«Los odiadores no suelen modificar mucho su discurso. Cuando no tienen argumentos para refutar lo que aquí afirmamos, enseguida pasan a la ofensa o le exigen al programa posturas que nada tienen que ver con su perfil», afirmó en Con Filo este jueves Michel Torres Corona.
En una emisión dedicada al odio que circula en redes sociales, el presentador también dejó claras algunas consideraciones ante los cuestionamientos opositores:
«¿La vida en Cuba es perfecta? No. ¿Se pasa trabajo? Sí. ¿Nos gusta hacer colas y perder el tiempo en una parada? No. ¿Hemos cometido errores y podemos haber sido injustos? Sí. ¿Nos gustan las tiendas en MLC? No. ¿Creemos que son un mal necesario? Sí. ¿Estamos convencidos de lo que aquí decimos? Absolutamente. Y si algunos no quieren creernos, si algunos siquiera nos ofrecen el beneficio de la duda, si no asumen como posible que somos personas comprometidas con el proyecto revolucionario, con sus muchas más luces que sombras… pues, allá ellos», sentenció finalmente.
El colectivo de «Mujeres al Sur» junto a Graciela Ramírez, Jefa de la Corresponsalía de Resumen Latinoamericano en Cuba, la periodista cubana Maribel Acosta Damas y Lis Cuesta Peraza, profesora de Literatura Cubana y Coordinadora del Comité de Eventos del Ministerio de Cultura de Cuba.
Laura V. Mor/ Fotos: Yaimi Ravelo/ Video: Syara Salado Massip y Victor Villalba Gutiérrez/ Resumen Latinoamericano Corresponsalía Cuba – La Habana, 15 de marzo de 2022.- La tarde de este martes continuó con los debates en el Coloquio Internacional “Patria” organizado por la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba (UPEC) y Resumen Latinoamericano en la emblemática Casa de las Américas.
Gustavo Borges Revilla, periodista y actual Director de «Misión Verdad» en Venezuela, abrió la jornada donde remarcó la importancia de establecer una agenda común entre los movimientos de izquierda.
“Estamos sumergidos en la agenda de las corporaciones”, sentenció. En ese sentido, explicó que se hace necesario “pensar globalmente” y “no sectorizar la comunicación”; ya que caso contrario el sistema capitalista –que sí es global- monopoliza la opinión pública y el discurso al tener más “llegada”.
La comunicadora digital venezolana Cindy Orlenys Ortiz Vargas, quien cuenta con más de 94 mil seguidores en sus redes sociales, se refirió también a la sectorización de la conceptualización de la información y a la importancia de analizarla desde la transversalidad que tiene.
El periodista y profesor chileno y autor del libro “La batalla comunicacional” Pedro Santander Molina hizo hincapié en la comunicación como “un organizador colectivo”; donde se hace vital “conocer a nuestra audiencia” para poder comunicar de forma eficiente.
Llamó a comprender que “la batalla comunicacional es más amplia que los medios de comunicación”, tal como en la jornada matutina habían detallado Jerónimo Zarco Martínez y Bruno Lonatti, ambos jóvenes con una amplia audiencia y difusión en redes sociales.
Al igual que Gustavo Borges, llamó a “construir una articulación comunicacional” revolucionaria que permita ser el contrapeso necesario ante la tergiversación mediática imperante. Para ello sugirió ciertas acciones para lograr ese viraje metodológico: “primero estudiar y sistematizar y analizar nuestras experiencias exitosas; segundo, entender el contexto digital no solo volumétricamente sino topológicamente y estructuralmente”. En este punto, resaltó que es preciso dejar un poco de lado la lógica “enemigo céntrica” porque “hablamos demasiado del enemigo” y dejamos de analizar y divulgar nuestras propias experiencias exitosas.
El rapero argentino Daniel De Vita, conocido como “Doble D”, versó sobre la necesidad de “construir un nuevo discurso” que haga frente a la dominación cultural que, además de extranjerizar, construye un relato tergiversado de la realidad concreta que transitan los países de la región, tal como ocurrió con el 11J en Cuba.
