
El título III de la Ley Helms-Burton establece la autorización a nacionales estadounidenses a presentar ante tribunales de Estados Unidos demandas contra todo extranjero que «trafique» con propiedades estadounidenses que fueron nacionalizadas en Cuba en la década de 1960, en un proceso legítimo, como reconoció la Corte Suprema de Estados Unidos, llevado a cabo por el Gobierno cubano con pleno apego a la ley nacional y al Derecho Internacional





Debe estar conectado para enviar un comentario.