desarrollan en esta casa de altos estudios.
El más reciente episodio se ha generado a partir de la figura de Abel González Lescay, estudiante de 2do. año de música, sancionado por el Tribunal Provincial Popular de Mayabeque a seis años de privación de libertad, por los delitos de desacato agravado de carácter continuado, desórdenes públicos y desacato de figura simple de carácter continuado.
La campaña intenta apelar a la empatía de estudiantes y profesores, simplificando los hechos por los cuales fue sancionado Abel González Lescay y desconociendo el ordenamiento jurídico existente en el país, pues su caso se encuentra en proceso de revisión por el Tribunal Supremo Popular.
Aun cuando el ISA es una institución creada por la Revolución y los valores que defiende están en contradicción con la actitud cívica del Abel González, se le ha prestado atención diferenciada y se ha mantenido una comunicación sistemática con su familia.
La Universidad emitió documentos de aval a los órganos competentes notificando su condición de estudiante-artista, los cuales fueron tomados en consideración para que respondiera al proceso en libertad, condición de la cual continúa disfrutando actualmente. En ningún momento fue suspendido de la docencia, no se limitó su participación en la vida universitaria y permaneció alojado en la Residencia Estudiantil. Recibió voluntariamente acompañamiento del Departamento de Bienestar Universitario para facilitarle el manejo de emociones en una etapa de tensiones psicológicas, y por sugerencia de los profesionales de esa área, no fueron analizadas con rigor las indisciplinas que cometió en la etapa, para evitar sobrecargarlo en medio de un proceso judicial.
Representantes de la institución asistieron al acto de juicio oral y dieron fe de la práctica de todas las garantías constitucionales, como corresponde al estado de derecho en que vivimos. Las principales autoridades del ISA han dado seguimiento a todo su proceso y le han sido dadas de manera oportuna las informaciones a los consejos de la FEU de la Residencia Estudiantil y de la Universidad.
La carta en supuesta defensa de Abel González Lescay, publicada en redes sociales y medios de prensa con una actitud abiertamente en contra de la Revolución, ha servido de pretexto para que activistas políticos y personas ajenas a la Universidad se sumen a la campaña de difamación que ha venido articulándose con mayor fuerza en los últimos años.
La Universidad de las Artes es un espacio de crecimiento artístico e intelectual, en la cual se defiende la libertad de creación como forma de expresión individual y colectiva; pero no dará espacio a los enemigos de la Revolución para que de forma impune orquesten sus campañas e intenten desestabilizar la grandeza de una obra que, a pesar de las carencias materiales y las limitaciones económicas que atraviesa el país, ha sido esencial para el campo cultural cubano y ha aportado a la sociedad prestigiosos profesionales del arte.
La Habana, 11 de abril de 2022
“Año 64 de la Revolución”
La FEU de la FAMCA desmiente carta de apoyo al estudiante Abel González Lescay
FakeNewsVsCuba.- Desde la página en Facebook el Secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de las Artes alerta al estudiantado de la universidad de la utilización del nombre de varios estudiantes para presentar a la dirigencia del país una carta con un texto cambiado respecto a la que les fue mostrada.
La FEU de nuestra universidad rechaza la falta de los valores más elementales de la honestidad que ha motivado esta situación. La carta se refiere al caso del estudiante Abel González Lescay, quien participó en los disturbios ocurridos el 11 de julio de 2021, siendo procesado por desacato y desorden público, por lo que fue a sancionado a 6 años de privación de libertad, encontrándose actualmente en proceso de apelación.
En un grupo de Whatsapp les fue mostrado a varios estudiantes un texto para sensibilizarse con su situación para ser dirigido a las autoridades del país, presentando que el estudiante había sido procesado por ofender a un policía y recibido por esto una sanción que consideraban desmedida. Una vez lograda la sensibilidad de parte de los estudiantes y obtenido sus nombres, en el día de ayer se intentó hacer entrega en la oficina del Rectorado de la Universidad de una carta impresa dirigida a varias autoridades gubernamentales y organizaciones, en la que el texto fue cambiado, diciéndose que el estudiante sancionado había sido juzgado ¨únicamente por rapear en la vía publica¨, algo que incluso los firmantes conocen que no es verdad.
Al conocer lo antes expuesto, varios de los estudiantes de la universidad que aparecen como firmantes han reaccionado con indignación por el uso de su nombre, que fuera obtenido por un llamado a la sensibilidad, utilizándolo en una carta dirigida a las autoridades del país cuya mención principal consiste en una falsedad. Esto no solo afecta la integridad pública de nuestros estudiantes, sino que manipula y utiliza sin escrúpulos su nombre y la imagen en función del interés de alimentar una campaña política en torno a los procesos judiciales a partir del 11 de julio.
Esperamos que esta alerta esclarezca al estudiantado de nuestra universidad, como experiencia para evitar brindar sus nombres, motivados por sentimientos honestos, a personas cuyo único interés en este caso es crear una situación más compleja al propio estudiante y aprovecharse de eso políticamente. La FEU está comprometida con la protección a la integridad pública y del uso de los datos personales de los estudiantes y velando por ese deber emitimos esta alerta.
