Otro peligroso paso: reforzar el criminal bloqueo contra #Cuba (Parte 1) |

Por Miguel Angel García Alzugaray

Es evidente que el gobierno norteamericano presidido por Donald Trump no sabe qué inventar para deteriorar aún más las maltrechas relaciones existentes entre los Estados Unidos y Cuba. Aconsejado por su mafioso compinche, el senador Marco Rubio y su guerrerista Asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, no hay un día que no trate de agredir a nuestra Patria con el iluso sueño de revertir el proceso revolucionario.

En este sentido, después del mayor ridículo con la burda patraña de los supuestos ataques sónicos contra diplomáticos estadounidenses en La Habana, que ahora renombrados científicos atribuyen nada menos que al canto de unos grillos, su última maquiavélica jugarreta ha sido amenazar, el pasado 16 de enero a través del Departamento de Estado de los Estados Unidos, con suspender solo por 45 días la aplicación del título III de la Ley Helms-Burton, “para realizar según expresaron una cuidadosa revisión… a la luz de los intereses nacionales de los Estados Unidos y los esfuerzos por acelerar una transición hacia la democracia en Cuba, e incluir elementos tales como la brutal opresión del régimen contra los derechos humanos y las libertades fundamentales y su inexcusable apoyo a los regímenes cada vez más autoritarios y corruptos de Venezuela y Nicaragua”.

Es de resaltar que el título III de la Ley Helms-Burton establece la autorización a nacionales estadounidenses a presentar ante tribunales de los Estados Unidos demandas contra todo extranjero que “trafique” con propiedades estadounidenses que fueron nacionalizadas en Cuba en la década de 1960, en un proceso legítimo, como reconoció la Corte Suprema de los Estados Unidos, llevado a cabo por el gobierno cubano con pleno apego a la ley nacional y al Derecho Internacional.

Entre las aberraciones más significativas de esta ley, dicho título extiende esta autorización a propietarios que no eran ciudadanos de los Estados Unidos al momento de producirse las nacionalizaciones y cuyas supuestas propiedades nadie ha certificado.

De esta forma, el gobierno del presidente Donald Trump amenaza con dar un nuevo paso que reforzaría, de manera peligrosa el bloqueo contra Cuba, violaría flagrantemente el Derecho Internacional y atacaría directamente la soberanía y los intereses de terceros países.

Como se subraya en la Declaración emitida al respecto por el MINREX el 17 de enero, “Cuba rechaza esa amenaza del modo más enérgico, firme y categórico. La asume como un acto hostil de extrema arrogancia e irresponsabilidad, a la vez que repudia el lenguaje irrespetuoso y calumnioso del mensaje público del Departamento de Estado”.

Las nacionalizaciones cubanas: un legítimo acto de independencia y soberanía

Como es sabido, la Revolución Cubana nacionalizó las empresas norteamericanas a fines de 1960 y, como consecuencia de esta medida, comenzó a avanzar paulatinamente hacia el Socialismo. En esos momentos Cuba se enfrentaba a constantes amenazas emitidas por el imperialismo norteamericano, sin embargo, las masas populares tenían plena confianza en el programa revolucionario.

Esa voluntad de independencia económica, la poseía el país, desde la década de 1930, momento en que los revolucionarios cubanos se habían trazado, entre sus objetivos de lucha por la emancipación nacional. Así lo reflejaron en sus programas y proyectos tanto el primer Partido Comunista, como la Joven Cuba.

Antonio Guiteras había alertado en su articulo Septembrismo, publicado en la revista Bohemia el 1 de abril de 1934, que todo movimiento o partido en la Isla, para considerarse revolucionario, tenía que ser necesariamente antiimperialista.

Inmediatamente luego del Triunfo de la Revolución, y antes de que arreciaran las agresiones de los Estados Unidos, Fidel afirmaba que el enfrentamiento con el capital extranjero:

“(…) era el camino correcto de un pueblo que quisiera liberarse (…) que las industrias sen de la nación; y la nación pague con su producción; pero que las empresas sean nacionales, que el país no tenga que estar dependiendo de la voluntada de amos extranjero. Que el amo de sus riquezas sea el país, porque no se concibe que un país libre, cuya economía es economía de extranjeros”.

En plena correspondencia con las ideas de Fidel, el Che subrayó semanas después, en una comparecencia televisiva:

“Nuestro camino hacia la liberación nacional está dado por la victoria sobre los monopolios y sobre los monopolios norteamericanos concretamente”.

El diferendo petrolero

Durante décadas, tres empresas foráneas (ESSO, Texaco y Shell), asumían la importación, refinación y el suministro de combustible en Cuba. Transportaban el Petróleo en sus barcos desde pozos de su propiedad y se lo vendían al Estado cubano a casi tres dólares el barril. Luego el Estado les pagaba por la refinación y la producción de derivados, los que eran vendidos luego, en la red de gasolineras de esas trasnacionales.

