Embarazo adolescente: de brechas y desprotecciones

Género

Laura Serguera Lio – Alma Mater.- Una edad mínima de consentimiento sexual imprecisa y a efectos prácticos muy baja; tipificación desactualizada y discriminatoria de los delitos sexuales; limitaciones en el acceso a algunos servicios de salud para los adolescentes; insuficiente educación sexual… ¿por dónde empezamos el cambio?


Quizás empezó a mirarlo diferente uno de esos días que la esperaba afuera de la escuela. Lo cierto es que, tras mucha insistencia, el rechazo cedió paso a una sensación rara, parecida a extrañarlo cuando no lo veía. Se le metió por los ojos de tanto mortificarla en el barrio, hasta que se hicieron novios y ella aceptó ir a su casa.

La mayoría de las veces, en realidad, solo quería acabar antes de que alguien los descubriera. Tenía pánico de que sus padres se enteraran, pero él actuaba como si nada: seguía visitando a su familia y, delante de ellos, la ignoraba.

¿Placer? No se acuerda. ¿Condón? Ni lo pensó, era todo a la carrera: satisfacerlo para que la dejara tranquila. Tampoco es que supiera mucho, con sus noviecitos anteriores nada más compartía besos.

Entonces la regla le faltó un mes. Pasó varias semanas sin decidir qué hacer, muerta en vida, antes de atreverse a decirle a una amiga que le propuso averiguar sobre una interrupción.

«Ni loca» … le daba demasiada vergüenza.

Al final resolvió contarle. Él, divorciado, sin hijos, le aseguró que casarse era la manera de arreglarlo todo.

«Esa noche, cuando se acostaron en mi casa, recogí la ropa que ya tenía preparada y me fui. Por la mañana, tempranito, habló con mi papá, que después de eso estuvo como tres meses peleado conmigo. Mi mamá se puso a llorar, pero por la tarde vino escondida. Como vivíamos cerquita, a cada rato nos veíamos cuando mi papá estaba para la finca. Eso hasta que se le pasó la incomodidad y volvió a recibirme».

Claudia¹ no precisa qué edad tenía su esposo en aquel momento. «Treinta y pico», indica de forma vaga, aunque llevan una década juntos, viviendo en el mismo barrio del Puente Miel, en Baracoa, Guantánamo, donde se conocieron cuando ella era una niña.

Sí recuerda la suya: «Tenía 12 años. Cuando parí ya había cumplido 13».

Entre el resquicio jurídico y la tolerancia social

La Misión Permanente de Cuba ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y otros organismos internacionales en Suiza aseguraba en la Nota No. 248/2020 que «de conformidad con lo establecido en nuestras normas, la edad legal para el consentimiento sexual es 16 años».

El documento contestaba un cuestionario de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, acerca de la criminalización y el enjuiciamiento de la violación en el país. La respuesta cubana, entre otros temas, admitía que «no contamos con alguna disposición que regule la actividad sexual entre los adolescentes, quienes se inician cada vez más temprano».

El informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) Las edades mínimas legales y la realización de los derechos de los y las adolescentes. Una revisión de la situación en América Latina y el Caribe, coincide con esta perspectiva, no sin reconocer la contradicción que implica el permiso del matrimonio en menores de esta edad.

«En Cuba, la edad mínima para el consentimiento sexual es de 16 años. Sin embargo, la ley establece que las niñas pueden ser autorizadas a casarse a los 14 años bajo circunstancias excepcionales. Aunque no hay una clara definición de conceptos tales como “circunstancias excepcionales”, “buenas causas” y/o “razones válidas”, estas excepciones aplican a menudo en casos de embarazo de las adolescentes (…) una práctica frecuente es la de los padres alentando o forzando a sus hijas a casarse cuando se inician en su actividad sexual», refiere el texto.