La Lic. en periodismo y autora del documental hispano cubano “Herencia” sobre el legado afrodescendiente en Cuba, Ana Hurtado Martínez, abordó el rol de la contrarrevolución en la guerra mediática actual, más que nada luego de los intentos de desestabilización del 11J en Cuba y como desde ese relato manipulado buscan legitimar acciones violentas.
La integrante del colectivo “Mujeres al Sur” (que es también en Argentina, Presidenta de la Asociación Civil Caput por la Cultura, la Comunicación y los Derechos Humanos y miembro de la RedLAC (Red Latinoamericana de Acciones Culturales por la Memoria, Verdad, Justicia y Dignidad de las víctimas de desaparición forzada)) reafirmó la importancia que tienen las redes sociales como herramientas de comunicación.
“Veamos qué necesita nuestra gente y cómo transmitirlo. Seamos abiertos, oigamos al otro. Hay espacios que sino los ocupamos nosotros aunque no seamos los dueños, otros lo ocuparán”, concluyó.
La periodista brasileña integrante de Brasil de Fato Vivian de Oliveira Neves Fernandes reiteró en ese sentido, la necesidad de realizar un diagnóstico certero del mundo a partir de los cuáles producir contenido que aporte a esta batalla comunicacional.
“No podemos parar para crear doctrinas comunicacionales, tenemos que construirlas al paso que vamos, construyendo nuestras propias experiencias, y al mismo tiempo tenemos como desafío urgente la articulación”, afirmó.
Desde la idea de construir espacios y matrices de opinión contrahegemónicos, explicó que se necesita “no solo estudiar el pasado, sino el presente, para crear la teoría que necesitamos, además de acciones y agendas en común”, con una mirada nuestramericana e internacionalista.
“Hemos pasado a unos modelos de comunicación caracterizados por la inmediatez, la acción, creación y reacción” afirmó Carlos González Penalva, coordinador de comunicación en Izquierda Unida.
Este contexto es el que “permite a través del teléfono construir un contenido, responder a otro tipo de contenido y, además, contrastar esa información” con la rapidez necesaria de los tiempos que corren, en donde las redes sociales son formadoras de estados de opinión, aún a través de noticias falsas.
El panel cerró con la intervención del estadounidense Benjamin Samuel Becker, editor Jefe de Breakthroung News, una plataforma en video iniciada hace dos años que está enfocada en la distribución de contenido a través de Youtube y otras redes sociales.
“Son los videos con temas internacionales los que más generan interés y vistas, Nuestros videos rompen con las mentiras, de que todo lo que le han enseñado en las escuelas, en los medios tradicionales es mentira, hay otro mundo verdadero que existe fuera de lo que se les enseña”, explicó, dando cuenta de la necesidad de desarrollar contenidos dirigidos a ese segmento.
La batalla por difundir la verdad de los pueblos desde los medios de comunicación y el uso eficaz de las redes sociales fueron los ejes de un encuentro que, como sintetizó la periodista cubana y Vicepresidente Primera de la Unión de Periodistas y Escritores de Cuba (UPEC) Rosa Miriam Elizalde, “no concluye, esto recién empieza”.
La relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo de la ONU, Fionnuala Ní Aoláin, presentó este martes un informe sobre prácticas mundiales en relación con la detención secreta en el contexto de la llamada lucha contra el terrorismo, encabezada desde 2001 por Estados Unidos.
El texto ilustra lo que llama «el abyecto fracaso en la implementación de las recomendaciones de (un) Estudio (de 2010) con consecuencias trágicas y profundas para las personas que fueron sistemáticamente, torturadas, entregadas a través de las fronteras, detenidas arbitrariamente y privadas de sus derechos más fundamentales».
Sobre la base y complementando el trabajo del Relator Especial sobre la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos y Degradantes, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, este informe exige, de acuerdo a Ní Aoláin, que la rendición de cuentas, la reparación y la transparencia sean implementadas por los Estados responsables de estas graves violaciones de derechos humanos.
La falta de implementación de las recomendaciones de 2010 del propio Consejo de DD.HH. ha permitido y facilitado las continuas violaciones de derechos humanos en nombre de la lucha contra el terrorismo en todo el mundo, denunció la relatora especial.