Secretariado de la Federación Estudiantil Universitaria de la Universidad de las Artes
Resulta profundamente molesto volver a escuchar lo mismo cada vez que un representante gubernamental estadounidense habla sobre Cuba. “Están en una pésima situación de derechos humanos”, suelen decir. “No se respetan las libertades de los ciudadanos”, “viven en un país inseguro, donde son reprimidos”. “encarcelan niños”, “las cárceles están llenas de presos políticos”, repiten hasta el cansancio, junto a otras sandeces sin fundamento.
No somos perfectos, nadie lo es. Sin importar cuántas pruebas se presenten, la realidad cubana siempre será manipulada, torcida, hasta convertir el país en un “infierno sobre la Tierra” ante los ojos de la opinión pública internacional.
Se trata del mismo discurso hipócrita, de doble rasero, que ha permanecido durante más de 60 años. Pongamos, por ejemplo, la última entrevista ofrecida por el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos a Cubanet, una de las plataformas contrarrevolucionarias en boga, financiadas por capital estadounidense. Allí trató temas tan manidos como la migración y los derechos humanos en Cuba, entre otros.
“Izquierdos” humanos en el país de la libertad
Habló, como siempre, del “deterioro” de la situación de derechos humanos en la Isla. Zúñiga-Brown, al parecer, no ve las noticias de su propio país. No sabe de la brutalidad policial que lacera la integridad física de millones. George Floyd, Breonna Taylor, Amir Locke…son demasiados los nombres de personas negras, asesinadas por quienes se suponía que deberían protegerlas, a causa del abuso de poder y el racismo sistémico. Como si arrastrar a un chofer parapléjico fuera de su auto, frente a su hijo de 3 años no fuera suficiente.
Otras minorías también son blanco de arbitrariedades. Según la propia CNN, un medio conocido por su reaccionario discurso hacia Cuba, más de 2600 latinos han perdido la vida a manos de fuerzas del orden. Un informe publicado por Unidos US refiere que entre 2014 y mayo de 2021, 15.085 personas murieron bajo custodia policial o en encuentros con agentes.
Niegan la brecha de desigualdad social, ahora ensanchada por la pandemia y la crisis económica. Los culpables siempre serán los pobres y los negros, claro, por “vagos y delincuentes”. Sí, en este siglo todavía persisten estas formas de discriminación, incluso en el aclamado “país de la libertad”.
La desigualdad racial, la violencia del extremismo blanco, las violaciones de los derechos de inmigrantes y solicitantes de asilo, así como las disparidades económicas y el cambio climático, se encontraban entre los principales ámbitos de incumplimiento de garantías fundamentales en Estados Unidos, según el Informe de Human Rights Watch.
Con esta situación interna, ¿quién tendría tiempo para mirar hacia otro lugar? El gobierno estadounidense, al parecer, no acaba de concentrarse en su propia agenda.
Politización del tema migratorio
El Encargado de Negocios también se refirió a la preocupación de su gobierno por el aumento del flujo migratorio. En sus palabras, “es importante darles a ellos, al público cubano, una manera de poder tener salidas legales, ordenadas y seguras hacia los Estados Unidos desde La Habana”. Cuánta hipocresía.
En primer lugar, ellos mismos dejaron inoperantes los servicios consulares en la capital cubana, con el pretexto de los ataques sónicos. A estas alturas, no han logrado encontrar una sola evidencia sobre las pretendidas agresiones. Además de incumplir los acuerdos migratorios suscritos con Cuba, ejercen presión a gobiernos latinoamericanos para cerrar los canales de emigración “segura y ordenada” que tanto claman defender.
Según las declaraciones de Zúñiga-Brown, tras la reapertura de los procesos consulares solo se otorgarían visas de inmigrante, no turísticas y de estadía corta. Ahí se constata la intención de asociar la emigración con un proceso definitivo, condicionado políticamente.
El entrevistado afirma querer mandar un mensaje “claro y contundente”: “serán regresados si tratan de ir de una forma que no es ordenada, segura y formal”. Resulta sumamente contradictorio, cuando el gobierno mantiene una política de incitación a la emigración ilegal, con la permanencia de la Ley de Ajuste Cubano.
Identifica como causas de las salidas masivas a la “falta de oportunidades económicas, de seguridad ciudadana y de respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales”. El mismo estribillo, de nuevo.
El impacto de más de medio siglo de persecución económica resulta notable en las diferentes esferas de desarrollo nacional. Sobre el gobierno de Estados Unidos y su bloqueo recae gran parte de la responsabilidad de las carencias internas. Ellos mismos tienen su #BareShelvesBiden, pero se hacen los de la vista gorda al apuntar el dedo hacia Cuba.
Inseguridad ciudadana, 11 de julio y Biden
Si Cuba es un país tan inseguro, como afirma el líder de la diplomacia estadounidense en Cuba, ¿cómo él mismo puede circular por la nación sin guardaespaldas ni autos blindados? Eso es mucho más de lo que pueden decir representantes extranjeros en su propia patria.
Además del ya mencionado tema de la brutalidad policial, más de un presidente norteño ha sido asesinado. En Cuba nunca ha sucedido algo así, y la lista de atentados al Comandante en Jefe es bien extensa, con preponderancia de acciones de la CIA.
Como parte de un guion bien asumido, vuelve a la retórica de las “protestas pacíficas” del 11 de julio y la detención de “presos políticos”. Se ha demostrado hasta el cansancio que existió violencia, robo y vandalismo en los disturbios. Por tanto, de paz, nada. Además, según criterios del derecho internacional, quienes delinquieron en este contexto no puede ser considerados en esta categoría.
