La diputada de Unidas Podemos Roser Maestro. Foto: Izquierda Unida.
Mundo Obrero.- El pasado 3 de marzo, la diputada de Unidas Podemos Roser Maestro formuló una serie de preguntas al gobierno para conocer los perjuicios sufridos por las empresas españolas como consecuencia de la activación de los títulos III y IV de la llamada Ley Helms-Burton.
Esta normativa estadounidense, aprobada en 1996, codifica las disposiciones del bloqueo contra Cuba y amplía su alcance extraterritorial, lo que permite demandar ante tribunales de EE.UU. y sancionar, a personas y empresas extranjeras que realicen transacciones con propiedades estadounidenses nacionalizadas en Cuba.
En 2019 la Administración Trump activó los títulos de la legislación citada dando la posibilidad de exhibir demandas en cortes de EE.UU para ejercer brutales presiones no sólo contra Cuba, sino contra gobiernos y empresas de terceros países, entre ellos España, con más de 25 años de inversión en la isla.
Es así que Unidas Podemos pide conocer del gobierno el alcance de los perjuicios que han sufrido las empresas españolas como consecuencia de la activación de los títulos III y IV de la Ley Helms-Burton y qué medidas se han tomado para defender a estas empresas. Así mismo, UP pide conocer si existe algún informe o documento oficial que detalle los daños ocasionados y el apoyo brindado para minimizar sus efectos. Finalmente, Unidas Podemos indaga por cómo el gobierno aborda con su homólogo estadounidense estas cuestiones en el marco de la declaración conjunta entre ambos Estados firmada en junio de 2022 y en defensa del empresariado español.
Para defender a Cuba existen muchas trincheras y en todas se necesita la certeza de que allí hay patriotas, listos para ese combate épico que le dé a la Revolución la victoria tan necesaria para seguir adelante.
En solo días sonará el clarín y millones de cubanas y cubanos vamos a responder, como tantas veces, sin vacilaciones ni cansancios. El 26 de marzo, en las elecciones generales, otra vez se romperá el corojo y los mambises de siempre saldremos a la carga.
Nada diferente se espera de este pueblo, que sabe muy bien el significado de sus votos unidos por los 470 candidatos a diputados.
Es un derecho soberano y digno que defenderemos en las urnas; es una conducta cívica, que nos distingue, y que está por encima de intereses personales o de cálculos de conveniencia.
Hay una fuerza mayor para afincar nuestra aprobación por los propuestos, y esa razón es la independencia y, sobre todas las cosas, esa razón es la Patria.
Frente a nuestras banderas monolíticas, que representan la democracia socialista, refrendada mayoritariamente en la Constitución de la República, se pretenden levantar otros estandartes que buscan promover la apatía y la desidia política. Utilizan, como tantas otras veces, nuestras dificultades y carencias para anclar en ellas una campaña feroz y desleal, encaminada a fracturar el histórico muro de resistencia y consenso, que protege la soberanía de la nación.
Como en muchas otras ocasiones, la Patria es ara y no pedestal, y hay que defenderla de todos los embates. Son numerosas las razones para el voto unido y sobresale entre ellas el reconocimiento al mérito de los propuestos, que no les ha llegado desde riquezas materiales o prebendas de ocasión, como suele pasar en tantas latitudes de este planeta a la hora de conformar Parlamentos o Congresos.
Nuestros candidatos son hijos humildes de este pueblo, son los vecinos del barrio, los maestros y estudiantes de las aulas, los científicos modestos y grandiosos, los campesinos consagrados a la tierra, los médicos de nuestras familias, los artistas virtuosos, los obreros que se funden en el día a día de los cubanos.
Boleta en mano, se ha de sentir que en ese documento descansa la responsabilidad individual de ser consecuentes con la historia y la fidelidad a la obra que defendemos.
Poner en ella la marca que nos hace partícipes de las principales decisiones del país, es un privilegio que nuestro socialismo nos otorga y una oportunidad indiscutible de afianzar este sistema político, como garantía de no sucumbir ante los apetitos anexionistas e imperialistas que nunca han desaparecido.