Por ello, y teniendo en cuenta además los agravantes de las sanciones previstas para los delitos sexuales, aproximaciones más críticas desde las ciencias jurídicas cubanas consideran que la edad mínima en el país es, realmente, los 14 años.

«El tema del consentimiento en las relaciones sexuales resulta de difícil tratamiento, pues pasa por el análisis de la existencia de acuerdo y de que se esté en posibilidades físicas y psicológicas de emitir ese acuerdo. En ese sentido, la edad constituye un factor relevante para determinar las políticas de atención en los servicios de Salud Sexual y Reproductiva (SSR), por lo que se han tomado como referentes la edad prevista por la legislación familiar para contraer matrimonio (incluida la situación de excepcionalidad) y la protección penal frente a los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales», detallan Yamila González Ferrer e Ivonne Pérez Gutiérrez en su Diagnóstico sobre incidencia de legislaciones y políticas en el acceso de adolescentes y jóvenes a servicios de salud sexual y reproductiva en Cuba.

Es difícil determinar la idoneidad de esta u otra edad. Las normas internacionales no indican cuál debería ser y en nuestra región las leyes de diferentes países las han establecido desde los 12 hasta los 18 años (la mayoría de América Latina y el Caribe la cifra entre los 14 y los 16). El equilibrio se perfila complejo, pues mientras por una parte su objetivo es proteger a jóvenes que pueden no ser plenamente conscientes al participar en la actividad sexual temprana, por otra hay un llamado a no penalizar en exceso sus conductas.

Al respecto, Unicef considera que se debe respetar la capacidad evolutiva del adolescente, y no ajustar demasiado bajo ni alto este medidor.

Si bien el organismo internacional afirma que la actividad sexual con una persona bajo la edad de consentimiento sexual se considera un abuso sexual y es sancionada penalmente, en la práctica, no siempre ocurre así.

El abuso sexual —o el abuso sexual infantil— no está tipificado en el Código Penal Cubano vigente. Este, que data de 1987 y cuya actualización se prevé como parte del cronograma legislativo nacional, detalla en su Título XI los delitos contra el normal desarrollo de las relaciones sexuales y contra la familia, la infancia y la juventud. De acuerdo con el diagnóstico de Yamila González Ferrer e Ivonne Pérez Gutiérrez, dicho apartado «establece un grupo de figuras con formulación desactualizada e incompleta».

La comparación del delito de violación (artículo 298) y el de pederastia con violencia (artículo 299) manifiesta discriminación: el primero supone a la víctima siempre mujer y el segundo varón, resultando más severas las sentencias de quienes los agreden a ellos que a ellas.

Por otra parte, el Estupro (artículo 305), figura delictiva que sanciona a quien tenga relación sexual con mujer soltera mayor de 12 años y menor de 16, mediante abuso de autoridad o engaño, valida de forma implícita la actividad sexual de las niñas mayores de 12 años cuando no concurran ni estas circunstancias ni violencia, intimidación o incapacidad de la víctima para consentir (violación).

Fuente: Ley 62, Código Penal | Diseño: Alejandro Sosa

Al respecto, Yamila González e Ivonne Pérez recuerdan que los casos de estupro tradicionalmente son «subsanados» arreglando el matrimonio de la hija con el ofensor, solución que atenta contra la integridad de la adolescente; pero que es posible dada la autorización excepcional prevista en el Código de Familia a partir de los 14 años de edad. El proyecto de nuevo Código de las Familias que será sometido a consulta popular a partir de febrero de este año elimina el matrimonio entre menores de edad sin salvedades.

A efectos prácticos, la edad de consentimiento para las adolescentes podría estar fijada en los 12 años, toda vez que el coito con menores de esta edad se considera por defecto violación. Si bien no hay consenso sobre el momento idóneo comenzar a consentir la actividad sexual, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño afirma que a los 13 años se es todavía muy joven para ello.