Otra discordancia en las declaraciones del representante estadounidense es la supuesta “posición consecuente” de la administración de Joe Biden hacia el Estado caribeño. Lo que inició con la declarada intención de retomar la política de Obama, durante la campaña presidencial, paso a sacar a Cuba de las prioridades del gobierno, en sus inicios. Luego, de manera súbita, tras los acontecimientos del julio de 2021, parecieron volver su vista nuevamente hacia la Isla.
Sin embargo, ha quedado clara la continuidad de la política hostil hacia la república antillana. El financiamiento de programas subversivos nunca se detuvo, ni las recrudecidas presiones económicas que tanto impactan en el día a día de los cubanos.
A nadie le gusta escuchar un disco rayado. Aturde, causa molestia y repulsión. Pasan los años, pero el discurso de descrédito sigue intacto, a veces con diferentes palabras, pero con una esencia inalterable. Sin van a hablar mal de nosotros, lo menos que podemos esperar es un poco de creatividad.
¿Quieren bienestar para el pueblo? Déjennos vivir en paz. Ni más ni menos.
De tanto repetir esa escaramuza en que una supuesta articulación de foros mundiales condena hechos específicos –mientras silencian bajos sus faldas mediáticas la basura propia, generalmente más alevosa, horrenda y escandalosa que el asunto que atacan– ya no pueden esconderla como herramienta promotora de esos golpes blandos con que lograron destruir la estabilidad de varios países, y que hace rato ensayan contra Cuba, sin otros resultados que el fracaso y el ridículo.
De las más recientes campañas subversivas contra la Revolución Cubana, un reportaje investigativo del portal Misión Verdad, titulado Mapa de acciones y actores en la guerra blanda contra Cuba, desenmascaró cómo, además de la Unión Europea, organizaciones mundiales como Amnistía Internacional y Pen International han exigido durante meses la liberación de los detenidos por los hechos vandálicos del 11 y 12 de julio de 2021.
En una investigación anterior había sido develado cómo la Fundación Cadal estimuló económicamente las protestas, y sus recursos llegaron «de manos de las sucursales de la CIA para la región, la Fundación Atlas (vinculada a los hermanos Koch), la Fupad (Fundación Panamericana para el Desarrollo), la Usaid y la NED».
Hay otros actores, precisó el reportaje: el Instituto de Periodismo de Paz y Guerra, Factual, Distintas Latitudes, Fundación Sueca de Derechos Humanos, Editorial Hipermedia, Diario de Cuba, Cubanet, la Universidad Sergio Arboleda (núcleo tecnocrático del uribismo, de donde proviene Iván Duque), además de captadores de fondos desde las distintas agencias y fundaciones, junto a otras ong registradas en distintos países que enmascaran a medios como CiberCuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita Now, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo y YucaByte.
El portal destacó que el entramado de medios, influencers y agentes mediáticos que dan respaldo a los actores comprados para el cambio de régimen en Cuba, se ha movido con fuerte financiamiento, hasta la actualidad, en redes y medios digitales.
Recordó Misión Verdad que, durante las protestas de julio pasado en Cuba, fue detenido Luis Manuel Otero Alcántara, el coordinador del llamado Movimiento San Isidro (MSI), y quien, desde entonces, ha dicho realizar varias huelgas de hambre.
Uno de sus patrocinadores, la Fundación Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal), con sede en Argentina, solicitó a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que intercediera por Otero, y lo mismo pidieron para Maykel Castillo Pérez «Osorbo», detenido desde mayo de 2021 por los delitos de resistencia y desacato.
El pasado 30 de marzo, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, emitió un comunicado en el que calificó aquellas protestas vandálicas de «manifestaciones espontáneas» que fueron «un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión».
En claro acto de injerencia, también valoró de «desproporcionadas» las 128 sentencias aplicadas a los operadores de la escalada violenta que buscaba llevar a cabo un golpe blando.
Además, hizo un llamado a las autoridades cubanas para que permitieran a la comunidad diplomática asistir a los juicios e instó a liberar a todos los implicados que son sujetos de justicia y derecho, según la legislación cubana.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, respondió contundente: «Solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso», y añadió que no le asiste derecho alguno o autoridad moral a la UE para intervenir en cuestiones que solo competen al Estado cubano.
El Canciller manifestó que la ue debería ocuparse de los episodios de represión que se producen en sus Estados miembros y de los menores detenidos en sus cárceles.
El comunicado de Borrell hacía referencia a condenas de 30 años. Se trata de dos casos que se corresponden con el delito de sedición (desestabilizar al Estado y subvertir el orden legalmente establecido en Cuba) porque se armaron de piedras, botellas y otros objetos para la agresión, que fueron lanzando al cordón de agentes públicos, mientras avanzaban hacia ellos.
Los condenados buscaban tomar una estación policial, uno de ellos reincidente en la comisión de hechos delictivos, y quien se encontraba de licencia extrapenal; el otro, multirreincidente y antes sancionado a 12 años de privación de libertad por robo con fuerza, y a tres meses de privación de libertad por hurto.
Sobre los que alegan como menores de edad: fueron sancionados 31 acusados entre 16 y 20 años, a quienes se les aplicó la reducción de los marcos mínimos y máximos de las penas. A los de 16 a 18 años se les pueden reducir hasta la mitad, y a los de 18 a 20, hasta un tercio. A 22 de ellos se les probó mala conducta social, además de estar sin vínculos laborales o estudiantiles.