Son tiempos difíciles y acechan los riesgos de quienes urden el plan de alentar la desconfianza y la desesperanza, para convertirlas en apatía o boletas en blanco; pero no somos ingenuos, los conocemos, son los mismos que aplauden el bloqueo económico, mienten, amenazan y odian.
Sabemos con toda certeza de qué lado ponernos en esta hora decisiva y acumulamos suficiente madurez cultural y política que nos permite comprender lo que está en juego.
No habrá vacilación o dudas, no puede haberlas, porque ellas podrían abrir las puertas de la desunión, que nos debilite, y los cubanos aprendimos, hace mucho de nuestro Héroe Nacional, que toda dificultad puede vencerse si no se pierde la honra.
Los golpes del siglo XXI apelan al caos, a aplicar terapias de choque mediante la guerra económica, sicológica, cultural y si es necesario entran a desempeñar su papel las fuerzas armadas, siempre como libertadoras o tras el manto de la «ayuda humanitaria»
La violencia contra el pueblo en los golpes de Estado se justifica como «estado de necesidad». Foto: AFP
En la madrugada del 10 de marzo, previo a las elecciones de 1952, un golpe de Estado perpetrado por Fulgencio Batista instauró una cruenta dictadura en Cuba.
El régimen implantado por el «hombre fuerte» de EE. UU. fue uno de las más bárbaros en el continente. Los órganos represivos articulados dentro del Ejército, la Policía y la Marina, bajo la asesoría directa del FBI y la CIA, sembraron el terror y la muerte en la Isla.
A partir de 1947, una ola de asonadas se había extendido por el continente americano.
No debemos olvidar que, en 1946, se creó el Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, nombrado Escuela de las Américas a partir de 1963; se instituyó en 1948 la Organización de Estados Americanos (OEA), y el 2 de septiembre de 1947, en Río de Janeiro, se firmó el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR).
En los años 60 y 70, en el marco de la Estrategia de Contención de Washington, y de la Doctrina de Seguridad Nacional, se produjo, de nuevo, una constelación de cuartelazos en numerosas naciones latinoamericanas, entre ellas Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile.
Los regímenes creados a partir de las asonadas militares de esos años, bajo la fuerte presión de las denuncias internacionales sobre violaciones de Derechos Humanos, pero, sobre todo, por la resistencia cada vez más organizada de los pueblos, comenzaron en los 80 a dar paso a transiciones democráticas, muchas de ellas mediatizadas, para impedir el triunfo de procesos radicales que afectaran los intereses de Washington en la región.
Sin embargo, ¿el regreso de la «democracia» significó el fin de los golpes de Estado?
Si definimos estas acciones como «la toma ilegal del poder por parte de una facción política, una secta, un grupo rebelde o militar, por cualquier medio», como lo precisan varios manuales y especialistas del tema, pudiéramos llegar a la conclusión de que, lejos de desaparecer, las tomas violentas del poder solo han cambiado de matices.
¿Cómo definiríamos lo sucedido en Bolivia en 2019, o en Brasil, contra el gobierno de Dilma Rousseff; los intentos por derrocar a Hugo Chávez en Venezuela y a Daniel Ortega en Nicaragua?
Hoy las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones permiten trasladar las acciones a un terreno diferente y mucho más efectivo.
Los grandes conglomerados mediáticos, las redes sociales digitales y la ciberguerra entran a desempeñar un papel primordial en las asonadas actuales, elementos a los que se suman métodos más tradicionales, como el uso de paramilitares, grupos criminales, etc.
En el caso de América Latina y el Caribe, hay que tener en cuenta el papel que tienen el lawfare, las ong al servicio de la comunidad de inteligencia yanqui y los militares.
No exentos de violencia, a pesar del apellido impostado de «suaves», los golpes del siglo XXI apelan al caos, a aplicar terapias de choque mediante la guerra económica, sicológica, cultural y si es necesario entran a desempeñar su papel las fuerzas armadas, siempre como libertadoras o tras el manto de la «ayuda humanitaria».
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