Mas, no es la única brecha relacionada con la protección jurídica de los derechos sexuales de la adolescencia. Estos delitos, además, sólo son perseguibles tras una denuncia de la víctima o alguno de sus familiares cercanos. De acuerdo con las juristas, esta condición restringe las posibilidades de denuncia, sobre todo cuando se trata de infantes o adolescentes agredidos por personas cercanas.

Barreras para el acceso a los servicios de Salud Sexual y Reproductiva

El embarazo no alteró las rutinas de Claudia. En pocas palabras, no se sintió el cambio. Aun así, debido a su edad, la doctora de la familia intentó ingresarla en un hogar materno en más de una ocasión.

«Cada vez que mi marido iba a verme yo me fugaba y regresaba con él a la casa. Así hasta que me dieron por imposible y me fui para el hospital ya con dolores para parir», recuerda.

Después del parto, su mamá la llevó a ponerse un dispositivo intrauterino. Tal vez ninguna lo tenía claro, pero ese acompañamiento no era opcional: aunque Claudia ya tenía una hija, a efectos legales seguía siendo menor de edad y para procedimientos como la colocación de un anticonceptivo o realizarse un aborto debía acudir a consulta con sus padres o tutores.

Para Yamila González e Ivonne Pérez, la necesidad de ese permiso para acceder a los servicios resulta una brecha, pues limita el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos del adolescente si existiera discordancia.

«La tendencia es a eliminar las autorizaciones de los representantes legales, no solo para el caso de la interrupción de embarazos, sino para el resto de las cuestiones que tributen al acceso de los servicios de salud sexual y reproductiva (SSR)», precisan las expertas.

Unicef tiene definida su postura en este tema: Si la legislación considera que muchachas y muchachos cuentan con la capacidad de tomar decisiones en relación con sus propios cuerpos para la actividad sexual, esa capacidad debería extenderse a la salud sexual, consejería reproductiva y su tratamiento. O sea, la edad mínima de consentimiento médico sin la presencia de padres o tutores no debe superar la fijada para el consentimiento sexual.

La disparidad entre ambos límites impide garantizar el acceso por su propia cuenta a servicios que pueden necesitar. Este problema se agrava en contextos como el de Cuba, donde la edad de inicio de las relaciones se ha adelantado varios años a la del «permiso» legal.

En general, el Comité de la Convención de los Derechos del Niño defiende legislaciones más abiertas, pero también servicios de salud sexual y reproductiva más eficaces. Así, propone considerar la posibilidad de permitir que los niños y niñas consientan ciertos tratamientos médicos e intervenciones sin el permiso del padre, la madre o tutor legal, como pruebas de detección del VIH; o la educación y orientación, el acceso a la anticoncepción y el aborto en condiciones de seguridad. Igualmente, sostiene que, de acuerdo con la evolución de sus capacidades, deben tener acceso a consejos y asesoramiento confidencial.

El último punto resulta de especial relevancia. En varias ocasiones, el Comité ha desvinculado el tratamiento médico de la asesoría, haciendo hincapié en la importancia de garantizar esta última en condiciones de confidencialidad y sin el permiso parental a todas las edades.

Cuba no está de espaldas a estas polémicas, muy atravesadas por esa tradición patriarcal que marca con tintes de verticalidad y poca comunicación a no pocos hogares en la Isla.

«Hay una discusión sobre la autonomía progresiva de los adolescentes y la autoridad paterna. Hoy se estudian las edades para que puedan acceder a procedimientos sin el consentimiento de sus tutores, porque se hace necesario darles mayores posibilidades de decidir. Desde la promoción de salud, el enfoque ha sido de acceso a la información, que tienen todo el derecho a recibir, ya sea en un consultorio, un servicio de planificación familiar, de consejería de ITS-VIH/Sida», afirma la doctora Olga Lidia Revilla Vidal, especialista a cargo del componente educativo y salud sexual y reproductiva en el Programa de Atención Materno Infantil del Ministerio de Salud Pública (MINSAP).

