Nuevamente suenan los tambores de la Guerra No Convencional de Estados Unidos contra Cuba, con la organización y financiamiento de una marcha contrarrevolucionaria por las calles del país el próximo 15 de noviembre. Forma parte de la misma operación político-comunicacional que tuvo su máxima expresión en los hechos del 11 de julio y que emplea como principal plataforma las redes sociales en internet.
¿Quién financia las acciones subversivas y a cuánto ascienden las sumas invertidas?
Recientemente el gobierno del presidente estadounidense Joe Biden solicitó al Congreso para su presupuesto de 2022 la cifra de 20 millones de dólares para los denominados programas dirigidos a «promover la democracia en Cuba», y casi 13 millones para las transmisiones ilegales de radio y televisión, mal llamadas Radio y TV Martí. Exactamente el mismo monto que para el 2021 solicitó la Administración de Donald Trump.
Desde 1996 y hasta el 2021, el Congreso norteamericano asignó alrededor de 404 millones de dólares para los programas de «democracia» [1] Estos fondos se han ejecutado a través del Departamento de Estado, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) y la Fundación Nacional para la Democracia (NED, por sus siglas en inglés).
Con la «Ley de Libertad y Solidaridad Democrática con Cuba», conocida como Ley Helms Burton de 1996, para provocar el cambio del sistema político y económico cubano, se internacionalizó el bloqueo y codificó los programas subversivos contra la nación, al establecer la obligación de otorgar financiamiento para su ejecución. En el documento se declaran abiertamente dos componentes fundamentales de su estrategia de Guerra No Convencional: la guerra económica y la guerra ideológica.
Desde entonces, cada gobierno estadounidense -sea republicano o demócrata- han empleado esos fondos, que como promedio se mueve entre los diez y 20 millones de dólares anuales. Los programas los opera bajo la Sección 109 de la Ley Helms-Burton, que «autoriza al Presidente a prestar asistencia y otros tipos de apoyo a personas y organizaciones no gubernamentales independientes en favor de los esfuerzos de democratización de Cuba».
A lo apuntado en la Sección 109, se le añade la Sección 115 donde se declaran «lícitas las acciones de inteligencia contra Cuba, para cumplir los propósitos del bloqueo». Por tanto, los millones de dólares invertidos para la subversión interna, no incluye los gastos de la Comunidad de Inteligencia contra Cuba, que se calcula también son millonarios.
Asimismo, desde 1984 y hasta el 2021, el Congreso estadounidense asignó cerca de 945 millones de dólares para las transmisiones ilegales de Radio y TV Martí. [2] Por tanto, si lo sumamos a los 404 millones invertidos en los programas «democracia», se puede asegurar que en los últimos 35 años el presupuesto del gobierno de Estados Unidos contra Cuba en materia de Subversión Política e Ideológica suma 1 349 millones de dólares, y si agregamos las partidas de la Comunidad de Inteligencia que tienen carácter secreto, se puede aseverar que los gastos ascienden a miles de millones de dólares para destruir la Revolución Cubana.
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