Aunque también subrayado por Misión Verdad, sobran las evidencias públicas de la intervención flagrante del Gobierno de Estados Unidos y de varias de sus administraciones aliadas, en la escalada desestabilizadora desarrollada el año pasado, en el marco de una agudización de las medidas coercitivas unilaterales y de los efectos de la pandemia de la COVID-19.
El pasado 30 de marzo, el Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, emitió un comunicado en el que calificó de «manifestaciones espontáneas» que fueron “un reflejo de las reivindicaciones legítimas de la población, pero fueron recibidas con represión» a las protestas nacionales del 11 y 12 de julio de 2021 en Cuba.
Es conocida la intervención de Estados Unidos y varios de sus gobiernos aliados en la escalada desestabilizadora desarrollada el año pasado en el marco de una agudización de las medidas coercitivas unilaterales y de los efectos de la pandemia global de covid-19.
En un claro acto de injerencia, Borrell calificó de «desproporcionadas» las 128 sentencias aplicadas a los operadores de la escalada violenta que buscaba llevar a cabo un golpe blando. Además hizo un llamado a las autoridades cubanas para que permitieran a la comunidad diplomática asistir a los juicios e insta a liberar a todos los implicados que son sujetos de justicia y derecho, según la legislación cubana.
La respuesta del gobierno cubano no se hizo esperar. El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, quien también es miembro del Buró Político, señaló que «solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso», añadiendo que no le asiste derecho alguno o autoridad moral a la UE para intervenir en cuestiones que solo competen al Estado cubano. Manifestó que la UE debería ocuparse de los episodios de represión que se producen en sus Estados miembros y de menores detenidos en sus cárceles.
Acciones para criminalizar a Cuba
Como es sabido, el año pasado se desarrollaron pequeñas y medianas manifestaciones en algunas ciudades de Cuba que pedían una «intervención humanitaria», pero que en el fondo buscaban desmontar, con el mismo guión pero con actores nuevos, el proceso revolucionario que lleva más de 60 años en desarrollo. Ello estuvo acompañado de una guerra de desinformación y un componente que incluyó a sectores de la movida cultural de la isla.
Se trató de un llamado a Estados Unidos y la «comunidad internacional» a intervenir en un supuesto colapso de la crisis sanitaria y económica que experimentó la isla por la pandemia, agravado por los impactos de la guerra económica, financiera y comercial que lleva a cabo Washington. El saldo judicial fueron más de 1 mil 400 personas detenidas y 790 imputadas, de las cuales surgen las condenas señaladas por el comunicado injerencista europeo.
En un acto de superioridad ilusoria, el eje europeo intenta pontificar sobre derechos humanos, aun cuando está subordinado a Washington, sus miembros cierran medios, condenan raperos como Pablo Hasel por acusaciones a un monarca presuntamente implicado en corrupción y la represión a las protestas de los Chalecos Amarillos en Francia sobrepasan los 1 mil heridos y ha ocasionado la pérdida de ojos e incluso manos a varios manifestantes.
Mientras la UE condena a Cuba, el rapero español Pablo Hasel fue condenado por «injuriar a la monarquía y enaltecer el terrorismo» y en las protestas por su encarcelamiento hubo 137 detenidos en toda Cataluña. Foto: Reuters.
Durante las protestas de julio pasado en Cuba, fue detenido Luis Manuel Otero Alcántara, el coordinador del Movimiento San Isidro (MSI), desde entonces ha realizado varias huelgas de hambre en la cárcel y depuso tal medida en febrero pasado.
Uno de sus patrocinantes, la Fundación Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con sede en Argentina, solicitó a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que intercediera por Otero. Asimismo pidieron intercesión por Maykel Castillo Pérez «Osorbo», quien está detenido desde mayo de 2021 por presuntos delitos de resistencia y desacato, es ganador de dos Grammy Latinos por la canción «Patria y Vida» junto al rapero Yotuel Romero, el cantante y compositor Descemer Bueno, y el grupo reguetonero Gente de Zona.
El comunicado de Borrell hace referencia a condenas de 30 años. Se trata de dos casos que se corresponden al delito de sedición (desestabilizar al Estado y subvertir el orden, legalmente establecido en Cuba) porque se armaron de piedras, botellas y otros objetos para la agresión, que fueron lanzando al cordón de agentes públicos, mientras avanzaban hacia ellos. Los condenados buscaban tomar una estación policial, uno de ellos es reincidente en la comisión de hechos delictivos y se encontraba de licencia extrapenal, el otro es multirreincidente y había sido sancionado a 12 años de privación de libertad por robo con fuerza, y a tres meses de privación de libertad por hurto.
En relación con los condenados que son menores de edad:
Fueron sancionados 31 acusados entre 16 y 20 años de edad a quienes se aplicó la reducción de los marcos mínimos y máximos de las penas.
A los de 16 a 18 años se les pueden reducir hasta la mitad, y a los de 18 a 20, hasta 1/3.
A 22 de ellos se les probó «mala conducta social», además de estar sin vínculos laborales o estudiantiles.
Un mapa de actores y acciones(nuevas y no tan nuevas) con un viejo guión
Además de la UE, decenas de prestigiosas organizaciones mundiales, como Amnistía Internacional y Pen International, han exigido durante meses la liberación de los detenidos por los hechos de julio pasado.