Sobre este particular, la doctora Mercedes Piloto, quien dirigiera la Sociedad Científica Cubana para el Desarrollo de las Familias (SOCUDEF), enfatiza que los adolescentes pueden acudir a los servicios de salud para ser informados e incluso recibir la primera atención, siempre y cuando no incluya procederes invasivos.

“Existe un vacío grandísimo. Todos los organismos del Estado tienen una atención diferenciada para los adolescentes, pero no hay un órgano en el país que coordine esas políticas. Las niñas, los niños y adolescentes son sujetos de derecho entre ellos los de salud sexual y reproductiva, pero, ¿dónde está la contraparte, la seguridad legal del proveedor de salud que realiza un procedimiento con riesgos significativos sin el conocimiento de los padres?”, se pregunta Piloto.

En realidad, la barrera principal se erige en torno a las interrupciones voluntarias de embarazo. Aunque para la colocación de un dispositivo intrauterino, de un implante anticonceptivo subdérmico o de inyecciones anticonceptivas las menores de edad no pueden acudir solas, existen en el país otras opciones a su alcance para prevenir la concepción.

En Cuba no existen límites de edad para acceder libremente a condones masculinos y femeninos, estos últimos poco vistos en el país por su elevado precio.

Al respecto, Yamila González e Ivonne Pérez plantean que «las políticas de libre acceso facilitan el uso de anticonceptivos de barrera como instrumento de planificación familiar y de protección frente al VIH y otras ITS, al romper con los frenos que representan el conocimiento o presencia de progenitores o tutores y el temor o vergüenza de las y los menores para contar que han iniciado su vida sexual o prevén hacerlo, lo que puede retrasar el momento de acceder a dichos métodos».

Por otra parte, el Programa Nacional de Salud para la Atención Integral en la Adolescencia (2012-2017) reconoce la importancia de la anticoncepción de emergencia en la planificación familiar. Las normativas nacionales vigentes no hacen mención explícita a rangos etarios, ni a la presencia o autorización de los representantes legales para su expendio a menores de edad.

Tanto los condones masculinos como la llamada «píldora del día después», se comercializan en la red de farmacias sin receta. Lo mismo sucede con las tabletas anticonceptivas hormonales, aunque para usar estas sí se debería contar con la orientación de un especialista.

Educación integral de la sexualidad, ¿la “solución” más sencilla?

Mercedes Piloto admite que, a pesar de que en Cuba el derecho de los adolescentes a recibir información se reconoce, no siempre se satisface de manera efectiva.

«No se trata solamente de que a nuestros muchachos les falte educación sexual integral; también a nuestros médicos les falta capacitación para atender a grupos vulnerables en general. No creo que estemos preparados para esa consulta amigable, en la que cualquier persona sea tratada con amabilidad, sin que la juzguen o estigmaticen por su condición; en la que quien ofrezca el servicio entienda que su rol es informar, teniendo en cuenta, además, que la otra parte entienda. A eso deben sumarse retos como que los adolescentes no quieren compartir sus secretos, no les gusta que los vean en las consultas y que, para acudir a estas, tanto ellos como sus padres, deben faltar a la escuela y el trabajo. A las cinco de la tarde, cuando un joven sale de la secundaria, ya el consultorio cerró».

Respecto a este tema, la doctora Francisca Cruz Sánchez, jefa del Grupo de Atención Integral a la Adolescencia del Ministerio de Salud Pública, cifra esperanzas de mejoría en la implementación de una serie de estándares para la calidad en los servicios de salud para adolescentes, basados en el análisis de las barreras que afectan su acceso y uso por esta población.

Estos son: Conocimientos de los adolescentes sobre salud; Apoyo de la comunidad; El paquete de servicios; Competencias de los prestadores; Entorno físico y equipamiento de los establecimientos de salud; Equidad; Datos y mejora de la calidad; Participación de los adolescentes.