En este tiempo se han desarrollado nuevas modalidades de transferencia a través de las fronteras, eludiendo las protecciones legales requeridas, incluida la no devolución; la detención masiva sin proceso legal ha sido normalizada por ciertos Estados; y la excepcionalidad en los juicios por cargos de terrorismo sigue arraigada.
El informe critica, en particular a Estados Unidos, pues recuerda que «la práctica del waterboarding (ahogamiento simulado) estaba legalmente justificada y se practicaba brutalmente en sitios negros controlados por Estados Unidos. Los detenidos fueron colocados en estructuras similares a ataúdes o cajas cerradas durante largos períodos de tiempo para inducir miedo, claustrofobia y dolor físico».
El Estudio documenta las acciones de numerosos países que colaboraron con el gobierno de los Estados Unidos para permitir la captura de personas (detención por representación), albergaron cárceles secretas (sitios negros), interrogaron a personas a pedido y, en ocasiones, con la supervisión de personal estadounidense, habilitaron traslados encubiertos de prisioneros (entregas) a través de sus aeropuertos y fronteras, facilitaron asistencia médica y operativa de otro tipo, y encubrieron las violaciones que habían tenido lugar en su territorio al negarse a compartir o divulgar información relacionada con la detención, desaparición y tortura. Los actores privados también fueron cómplices de la entrega y la tortura.
La responsabilidad por la comisión de violaciones graves del derecho internacional sigue siendo responsabilidad de los Estados en cuyo territorio se cometieron las violaciones, recuerda el informe.
Como parte del fortalecimiento de la estructura del Gobierno, el Consejo de Ministros aprobó la creación del Departamento de Atención a las Instituciones Religiosas y las Asociaciones Fraternales, con la misión de conducir y ejecutar las tareas administrativas relacionadas con estas entidades.
Al frente de este Departamento fue nombrada la compañera Eloísa Valdés Pérez, Licenciada en Ciencias Sociales y Máster en Ciencias, con una amplia trayectoria como cuadro del Partido, y quien se ha desempeñado durante varios años como funcionaria de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central.
De esta manera, se continúa dando cumplimiento a las ideas, conceptos y directrices del 8vo. Congreso del Partido, en el perfeccionamiento de los métodos de dirección de la organización y a la política respecto a los asuntos religiosos y fraternales, que ha sido objeto de atención permanente por la dirección de la Revolución. Las decisiones en este ámbito han estado dirigidas a mantener la unidad del pueblo y propiciar la plena inserción en la sociedad cubana de los creyentes y las instituciones que los representan.
La Constitución de la República declara que el Estado cubano es laico y reconoce, respeta y garantiza la libertad religiosa, así como que las instituciones religiosas y asociaciones fraternales están separadas del Estado y todas tienen los mismos derechos y deberes.
Por su parte, la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba seguirá manteniendo su labor en la implementación de la política de la Revolución hacia la religión y los creyentes.
Las “manifestaciones pacíficas” se transformaron en impactantes disturbios. Foto: AFP
El Tribunal Provincial Popular de La Habana celebró, entre el 14 de diciembre de 2021 y 3 de febrero de 2022, los juicios orales y públicos correspondientes a las seis causas penales por los hechos acontecidos los días 11 y 12 de julio del año pasado, en el lugar conocido por la Esquina de Toyo, en el municipio de Diez de Octubre, y en el reparto La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo. Estos procesos fueron seguidos contra 129 ciudadanos, acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos, con el propósito de desestabilizar el orden público, la seguridad colectiva y la tranquilidad ciudadana.
Los juicios se realizaron con observancia del debido proceso y estricto respeto de los derechos y garantías constitucionales de los acusados y de sus abogados de la defensa, según lo establecido en la legislación vigente, incluyendo la práctica de las pruebas propuestas, tanto por la fiscalía en su acusación, como por los encartados y sus representantes procesales. Al acto judicial asistieron varios familiares y amigos de los implicados, quienes pudieron presenciar la profesionalidad y transparencia con que se desarrollaron las audiencias.