En una investigación anterior se devela cómo la Fundación Cadal estimuló económicamente las protestas, y sus recursos provenientes «de manos de las sucursales de la CIA para la región; la Fundación Atlas (vinculada a los hermanos Koch), la Fupad (Fundación Panamericana para el Desarrollo), la USAID y la NED».
Hay otros actores como el Instituto de Periodismo de Paz y Guerra, Factual, Distintas Latitudes, Fundación Sueca de Derechos Humanos, Editorial Hipermedia, Diario de Cuba, Cubanet, la Universidad Sergio Arboleda (núcleo tecnocrático del uribismo de donde proviene Iván Duque), además de captadores de fondos desde las distintas agencias y fundaciones junto a otras ONG registradas en distintos países que enmascaran a medios como CiberCuba, ADN Cuba, Cubanos por el Mundo, Cubita Now, Cubanet, Periodismo de Barrio, El Toque, El Estornudo y YucaByte.
El entramado de medios, influenciadores y agentes mediáticos financiados dan respaldo a la actividad de actores comprados para el cambio de régimen en Cuba, se ha movido con fuerte financiamiento hasta la actualidad en redes y medios digitales.
Además del ciberactivismo han escalado en nuevas tendencias periodísticas, como afirma el periodista Javier Gómez Sánchez:
«Son medios digitales creados y sostenidos como parte de una operación a largo plazo implementada por la CIA en Cuba para fabricar una prensa que, desde internet, generara contenido político deliberadamente tóxico hacia la Revolución, bajo la fachada del ejercicio periodístico».
El 2 de junio, poco antes del montaje insurreccional, Samantha Power, directora de la USAID, condenó el encarcelamiento de Osorbo, haciendo evidente la apuesta de su agencia por la infiltración en la industria de la música hip-hop de Cuba y la captación de raperos para condicionar culturalmente a las generaciones más jóvenes e incitarlas al «cambio de régimen». Es un proyecto estratégico que tiene como núcleo las principales ciudades cubanas pero teledirigido desde Estados Unidos.
Breves perfiles de algunos operadores
Un breve perfil define a los dos personajes nombrados:
Luis Manuel Otero Alcántara. Se ha dedicado, a través de grotescas expresiones seudoartísticas, a promover valores contrarios a la Revolución Cubana, los símbolos patrios, bordeando a sus anchas con la ofensa pública, la provocación y la ilegalidad.
Maykel Castillo «Osorbo». Emitió constantes llamamientos, vía redes sociales, a la violencia, al irrespeto y al desorden, abogando por una invasión estadounidense en Cuba. Ha sido procesado con anterioridad por los delitos de robo con fuerza, hurto, desacato y atentado.
Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel «Osorbo» Castillo del Movimiento San Isidro han sido condenados por delitos recurrentes en Cuba y el gobierno de Estados Unidos reclama que sean liberados «inmediatamente» Créditos: Diario de Cuba
Otros actores:
Berta Soler. Líder de las Damas de Blanco, quien declaró en España que la Cuba de Batista fue una «joya de oro», posee un amplio historial de provocaciones respaldadas con dinero proveniente de la Fundación Nacional Cubano Americana en Florida (Estados Unidos). La falta de efectividad de sus acciones mediáticas le han pasado factura, por eso ha disminuido la cantidad de dinero que recibe, se le ha acusado de utilizar esos fondos para beneficios personales y no para luchar por una supuesta «causa de Cuba».
José Daniel Ferrer. Promotor de acciones delictivas y contrarrevolucionarias dotado de reconocimiento internacional. Se trata de aquel personaje que se golpeaba la cabeza varias veces contra una mesa, para acusar luego a un oficial de seguridad de haberlo agredido.
Denis Solís. Posicionado como motor de movilización para el MSI. Cumplió sanción en Cuba por agresión a un policía en la puerta de su casa cuando fue citado para que declarara sobre su vínculo con grupos contrarrevolucionarios en el exterior que planificaban realizar acciones vandálicas, al finalizar la medida salió de Cuba con destino desconocido.
Actores desde fuera de Cuba:
Orlando Gutiérrez Boronat. Cubano-americano afincado en el sur de Florida, dirige la organización Directorio Democrático Cubano o Dirección Democrática Cubana, aun cuando sus discursos se tiñen de pacifismo en noviembre de 2020 emitió un comunicado diciendo que:
«Si hay represión mortal, es legítimo el uso de la fuerza militar para reprimir al pueblo de Cuba, y llamamos a la intervención internacional encabezada por Estados Unidos para derrocar ese régimen y ponerle fin».
Ultrak. Promueve acciones terroristas en Cuba, financia la realización de actos vandálicos dentro de la Isla y usa las redes sociales para realizar convocatorias groseras al desacato, trasladando así la agresividad de su lenguaje en redes sociales a la realidad cubana, ha llegado a amenazar de muerte a periodistas en Cuba.
Alexander Otaola. Inicialmente atrajo público y seguidores abordando temas relacionados con artistas y la farándula pero luego definió su clara línea de incitación a un estallido social en la Isla mediante la desobediencia y el caos. En 2020 entrevistó en su programa al entonces presidente estadounidense Donald Trump y le entregó una “lista roja” de cubanos a quienes impedir la entrada al país, entre ellos, el dúo Gente de Zona y sus familias por haber saludado al presidente Miguel Díaz-Canel durante un concierto en La Habana. El grupo purgó su culpa participando en «Patria y Vida».