Fuente: Manual para la atención a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia | Diseño: Alejandro Sosa

El proyecto, impulsado por el Programa Materno Infantil y el Fondo de Población de las Naciones Unidas, inició en 2018 y hasta el momento se ha extendido a cuatro municipios del país: Las Tunas, Buey Arriba (Granma), Cumanayagua (Cienfuegos) y San Miguel del Padrón (La Habana).

«Con la implementación de los estándares queremos capacitar a los profesionales de la salud que trabajan con adolescentes, porque esa es una etapa de la vida con características propias y hay que prepararse para atenderlos, sobre todo en la esfera de la salud sexual y reproductiva. Pero no se limita a los ginecobstetras, también a médicos y enfermeros de la familia, pediatras…».

La doctora enfatiza en la necesidad de mejorar los servicios, logrando que sean confiables, con privacidad, donde muchachas y muchachos se sientan seguros, cómodos, y satisfagan sus necesidades de información a través de una comunicación afectiva, que tenga en cuenta su situación en cada momento.

Igualmente, considera que deben extender el trabajo a los maestros y las familias, partiendo de que el embarazo adolescente es un fenómeno multicausal, con fuerte influencia de factores sociales y que sucede, en ocasiones, a pesar de que los jóvenes conozcan los métodos para evitarlo.

«Esperamos que con la implementación de los estándares podamos incorporar a la familia y a todos los factores de la comunidad para prevenir los riesgos a los que se exponen los adolescentes. A ellos también debemos prepararlos desde temprano, con cursos para futuros padres en los que se hable de maternidades y paternidades más conscientes, antes de que se produzca el embarazo, cuando puede prevenirse».

Por otra parte, la especialista insiste en la necesidad de trabajar con el adolescente varón, evadiendo los estereotipos que analizan la salud sexual como un asunto de las muchachas, cuando ellos tienen un papel igual de importante en la prevención del embarazo y las ITS.

Sobre este aspecto, Olga Lidia Revilla Vidal, a cargo del área de Promoción de Salud que atiende el embarazo adolescente en todo el país, refiere que han identificado brechas de género, pues es común que se entienda la fecundidad como una cuestión de la familia de la muchacha.

«Se trata de un problema no solo de salud, también social, y la familia del varón por lo general se desentiende. Trabajamos para propiciar herramientas antes de que suceda, pero también otras que serán útiles después de que nace el bebé. Estamos intencionando el trabajo educativo con la familia del varón, para que se sienta responsable con la prevención y asuma esa responsabilidad».

Lídice Mederos, coordinadora nacional de la Línea de Adolescentes y Jóvenes del Programa de Prevención de ITS-VIH/Sida, explica que las redes de prevención cuentan con promotores de salud en todas las provincias del país, con el objetivo de llegar a cada municipio. Forman parte de ellas médicos, enfermeros, psicólogos, educadores especializados en temas de salud, trabajadores sociales y miles de voluntarios.

«Es un reto muy grande adecuar la estrategia nacional a cada una de las localidades, pues atraviesa la capacidad que tiene cada persona para hacer suyo el programa. La guía es un plan estratégico realizado por un grupo de especialistas que estudiaron los de varios países, y sienta todas las pautas, pero cada cual tiene que adaptarlo a sus recursos, enfocarlo a su situación y proyectar su respuesta», afirma.

Lídice aboga por la preparación y desarrollo de actores protectores como la escuela, la familia, y la comunidad, que permitan un proceso educativo transversal.

«Nadie, desde ninguna trinchera, puede solo. La familia es agente transmisor de prejuicios, su mensaje muchas veces dista del que necesitamos como sociedad, al tratar el sexo como si fuera algo pecaminoso y hacer silencio respecto a estos temas», asegura. Algunos derechos de los y las adolescentes según la Declaración de los Derechos Sexuales. Fuente: Manual para la atención a la salud sexual y reproductiva en la adolescencia | Diseño: Alejandro Sosa

Con la centralidad del rol de la familia en estos asuntos coincide la doctora Natividad Guerrero Borrego, investigadora del Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX).