Por órdenes del gobierno de los Estados Unidos, las compañías limitaron la importación y refinación para provocar una escasez artificial en nuestro país. Sucedió entonces que Cuba adquiría petróleo en Venezuela, sin embargo, las empresas yanquis se rehusaron a alquilar sus supertanqueros.

En el primer convenio comercial con la URSS, el estado soviético se comprometió a vender petróleo a Cuba, a poco más de dos dólares el barril y transportarlo. Entonces las trasnacionales estadounidenses se negaron a refinarlo, con lo que violaban el articulo 44 de la Ley de Minerales y Combustibles (en vigor desde el 9 de mayo de 1938). Esta ley estipulaba la necesidad de procesar el petróleo crudo que les fuera suministrado por el Estado cubano.

Desde Washington se alzaron voces prepotentes profiriendo amenazas de reducir o eliminar la cuota cubana, en el mercado azucarero norteamericano, si el gobierno revolucionario aplicaba con rigor la legislación. Fidel respondió:

“Nos quitarán las cuotas, ¡pero con las cuotas que nos quiten tendrán que acabarse de arrancar la careta de explotadores y enemigos de la humanidad!, nos quitarán las cuotas, ¡pero con las cuotas tendrán que arrancarse para siempre la simpatía del pueblo de Cuba!, nos quitarán las cuotas, ¡pero con las cuotas no podrán quitarnos la vergüenza y la dignidad con que estamos dispuestos a morir en nuestra tierra”

Aún así persistieron en su actitud y el 28 de junio de 1960, de acuerdo con la Resolución 166 del gobierno revolucionario, se intervino la planta de Texaco, en Santiago de Cuba. Tres días después, corrieron igual suerte en La Habana, las instalaciones de la ESSO y la angloholandesa Shell.

En respuesta, Estados Unidos promulgó la tristemente célebre Ley Puñal, con la cual redujeron la cuota azucarera cubana al mercado norteamericano. El 5 de julio de 1960, Cuba replicó mediante la Ley Escudo, que facultaba al presidente y primer ministro de la República, a nacionalizar empresas y bienes foráneos por la vía de la expropiación forzosa, garantizando su correspondiente indemnización.

Cuatro días después, el líder soviético, Nikita Jruschov, anunció, en un mensaje solidario a Fidel, que su país estaba dispuesto a comprar todo el azúcar cubano, que Estados Unidos no comprara.

Al clausurar el I Congreso Latinoamericano de Juventudes, en el Estadio del Cerro, (hoy llamado Estadio Latinoamericano), durante la noche del sábado 6 de agosto de 1960, Fidel anunció la nacionalización de 26 compañías yanquis que poseían tres refinerías de petróleo, los monopolios de la electricidad y del teléfono, así como 36 de los mejores centrales azucareros del país, cuya producción abarcaba el 36 % del total nacional y un volumen similar a lo elaborado entonces por Hawai y Puerto Rico.

Las nacionalizaciones de 1960 tenían obviamente un marcado carácter antimperialista, pero no eliminaban la propiedad privada, la burguesía cubana, lejos de verse afectada, estuvo en mejores condiciones de desarrollar una producción nacional al librarse de la desleal competencia de los monopolios norteamericanos. En ocasiones se le brindó apoyo por parte del sector estatal, robustecido por la recuperación de los bienes bajo la antigua posesión de la tiranía batistiana, y su reciente control de las empresas foráneas expropiadas.

Respuesta del pueblo

Desde horas tempranas el 17 de agosto de 1960, numerosas personas se concentraron ante el edificio de la Cuban Telephone Company, en la capitalina calle Dragones. Auxiliándose de una escalera, un obrero retiraba todo letrero alusivo a la transnacional. Otros trabajadores despojaban de las paredes los afiches de Tonito Rin Rin, logo utilizado para la publicidad por esa firma. En la calle, los ciudadanos portaban carteles que transmitían el júbilo del pueblo cubano por las recientes nacionalizaciones de las empresas yanquis.

A esa misma hora, en el edificio principal de la Cuba Electric Company (Cubaneleco), ubicado en la calle Carlos III, funcionarios del gobierno revolucionario hacían efectiva la nacionalización.

Ante el Palacio de los Trabajadores (actual sede de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), se congregaron muchas personas que representaban los intereses de las masas populares. Varios ataúdes, que representaban a diversos monopolios expropiados, a los que seguían actores y actrices disfrazados de llorosas viudas, fueron cargados en hombros. La muchedumbre se dirigió hacia las calles Carlos III, continuó por Reina y luego por Prado.

En el Capitolio Nacional aguardaba otra multitud, hasta el Malecón habanero, los cuales exclamaban: “Hay Fidel para rato (…)”. Allí se mencionaban cada una de las compañías yanquis expropiadas (ESSO, United Fruit Company, Texaco, Manatí Sugar Company y otras) y un coro gigantesco replicaba al unísono: “¡Se llamaba!”.

Al respecto, es conveniente profundizar en el análisis de la incuestionable legalidad y legitimidad de las nacionalizaciones aplicadas por la Revolución cubana.