El tribunal notificó las sentencias, en las que consideró probado y demostrado que el 11 de julio de 2021, en la Esquina de Toyo, municipio de Diez de Octubre, obedeciendo instrucciones impartidas por personas tanto desde Cuba como desde el exterior, los acusados, intentaron subvertir el orden constitucional, de forma violenta. Lanzaron piedras y botellas contra varios funcionarios, agentes del orden interior, instalaciones de la Policía Nacional Revolucionaria, autos patrulleros; voltearon una moto y carros pertenecientes a la Asamblea Municipal del Poder Popular y provocaron lesiones a otras personas y graves daños materiales.
Por otra parte, otro grupo de acusados, el 12 de julio de 2021, en la localidad de La Güinera, municipio de Arroyo Naranjo, salieron a las calles de ese territorio y convocaron a los transeúntes y vecinos a que se les unieran; lanzaron piedras, palos, botellas y cocteles molotov contra agentes del Ministerio del Interior y otros trabajadores de instituciones estatales presentes en el lugar, a quienes causaron lesiones. Los procesados también asediaron por varias horas la Unidad de la Policía Nacional Revolucionaria del reparto Capri.
Estos sucesos fueron deliberadamente organizados en medio de la situación compleja que atravesaba el país, como consecuencia de la pandemia de la COVID-19, en particular en la provincia de La Habana, razones por las que se habían tomado medidas excepcionales para contrarrestar sus efectos, que incluían, entre otras, la limitación de movimiento y el aislamiento social.
El tribunal, con total respeto a las garantías y derechos, y en correspondencia con las pruebas practicadas en las audiencias orales, consideró a 128 de los acusados juzgados responsables de los hechos, según cada caso, por los delitos de Sedición y Hurto, previstos y sancionados en los Artículos 100 a), 322.1 y 323 del Código Penal.
Para adecuar e individualizar la sanción a imponer a cada uno de los responsables en la perpetración de los referidos delitos, los jueces actuantes tuvieron en cuenta el grado de participación, las condiciones personales de los implicados, así como la gravedad, lesividad y violencia de los actos cometidos, unido a la situación excepcional que vivía el país producto de la pandemia y, en observancia de lo establecido en el Código Penal vigente, decidieron aplicar a los acusados las sanciones siguientes:
Dayron Martín Rodríguez y Miguel Páez Estiven, 30 años de privación de libertad; Wilmer Moreno Suárez, 26 años de privación de libertad.
Roberto Pérez Ortega, Luis Frómeta Compet y Asley Nelson Cabrera Puente, 25 años de privación de libertad.
Walnier Luis Aguilar Rivera, Ángel Hernández Serrano, Yerandis Rillo Pao, Oscar Luis Ortíz Arrovsmeth, Robert Orlando Cairo Díaz, Denis Ojeda Álvarez, Yoandry Reinier Sayu Silva y Yoanky Báez Albornoz, 23 años de privación de libertad.
Lázaro Zamora González, José Luis Sánchez Tito y Frank Aldama Rodríguez, 22 años de privación de libertad.
Rolando Vázquez Fleitas, Henry Fernández Pantera y Juan Emilio Pérez Estrada, 21 años de privación de libertad.
Katia Beirut Rodríguez, Fredy Beirut Matos, Alexander Guillermo Martínez Amoroso, Dianyi Liriano Fuentes, Alexis Sosa Ruiz, Orlando Carvajal Cabrera, Jorge Vallejo Venega, Ronald García Sánchez, Alexis Borges Wilson, Donger Soroa González y Alexander Ayllón Carvajal, 20 años de privación de libertad.
Duannis Dabel León Taboada, Adael Jesús Leyva Díaz, Lauren Martínez Ibáñez y Kendry Miranda Cárdenas, 19 años de privación de libertad.
Odet Cruzata Hernández, Reinier Reynoso Valdes, Jesús Enrique Vázquez Cabrera, Marlon Brando Díaz Oliva, Dayán Gustavo Flores Brito, Oscar Bárbaro Bravo Cruzata, Yussuan Villalba Sierra, Ricardo Duque Solís, Francisco Eduardo Soler Castaneda, Elieser Gordín Rojas y Rowland Jesús Castillo Castro, 18 años de privación de libertad.