«Las conversaciones deberían empezar cuando empiezan a intimar. Deben saber dónde están los anticonceptivos, enseñarlos a conocer a la persona con quien tendrán relaciones sexuales, los riesgos de sus comportamientos. El adulto tiene la responsabilidad de preparar al joven para que la sociedad sea más saludable, deben naturalizar los métodos anticonceptivos y la necesidad de la protección. Para tener salud sexual y reproductiva es necesario estar informado; algunas personas creen que transmitir el conocimiento es una forma de incitar, pero no, quien tenga conocimiento satisfará sus deseos sexuales de una forma más segura».

Asimismo, la psicóloga refiere que, aunque existen programas establecidos por el Ministerio de Educación (MINED), diseñados para todos los niveles de enseñanza, incluso desde el círculo infantil, estos no siempre se cumplen a cabalidad.

«Los espacios para abordar estos temas han quedado relegados, se han desdibujado. Cuando se habla de sexualidad en las escuelas se dirige la mirada a la familia y los valores, pero a los adolescentes debe dársele herramientas: “la píldora del día después funciona de tal modo, la puedes adquirir aquí, es bueno que la tengas”. Hay información, pero no conocimiento, te pueden decir los nombres de los anticonceptivos sin saber usarlos correctamente. Los embarazos se están produciendo en buena medida como resultado de relaciones deseadas, por esto hay que insistir en que sean responsables».

Una década atrás, el Ministerio de Educación (MINED) aprobó la Resolución No. 139 de 2011, que norma el Programa Nacional de Educación de la Sexualidad con enfoque de género y de derechos sexuales en el Sistema Nacional de Educación. El Programa, impulsado como parte del seguimiento a los acuerdos de la Primera Reunión de Ministros de Salud y Educación de América Latina y el Caribe para detener y revertir el avance de la epidemia del VIH, resultó reflejo de la preocupación existente.

En febrero de 2021, la Resolución 16/2021 del propio MINED dejaba sin efecto aquella, al aprobar el Programa de Educación Integral en Sexualidad con enfoque de género y derechos sexuales y reproductivos.

Aunque con un nombre similar al de su predecesor, la actualización prometía un abordaje más global de los temas de derechos y salud sexual, así como mejor enfoque y metodología; entre ellos, la anticoncepción, la planificación familiar y la prevención del embarazo adolescente tenían más espacio.

El 14 de septiembre pasado, el MINED emitió una nota en la cual informó sobre el aplazamiento de la aplicación de la Resolución 16, ante la imposibilidad de garantizar «libros de textos, planes, programas, orientaciones metodológicas y cuadernos de trabajo», a causa de la difícil situación económica del país. Tras más de un año de trabajo educativo a distancia, debido a las condiciones epidemiológicas provocadas por la pandemia de COVID-19, durante el que se potenciaron métodos de largo empleo en el país como las teleclases, no pocos han visto en esta medida una respuesta a las presiones ejercidas por movimientos antiderechos que obstaculizan la intención de formar valores como el respeto a la diversidad sexual y el rechazo a prácticas y comportamientos homofóbicos y transfóbicos.

Aunque no exclusivamente, esta situación puede vincularse con dos de las principales barreras jurídicas identificadas en el diagnóstico de Yamila González Ferrer e Ivonne Pérez Gutiérrez: primero, la inexistencia de una entidad central que atienda el tema de la infancia y la adolescencia, dando seguimiento a las políticas a partir de un enfoque preventivo e integrador; segundo, el insuficiente reflejo normativo del enfoque de educación integral de la sexualidad, estando el existente, además, centrado en los riesgos de la salud, sin incluir lo emocional o afectivo ni darle una mirada positiva.