Tania Bruguera. Operadora del MSI que busca beneficios y posicionamiento, rozando con la ilegalidad mediante la organización de actos provocadores de violencia y confrontación en espacios como la Plaza de la Revolución, todo desde una construcción simbólica en el arte.
Carlos Manuel Álvarez. Dirige el medio llamado El Estornudo, desde sus redes sociales intenta denigrar la labor de los médicos cubanos en el exterior, del Che y Fidel. Es un periodista y literato cubano de alto nivel instalado en México que logró insertar al MSI en medios hegemónicos como el New York Times.
Omara Ruiz Urquiola. Exprofesora del Instituto Superior de Diseño, participante del MSI, relacionada con altos funcionarios del gobierno estadounidense en Cuba. Calificó de «aprovechados y arribistas» a una parte del Movimiento San Isidro que participó en espacios de diálogo con el Ministerio de Cultura de Cuba.
Elaine Díaz. Periodista y exprofesora de la Universidad de La Habana radicada fuera de Cuba y dedicada a reclutar a jóvenes periodistas y universitarios para construir narrativas subalternas contra la Revolución Cubana. Fue la primera cubana en obtener una beca Nieman, de la Universidad de Harvard, dentro de los programas de «formación de líderes» que se han implementado y financiado en varias universidades de Estados Unidos, Europa y América Latina a través de entidades injerencistas aparentemente inocentes.
Elementos que conforman la campaña subversiva encabezada por actores de la cultura, medios informativos y redes sociales Créditos: Prensa Latina.
Eliécer Ávila. Radicado en Estados Unidos, quien ha declarado en múltiples ocasiones que apuesta por la violencia y la invasión a Cuba, vinculado al partido de ultraderecha Vox y opera desde el grupo Somos+. Llegó a criticar las manifestaciones del Black Lives Matter, y decía que el alto desempleo entre la población negra, en aquel país, se debe a su falta de «voluntad de trabajo». Firmó una carta, dirigida al presidente Joe Biden, exigiendo no levantar el bloqueo ni las sanciones económicas a su país (14).
Ariel Ruiz Urquiola. Biólogo que ha intentado denigrar la cooperación médica internacional de la Isla y el Sistema Nacional de Salud que le atiende una enfermedad crónica y le garantiza gratuitamente sus medicamentos. Es presentado por Estados Unidos como ecologista y defensor de los Derechos Humanos, tiene una sanción por el delito de desacato y vínculos con representantes en La Habana del gobierno de Estados Unidos.
Rosa María Payá. Representante de los intereses de la extrema derecha de Miami en relación con Cuba, en su cuenta en Twitter publicó: «Por años he solicitado primero a la administración de Obama y después a la de Trump reincorporar al régimen de Cuba en la lista de patrocinadores del terrorismo porque es lo correcto y lo coherente». Solicitó el miércoles 30 de marzo al Parlamento del Reino Unido, la aplicación de sanciones a Cuba por «violar derechos humanos y la represión judicial contra los manifestantes del estallido social del 11 y 12 de julio pasado».
Bruno Rodríguez Parrilla, canciller de Cuba. Foto: Cubadebate.
El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parilla rechazó enérgicamente la declaración sobre las condenas a los involucrados en las protestas del 11 y 12 de julio en Cuba, del Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell.
“Solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso”, tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.
Asimismo agregó: “La Unión Europea debería ocuparse de episodios de represión se producen en sus Estados miembros y de menores detenidos en sus cárceles”.
A la UE, q actúa con evidente doble rasero, no le asiste derecho alguno o autoridad moral para intervenir en cuestiones solo competen a Estado Cubano, agregó.
Rechazamos enérgicamente declaración sobre #Cuba del Alto Representante de la #UE, Josep Borrell.
Solo nuestros tribunales, y no ninguna autoridad europea, están facultados para emitir sentencias en apego estricto al debido proceso. 1/2
Foto: Los disturbios se caracterizaron por el desorden público y la violencia. Foto: ARCHIVO.
129 personas fueron juzgadas por participar en los hechos vandálicos del 11 y 12 de julio en las inmediaciones de Toyo y La Güinera, en La Habana. Un acusado fue absuelto y otro sancionado a una pena no privativa de libertad (trabajo correccional sin internamiento).
1–¿Qué elementos se tuvieron en cuenta para sancionarlos?
Tanto en la fase investigativa, como durante el juicio oral, se presentaron las pruebas suficientes de forma individual para sostener la acusación de cada uno de ellos. En el juicio oral se practicaron las pruebas, se debatieron con la intervención de la Fiscalía y los abogados de la defensa, y el tribunal arribó a sus conclusiones.
2–¿Qué pruebas se presentaron durante los juicios?
Son disímiles las pruebas que se presentan y debaten en una vista oral. Entre ellas:
–La llamada prueba documental (en estos casos videos, fotos, documentos, etc., que demuestren la participación o no, la conducta del acusado, entre otros aspectos). –La prueba testifical (acuden testigos que declaran ante el tribunal y responden a las preguntas de las partes). –Prueba pericial (se muestran y se debaten los resultados de las técnicas periciales aplicadas para la demostración científica de la participación en los hechos). –La declaración de los acusados (tienen el derecho de declarar o no y de responder, si desean, preguntas del fiscal o de su abogado. Esas preguntas pueden responderlas solo a su abogado, si así lo prefieren).