Carlos Paul Michelena Valdés, Daisy Rodríguez Alfonso, Amaury Leyva Prieto, Kevin Damián Frómeta Castro, Juan Piloto Ferro y Luis Miguel Oña Jiménez, 16 años de privación de libertad.
Felipe Almiral, Elier Padrón Romero, Brusnelvis Adrián Cabrera Gutiérrez, Amalio Álvarez González, Luis Armando Cruz Aguilera, Oriol Hernández Gálvez, Edel Cabrera González, Roberto Ferrer Tamayo y Harol Michel Mena Nuviola, 15 años de privación de libertad.
Adán Kiubel Castillo Echevarría, Adrián Oljales Mora, Yunaiky de la Caridad Linares Rodríguez, Juan Carlos Morales Herrera, Amaury Fernández Martínez, Carlos Alberto Hernández Pérez, Andrius López Fragosa, Osvaldo Lugo Pita, Juan Walberto Verdecia Rodríguez y Lázaro Noel Urgelles Fajardo, 14 años de privación de libertad.
Yunior García Vizcay, Carlos Luis Águila Socarrás, Adonay López López, Julián Yasmany Díaz Mena, Eduardo Álvarez Rigal, y Brandon David Becerra Curbelo, 13 años de privación de libertad.
Karen Vázquez Pérez, Franyer Abad Dumet, José Luis Castillo Bolaños, Yan Carlos Martínez Bonne, Freidel Ramírez Castillo, Jarolkis Suárez Rojas, Idael Naranjo Pérez, Jesús Ramón Rodríguez Pérez, Yosney Emilio Román Rodríguez, Raudel Saborín González, Yasiel Arnaldo Córdova Rodríguez, Rafael Jesús Núñez Echenique, Elyán Seguí Cruz, Mackyani Yosney Román Rodríguez, Alejaime Lambert Reyes, Rolier Salazar González y Yurema Ramos Abad, 12 años de privación de libertad.
Jaimel Alcide Firdó Rodríguez, Alejandro Bécquer Arias, Arielvis Rill Baró, Yaquelín Castillo García y José Luis Castillo de la Torre, 11 años de privación de libertad.
Leoalys de la Caridad Valera Vázquez, Yunan González Terry, Raynel Mayet Frómeta, Brayan Piloto Pupo, Giuseppe Belaunzarán Guada, Santiago Vázquez León, Lázaro Daniel Cremé Bueno, Dayán Jesús Ramírez Rondón, Germán Barrenechea Echavarría y Eris Diógenes Mejías Vinent, 10 años de privación de libertad.
Frank Daniel Roy Sotolongo, Yassell Guerra Campos, Marco Antonio Alfonso Breto y Liliana Oropesa Ferrer, 9 años de privación de libertad.
Dariel Cruz García, Juan Yanier Antomarchi Núñez, Yurileydis Soler Abad, Félix Jesús Armada García, Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso, Yoilán Limonta Mojena, Yosnel Daniel Castro Fernández y Frandy González León, 8 años de privación de libertad.
Rubis Carlos Vicet Padilla, Emy Yoslán Román Rodríguez, Yensi Jorge Machado González y Wilfredo Limonta Mesa, 7 años de privación de libertad.
José Antonio González Guerrero y Yeinier Ibáñez Boudet, 6 años de privación de libertad;
Nelsón Nestor Rivero Garzón, 4 años de privación de libertad, subsidiado por igual término de trabajo correccional sin internamiento.
El acusado Nayn Luis Marco Molinet fue absuelto por el tribunal por no demostrarse su participación en los hechos.
De igual forma, el tribunal dispuso en su sentencia, como responsabilidad civil de los acusados, la obligación de indemnizar a las personas que resultaron lesionadas a consecuencia de los hechos cometidos y reparar los daños ocasionados a las entidades.
Tanto a los acusados sancionados como a la fiscalía les asiste el derecho de interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo Popular contra la sentencia dictada por el órgano judicial que realizó el juicio en primera instancia.
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