Entre las principales recomendaciones realizadas por ese estudio —y quizás de las más urgentes— se encuentra la elaboración de una Resolución Conjunta sobre derechos sexuales y reproductivos de adolescentes y jóvenes, información y acceso a los Servicios de Salud Sexual y Reproductiva, en la que se definan con precisión las funciones y acciones de cada uno de los órganos, organismos e instituciones involucrados: MINSAP, MINED, Ministerio de Educación Superior, Instituto Cubano de Radio y Televisión, Ministerio del Interior, Fiscalía General de la República, Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, entre otros.

***

Más rápido de lo que Claudia podía imaginar, los días de escuela cedieron paso a una rutina de quehaceres domésticos. El sueño de hacerse profesional de la salud se convirtió en la aspiración de terminar noveno grado y, luego, simplemente desapareció cualquier idea relacionada con estudiar.

«Cuando me casé, mi marido me dijo que, si quería, podía terminar la secundaria. Por lo menos mientras la barriga me dejara. Y yo fui un tiempo más, no recuerdo cuánto, pero me sentía incómoda, veía que la gente me estaba mirando de manera diferente y eso me daba vergüenza. Además, después de que pariera no iba a poder seguir porque tenía que cuidar a la niña, ¿qué sentido tenía entonces continuar en la escuela?».

Con nociones básicas que le había enseñado su mamá, su rutina se transformó en limpiar, lavar, aprender a cocinar, hasta que la niña nació y el agotamiento a veces solo le permitía llorar a la par de la bebé.

Cuando su hija tenía dos años y medio, ya caminaba y ella volvía a salir a la calle, quedó embarazada de nuevo. No había sido planificado, tenía el anticonceptivo puesto, aún así, no valoró interrumpirlo, pensó que lo mejor era tener uno detrás del otro. Su esposo no opinó.

Si el primer embarazo fue fácil, el segundo se convirtió en una situación grave.

«Empezó a subirme la presión. Querían ingresarme, pero yo no tenía con quién dejar a la niña. Ya cuando tenía como siete meses y pico era demasiado y me llevaron al hospital. La niña se quedó con mi mamá. Al final tuvieron que hacerme una cesárea de urgencia por la presión y casi me muero. Tuve un sangramiento muy grande. Estuve una semana en terapia. Y del tiro me ligaron». No había cumplido 16 años.

Ahora, con 22 y un par de hijos, una de nueve y uno de seis, intenta no darle muchas vueltas a lo que pasó. A veces piensa que si volviera atrás se protegería para no quedar embarazada, que hubiese sido mejor ser madre más tarde; otras, que es preferible haber pasado por todo joven.

Claudia dice que lo único que ocupa su mente es criar a sus niños, como ellos la necesitan, no ha intentado empezar a trabajar. «No creo que a mi marido le guste esa idea. Quizás más adelante, no sé», añade.

—Tienes una hija que casi entra en la adolescencia. ¿Te la imaginas en una situación similar a la que pasaste tú?

—Ah no, ¡eso sí que no! Cuando sea señorita yo le voy a hablar las cosas bien claras. No quisiera que le pasara lo mismo que a mí.

¹La historia de Claudia no por dura es menos real, su nombre fue cambiado para preservar su identidad, pero los hechos narrados son verídicos. Como ella, miles de adolescentes, algunas casi niñas, son madres en Cuba cada año. Para conocer más sobre las características de este fenómeno en nuestro país, puedes leer la primera entrega de esta serie de reportajes.

¹En la obtención de este testimonio fue crucial la colaboración de la periodista Arelis Alba.

*Esta serie es resultado de una tesis en opción a la licenciatura en Periodismo en la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Habana. Asimismo, es parte de las acciones comunicativas en homenaje al 50 aniversario del Centro de Estudios Demográficos de esta universidad.

Deja una respuesta

Por favor, inicia sesión con uno de estos métodos para publicar tu comentario:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Salir /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Salir /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Salir /  Cambiar )

Conectando a %s