En estos juicios, tanto la Fiscalía como los abogados presentaron y debatieron un amplio material probatorio. La Fiscalía, con el propósito de sostener sus acusaciones y demostrar la participación de cada uno, y los abogados con el fin de ofrecer una defensa coherente con los derechos y garantías de sus representados.
Tuvo relevancia particular el considerarable número de videos y fotos publicados en redes sociales por los propios acusados, demostrando su participación directa en los hechos.
3–¿Quiénes fueron sancionados con las penas más elevadas?
Aquellos que tuvieron una participación directa en las acciones vandálicas más violentas y agresivas y que fueron contundentemente probadas de forma individual durante la investigación y el juicio.
Las penas más elevadas correspondieron a quienes concurrían en alguna de las circunstancias agravantes que prevé el Código Penal. En algunos casos se apreciaba más de una circunstancia.
Las sanciones más elevadas fueron de 30 años de privación de libertad y se corresponden al delito de sedición. En ese caso se encuentran dos sancionados. Quedó probado que ambos se armaron de piedras y botellas, que fueron lanzando al cordón de agentes públicos, mientras avanzaban hacia ellos.
El propósito era llegar hasta la Estación de Policía del Capri, tomarla y de esta manera tratar de subvertir el orden constitucional establecido y la seguridad del Estado. En ambos se tuvo en cuenta la participación protagónica en los hechos. Uno de ellos es reincidente en la comisión de hechos delictivos y el otro multirreincidente.
El reincidente se encontraba de licencia extrapenal, aún sin extinguir la sanción por un delito anterior de malversación. El multirreincidente había sido sancionado a 12 años de privación de libertad por robo con fuerza, y a tres meses de privación de libertad por hurto.
En ambos casos se probaron pésimas conductas sociales, sin vínculos laborales.
4–¿A qué delitos corresponden las penas más elevadas? ¿Por qué?
Al delito de sedición. Se configura el delito porque se buscaba alterar el orden constitucional establecido en el país, y con ello poner en riesgo la seguridad del Estado, mediante una grave alteración del orden en la que, además, se empleó violencia y se cometieron hechos vandálicos.
La seguridad del Estado fue puesta en riesgo por varias razones. Primero, porque no fueron hechos aislados, sino al unísono en diferentes puntos del país; segundo, porque los propios acusados manifestaban abiertamente su interés de derrocar al Estado y al Gobierno legalmente establecidos en el país; tercero, los hechos específicos de Toyo y La Güinera provocaron reacciones fuera del país en las que se solicitaba una “ayuda humanitaria” e intervención extranjera contra la nación.
Algunos acusados, durante la comisión de los hechos, pidieron también “ayuda humanitaria internacional” e intervención extranjera.
5–¿Qué diferencias existen entre la sedición y los desórdenes públicos?
La diferencia principal radica en la intención que se tiene en cada caso. En el desorden público se busca alterar la calma, el orden. Es un delito que protege el llamado orden público, sin llegar a producirse graves consecuencias. En el delito de sedición la intención principal es desestabilizar al Estado y subvertir el orden legalmente establecido en la nación. Se cometen hechos violentos, vandálicos y se producen graves consecuencias.
6–¿Existen sancionados por desórdenes públicos en los hechos de Toyo y la Güinera?
No. Hasta este momento fueron probados los hechos que configuran el delito de sedición.
7–¿Fueron sancionados niños?
No. El Código Penal vigente establece en su artículo 16.2 que la edad para exigir responsabilidad penal es de 16 años cumplidos en el momento de cometer los hechos. En ninguno de los casos se sancionó a menores de 16 años.
8–¿Cuál fue el tratamiento con los acusados más jóvenes?
Fueron sancionados 31 acusados entre 16 y 20 años de edad. En todos los casos se aplicaron las reglas acordes con sus edades, que incluyen la reducción de los marcos mínimos y maximos de las penas. Para los de 16 a 18 años, esos límites pueden ser reducidos hasta la mitad, y en los de 18 a 20, hasta 1/3. De estos jóvenes, uno es multirreincidente y dos reincidentes. A 22 se les probó una mala conducta social, además de estar sin vínculos laborales o estudiantiles.
9–¿Todos los acusados tuvieron acceso a su defensa?
Sí, todos. La mayoría nombró a su abogado de elección. A los que no lo hicieron, tanto por alegar que no contaban con recursos como que no lo deseaban, se les asignó de oficio. El pago total de los abogados de oficio lo asume el presupuesto del Estado. Con ello consolida su postura de respeto al derecho a la defensa, consagrado en la Constitución de la República.
10–¿Todos los sancionados pueden recurrir estas sentencias?
Sí. De acuerdo con la ley vigente, y tomando en cuenta que los juicios se desarrollaron en el Tribunal Provincial Popular, todos tienen la posibilidad de establecer el recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular. Para ello cuentan con 10 días hábiles a partir de la notificación de sus sentencias.
El gremio patentizó su apoyo y solidaridad a fiscales y jueces que intervienen en investigaciones y juicios
Juristas habaneros reunidos este domingo en la asamblea de balance de su organización en La Habana respaldaron una declaración a favor de sus miembros, a raíz de las calumnias y campañas de descrédito contra esos profesionales tras intervenir en los procesos judiciales derivados de los hechos de julio pasado.
La declaración de la filial habanera de la Unión de Juristas de Cuba (UNJC) destaca la labor desempeñada por abogados y fiscales, los cuales –recalca– “actuaron apegados al debido proceso”.
El encuentro, presidido por Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana; el ministro de Justicia, Oscar Silvera Martínez, y la fiscal general de la República, Yamila Peña Ojeda, sirvió también para repasar el trabajo de los profesionales del derecho durante 2021.
“En estos días hemos estado observando cómo se articulan algoritmos y matrices de opinión subversivas que intentan desacreditar la actuación de fiscales y jueces, mayoritariamente jóvenes, que enfrentan con profesionalidad el más estricto principio procesal de la tutela judicial efectiva y del debido proceso tras los hechos vandálicos que tuvieron lugar el pasado 11 de julio de 2021”, dijo Osmín Álvarez Bencomo, presidente de la Junta Directiva Provincial de la organización en La Habana.
“Indignan las descalificaciones de conductas delictivas extremadamente graves que fueron tipificadas y sancionadas a raíz de estos hechos por sedición, al tratarse del levantamiento colectivo y violento de un grupo de personas contra autoridades y el orden público con el fin de derrocarlo”, agregó Álvarez Bencomo.
La declaración emitida por la UNJC de La Habana subraya que “los juristas de Cuba, en especial los de la capital, rechazamos categóricamente y enfrentamos cualquier intento de manipulación mediática y advertimos que, contra todo aquel que intente subvertir la justicia que en nombre del pueblo de Cuba se imparte, mediante amenazas o el descrédito, o simplemente facilitando la información, caerá todo el peso de la ley.
“Por cada colega amenazado, lo multiplicaremos por decenas de miles a todo lo largo y ancho, dispuestos a cambiar la toga y el estrado si fuera necesario por el fusil y la trinchera”.
Tras la lectura del texto, Torres Iríbar hizo un breve recuento de los hechos del 11 y 12 de julio en La Habana, y dijo que la campaña que se ha desatado contra jueces y fiscales “no es más que una articulación para destruir el sistema judicial de la Revolución”.
“No habrá odios, solo habrá justicia. Apoyamos y respaldamos la declaración de los juristas cubanos. La justicia revolucionaria es garante de la Revolución”, afirmó.
La máster en Derecho Civil y vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular de La Habana, Ludmila Collazo Rodríguez, denunció que tras darse a conocer las notificaciones resultantes de los procesos judiciales de los hechos del pasado 11 de julio se ha desatado una campaña de descrédito contra los profesionales de la justicia.
“Tanto los jueces como los fiscales han cumplido cada una de las fases del procedimiento establecido, en las cuales se garantizan los principios básicos que postula la Constitución de la República de Cuba, que tienen que ver con el debido proceso y la tutela judicial efectiva”, apuntó.
La letrada comentó que muchos de los que intervinieron en los procesos judiciales fueron jueces jóvenes, quienes asumieron con gran responsabilidad el procedimiento para el juzgamiento de estos hechos.
“En estos se ha velado por el principio de participación popular que rige la imparticipación de justicia bajo los principios de imparcialidad, la transparencia y el carácter eminentemente humanista”, destacó.
Collazo Rodríguez ratificó que los jueces seguirán cumpliendo con todos los postulados de la carta magna y velarán por todas las reglas del debido proceso, “teniendo en cuenta que estas resoluciones judiciales no son firmes y las personas juzgadas cuentan con los medios para impugnar las sentencias y hacer valer sus derechos”.
Por su parte, Guillermo Rodríguez Gutiérrez, abogado del bufete colectivo de La Lisa, reafirmó que durante el procesamiento de los acusados se cumplió con el debido proceso ya que “tuvieron derecho a la representación letrada, se les dieron a conocer las acusaciones que se les imputaban y pudieron presentar todas las pruebas necesarias para su defensa. Además, pudieron expresarse libremente durante la vista oral”.
Recordó que los abogados, a quienes ahora algunos cuestionan de no ser imparciales, pertenecen a un órgano independiente de la Fiscalía.
Sobre las condenas por sedición, Rodríguez Gutiérrez explicó que, además de los daños provocados, hay que tener en cuenta “la intención del agente comisor del delito”, que en este caso era alterar o cambiar el sistema económico y social del país establecido en la Constitución.
“Nuestros abogados plantearon sus tesis de defensa y realizaron su papel. El tribunal, a partir de las pruebas judiciales y testificales, tomó una determinación. Hay que recalcar que estas condenas aún no son firmes, ya que aún resta un proceso donde los imputados pueden presentar recursos de apelación”, aclaró.
Anabel López Reinaldo, fiscal en el municipio habanero de Marianao, afirmó que pertenecer a la Unión de Juristas de Cuba es un honor.
“Ser fiscal es un orgullo y una tarea bien difícil, porque hay que llevar a la par la responsabilidad, la justicia y la sensibilidad humana”, dijo.
“No son justos los cuestionamientos que se nos hacen. Nosotros hacemos nuestro trabajo apegados a la justicia en nombre del pueblo al que pertenecemos”, agregó.
Resaltó el tratamiento diferenciado dado a los jóvenes implicados, quienes tienen atenuantes atendiendo al carácter preventivo de la justicia.
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